Propuesta PROACTIVA: Reformas que solo funcionan con la ciudadanía activa
23 de septiembre de 2025
Exclusivo para Contrapeso
En Panamá hablamos mucho de leyes, pero poco de cómo hacer que funcionen. Hemos acumulado normas en materia de transparencia, integridad y anticorrupción que, aunque valiosas, no siempre han logrado su cometido. La diferencia entre un texto que existe y uno que produce resultados concretos suele ser apenas un puñado de palabras bien escogidas y, sobre todo, la voluntad de que se apliquen. De allí surge la propuesta, nombre que no es casualidad. Es el acrónimo de:
Propuesta de Reformas Operativas Anticorrupción para la Contratación, Transparencia, Integridad y Vigilancia Activa.
En otras palabras: un paquete de cambios legales precisos que buscan mover del discurso a la práctica.
La lógica es simple: si ajustamos con precisión algunos engranajes, el sistema entero funciona mejor.
La propuesta incluye cinco ejes:
Primero, mejorar el Registro de Beneficiarios Finales, ampliando el acceso controlado a instituciones clave como la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción o la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esto permitiría detectar vínculos indebidos entre contratistas y funcionarios y seguir la ruta del dinero sospechoso, cumpliendo además con estándares internacionales.
Segundo, las declaraciones patrimoniales e intereses deben dejar de ser formularios olvidados. Con plataformas digitales interoperables y alertas ante variaciones injustificadas, estas declaraciones se convierten en un verdadero mecanismo de control. Y si además se publican informes agregados anuales, se refuerza la confianza ciudadana en la integridad de quienes ejercen funciones públicas.
Tercero, el conflicto de intereses no puede quedar en sanciones internas de papel. Debe existir acceso a la Sala Tercera de la Corte Suprema para que cualquier ciudadano u organización pueda impugnar decisiones adoptadas en condiciones dudosas. Esto democratiza el control institucional y desincentiva el abuso de poder.
Cuarto, la colaboración eficaz debe regularse con claridad. No se trata de premiar a quien delató a sus socios, sino de fijar reglas estrictas: devolución de lo apropiado, cumplimiento de condiciones y sistemas de integridad antes de volver a contratar con el Estado. La experiencia comparada en Perú, Colombia y Brasil muestra que este modelo puede funcionar sin caer en impunidades.
Quinto, y no menos importante, está el compliance en el sector privado. Si se establece como requisito en contrataciones y como posible eximente penal, se crea un incentivo poderoso: quien actúa de buena fe y demuestra sistemas efectivos de cumplimiento no debe cargar con la misma responsabilidad que quien se organiza para delinquir.
Estas propuestas comparten una idea central: no basta con redactar normas, hay que usarlas. La experiencia panameña y comparada nos enseña que el papel lo aguanta todo, pero la realidad no. Reformas de este tipo pueden escribirse en cien palabras, pero su impacto depende de que se apliquen. Y aquí radica el mensaje clave: la ciudadanía es la que debe crear la presión suficiente para que se implementen.
Los políticos responden a incentivos. Si no perciben un costo político por no actuar, seguirán como hasta ahora. Si sienten que la sociedad civil está atenta, vigilante y activa, entonces el cálculo cambia. En democracia, la rendición de cuentas no se delega: se ejerce.
La historia reciente lo confirma. La Ley de Transparencia de 2002, la de Contrataciones Públicas de 2006, la del Registro de Beneficiarios Finales de 2020 o la de responsabilidad penal de personas jurídicas de 2019 fueron posibles porque distintos momentos políticos coincidieron con presión ciudadana. Hoy necesitamos repetir esa fórmula.
PROACTIVA no es una varita mágica ni la solución definitiva. Es el primer paso de un trabajo continuo. Después de aprobar ajustes legales, lo más desafiante empieza: que las instituciones los apliquen, que los tribunales los respalden y que la sociedad los use. Una norma que duerme en el papel no cambia la realidad. Una norma activada por ciudadanos informados y exigentes, sí.
En resumen: Panamá no necesita más discursos, sino voluntad de aplicar lo que ya existe, mejorado con ajustes inteligentes. Pero la clave está en nosotros, los ciudadanos. Solo con nuestra intervención activa se crea el incentivo real para que la política deje de ser retórica y se convierta en acción. Y esa es la apuesta de PROACTIVA: reformas posibles, prácticas y útiles, pero que solo cobran vida cuando la ciudadanía se levanta a exigirlas.
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Por: Carlos Barsallo
Abogado
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