¿Por qué Panamá necesita una ley antibotellas?
29 de septiembre de 2025
Exclusivo para Contrapeso
El Código Penal de la República de Panamá sanciona en el artículo 349 una de las conductas más comunes de la cultura política panameña: “las botellas”. Sí, ser botella es un delito, pero la pena de este crimen en verdad es irrisoria, por lo que el delito se quedó en el papel. El texto del artículo 349 dice así:
“Artículo 349. El servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio al cual ha sido designado, sin causa justificada, será sancionado con ciento cincuenta a trescientos días-multa o trabajo comunitario.”
Según esta redacción, una persona culpable del delito de ser botella tendría como sanción la obligación de pagar hasta “300 días-multa”. Aunque la fórmula de día-multa es un poco compleja, simplifiquemos diciendo que puede equivaler al 50% del ingreso diario de una persona. Si el funcionario ganaba 600 dólares mensuales, el ingreso diario equivale a 20 dólares y el día-multa sería igual a 10 dólares. Una buena botella de 3 mil dólares al mes pagaría 50 dólares por cada día-multa.
Así que, tal y como está la norma en el artículo 349, es un incentivo para ser botella, y obviamente para embotellar servidores públicos. En comparación, los delitos de injuria y calumnia tienen una pena de 6 a 12 meses de cárcel y de 12 a 18 meses de reclusión penitenciaria, respectivamente.
La propuesta de la diputada Prado
La diputada Janine Prado, del colectivo Vamos, contenida en el Proyecto de Ley 408, aumenta la pena del artículo 349 hasta 8 años de cárcel si la lesión patrimonial es mayor de los 50 mil dólares. Por ejemplo, una botella de mil 500 dólares al mes necesitaría de 33 meses y un tercio para alcanzar los 50 mil dólares.
Además de establecer una verdadera pena de cárcel para las botellas, el Proyecto de Ley 408 crea un nuevo delito con el artículo 349-A que dice así:
“Artículo 349-A. El servidor público que, sin causa justificada, realice un nombramiento para un cargo público con el fin de que la persona no preste el servicio para el cual fue designado o para que no preste servicio en lo absoluto, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. La pena será de seis a diez años cuando el servidor público que realice el nombramiento de una persona lo haga con el fin de percibir una parte de su salario.
La pena será de seis a diez años cuando la lesión patrimonial al Estado supere los cincuenta mil balboas…”
Lo anterior significa que, por primera vez en la historia republicana de este país, al servidor público que embotella le puede caer la teja, y si hay “cash back” la pena puede ser de hasta 10 años de prisión. La pena de prisión para ambos delitos tendría una importante reducción si la persona devuelve el monto de la lesión patrimonial antes de la apertura del juicio oral. La norma así propuesta es un salto cuántico frente a la realidad que tenemos. Quizás faltó incluir como una pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, tanto de la botella como del embotellador. A pesar de estas limitaciones, la iniciativa es un paso firme en dirección hacia la transparencia.
La naturaleza de la crisis
Según datos de la Contraloría General de la República, para abril del año 2025, Panamá tenía 256 mil 750 servidores públicos. Para esa misma fecha, el total de la población ocupada en el país era de 1 millón 965 mil 593 personas. Esto equivale a que aproximadamente el 13% de las personas ocupadas en Panamá son servidores públicos. El promedio de América Latina y el Caribe es del 10%. En el caso de Chile, la cifra es de 4.7%, es decir, que Panamá tiene más de 8 puntos porcentuales de servidores públicos por encima del país sudamericano.
El problema es más grave que las botellas o los cash back. Años atrás, se podía saber quiénes eran botellas en una institución pública porque debían presentarse a recoger los cheques los 15 y los 30 de cada mes. Desde agosto de 2022, la Contraloría General de la República de Gerardo Solís empezó a pagar a todos los servidores públicos por vía de acreditación bancaria. Aunque es obvio que este sistema es más seguro y barato para el Estado y para el servidor público, las botellas quedaron invisibilizadas, porque ya ni siquiera tenían que ir a retirar sus cheques.
Más allá de las botellas, hay servidores públicos que no tienen la preparación y carecen de la motivación mínima para su trabajo. Otros más deben trabajar en circunstancias precarias y con serias limitaciones de infraestructura, tecnología y capacidad para desplazarse. Existe una pequeña camarilla de funcionarios como los cónsules de marina mercante y los notarios, que son botines de los padrinos políticos o de empresarios que aportaron a las campañas electorales, y que luego cobran el favor con estos cargos.
La iniciativa de la diputada Prado, de convertirse en Ley, abrirá una caja de Pandora de denuncias y señalamientos por parte de compañeros de trabajo, vecinos, copartidarios y otros que tendrán su hacha que amolar. Si el fenómeno de las botellas, que es más viejo que la propia República, logra ser reducido con esta medida, existirá la oportunidad para profesionalizar al servicio público y que, de una vez por todas, los nombramientos de los funcionarios dejen de ser un trofeo para convertirse en la distinción que merece este país.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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