El proyecto de ley 408 aumenta las penas del delito de ser funcionario público sin prestar servicio alguno, y crea un nuevo delito, que corresponde a aquel funcionario público que nombra a otro que no va a trabajar. La iniciativa pinta de cuerpo entero a la sociedad panameña y representa quizás la medida más radical para poner orden en el funcionariado del Estado panameño.

El presidente José Raul Mulino vetó el proyecto de ley 168 que hacía opcional el examen de barra para los abogados panameños y que ofrecía otras alternativas para obtener la idoneidad para practicar el derecho en Panamá. El veto del presidente Mulino es una potestad constitucional que tiene el mandatario, pero el mismo no es absoluto, ya que tiene límites según la clase de veto usado por el presidente.

La resolución del Tribunal Electoral, y la posterior decisión de La Corte Suprema de Justicia que le permitió correr en las elecciones presidenciales a José Raúl Mulino sin vicepresidente dieron con el origen de un gobierno incompleto.