$13 mil al mes por tratamiento VIP para la construcción del Cuarto Puente
15 de septiembre de 2025
Exclusivo para Contrapeso
Jorge González, exministro de la Presidencia, mano derecha del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), nombrado en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), apenas seis meses después le ofreció a la constructora china CHEC —una de las empresas responsables del Cuarto Puente sobre el Canal— convertirse en su consultor a cambio de 13 mil dólares mensuales
La propuesta en papel
González (cuyo nombramiento ya había sido objeto de una demanda de inconstitucionalidad y advertencias del Procurador de la Administración) le escribió una carta al representante de CHEC, identificado únicamente como “Mr. Chen”. La misiva levanta sospechas desde el primer párrafo: Agradece la “fructífera” reunión sostenida el día anterior y recalca que lo importante es “actuar lo antes posible”.
La carta no menciona el nombre de pila del señor Chen. Sin embargo, medios internacionales han identificado a un Weinju (o Wenju) Chen como alto representante de CHEC en la región. Una investigación del medio digital El Deber (Bolivia) lo ubica como responsable del Departamento Financiero de CHEC y de su filial “Second Highway”, en donde firma cheques millonarios, endosados a terceros, y usando intermediarios para pagos sospechosos.
No hay confirmación oficial de que se trate de la misma persona a la que González dirigió su oferta, pero la coincidencia añade más pistas sobre la contraparte involucrada.
De inmediato, González propone su fórmula: Convertirse en coordinador general de una “sala de crisis” (“situation room”) para atender el proyecto del Cuarto Puente, con cuatro tareas principales:
1. Diagnosticar semanalmente el estado del proyecto: diseño, contratistas, presupuesto, relaciones públicas, aspectos legales y personal.
2. Detectar dificultades del consorcio y proponer “soluciones inmediatas”.
3. Activar contactos en el Ejecutivo y Legislativo para “agilizar procesos”.
4. Analizar riesgos políticos, geopolíticos, sociales y legales que pudieran afectar la obra.
El objetivo, según González (que también fue noticia por un proceso judicial por una deuda bancaria de 1.8 millones de dólares), era “fortalecer la capacidad de ejecución y respuesta del consorcio” y resolver “inmediatamente” cualquier traba. Y que CHEC quedara al frente del proyecto como prueba del poderío de la empresa y de la República Popular China. A cambio: 13 mil dólares al mes renovables por un año.
Esta es la carta en la que González formaliza su propuesta a la empresa.
El marco legal
La jugada no era un detalle menor. La Ley Orgánica de la ACP, en su artículo 20, prohíbe expresamente a los directores participar en negocios privados que generen conflicto de interés. Y la Constitución establece que la vía interoceánica debe administrarse con independencia de influencias políticas o comerciales. Conviene precisar que el Cuarto Puente no es una obra del Canal, sino del Ministerio de Obras Públicas. Pero cualquier infraestructura que pase por las aguas del Canal —como este puente, por ejemplo— necesita un permiso de compatibilidad de la ACP para construirse. De ahí que sus directivos deban mantenerse libres de vínculos privados con los contratistas de este tipo de proyectos. O excusarse por conflictos de interés.
La triangulación
Aunque la carta llevaba el membrete de su despacho personal, lo que siguió fue un contrato firmado el 26 de octubre de 2019, entre CHEC y la empresa Educación Intelectual Panamá, S.A., representada por Yolanda G. Guandique González. Allí se detallaban los mismos puntos de la propuesta y la misma tarifa mensual.
El detalle extraño: la sociedad Educación Intelectual Panamá se presenta como una firma dedicada a lectura comprensiva, motivación, liderazgo y crianza positiva. Nada que ver con megaproyectos de infraestructura.
Tres años después –en julio de 2022– Guandique certificó ante el Banco General que Jorge González había prestado servicios a su empresa como asesor comercial, con ingresos de 5 mil 498 dólares en 2021. ¿Confirmación tardía de la relación contractual?
En esta carta Guandique confirma los servicios de González.
Esta es la firma del acuerdo suscrito entre las partes.
Esta carta confirma que la carta de González y el acuerdo con la empresa establecen la misma tarifa.
Cronología del caso
Julio 2018: El Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudica a CHEC y CCCC el contrato para la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal.
Abril 2019: González entra a la Junta Directiva del Canal.
Octubre 2019: CHEC firma contrato con la sociedad Educación Intelectual Panamá, representada por Yolanda G. Guandique González.
Julio 2022: Guandique certifica que González prestó servicios a su empresa.
Marzo 2023: González es conminado en EU a responder preguntas sobre sus vínculos con China y su rol en las relaciones diplomáticas.
Noviembre 2023: La ACP otorga al MOP el permiso de compatibilidad para construir la obra.
Febrero 2025: Se trata de Carlos Giménez, quien recientemente afirmó en un canal de televisión estadounidense que tienen “evidencia” de que algunos miembros de la junta directiva del Canal recibieron pagos de China. Sin embargo, no mencionó nombres ni presentó pruebas.
Junio 2025: La Presidencia confirma el nuevo costo del Cuarto Puente: 2,137 millones de dólares, un sobrecosto del 50.5% frente al presupuesto original.
Sobre el proyecto
Este proyecto consiste en una infraestructura que transformará la movilidad de más de dos millones de personas y que representa uno de los mayores compromisos económicos del país.
A junio de 2024, la obra tenía un avance de apenas el 21.23% y generaba 1,077 empleos directos, cifra que podría llegar a 3,000 en la etapa más intensa. El puente será de tipo atirantado, de 965 metros de longitud, con viaductos y cuatro túneles, y su entrega está prevista para agosto de 2028, con una inversión de 2,137 millones de dólares.
Según el presidente José Raúl Mulino, el gobierno anterior provocó un perjuicio de más de 1,800 millones de dólares al cambiar sin planificación el concepto original. Recordó que la promesa era ahorrar entre 500 y 600 millones de dólares, pero el país terminó gastando mucho más.
CHEC, un patrón repetido
CHEC y su matriz CCCC han sido señaladas en varios países: en Sri Lanka, la construcción del puerto de Hambantota terminó en un elefante blanco: el gobierno, incapaz de pagar la deuda con China, tuvo que entregar el puerto en concesión a una empresa estatal china por 99 años. En Kenia, el tren rápido entre Nairobi y Mombasa —también financiado y construido por CCCC— quedó marcado por sobrecostos millonarios y sospechas de corrupción. Y en Jamaica, sus contratos para carreteras fueron cuestionados por la falta de transparencia y condiciones poco ventajosas para el Estado.
Las reacciones
Consultado, González no negó la relación contractual. Argumentó que:
El cuarto puente es responsabilidad del MOP y del Gobierno Central, no de la ACP, con lo cual sugiere que no había conflicto de interés.
Consultó “inmediatamente” al fiscalizador de la ACP —Antonio Domínguez— quien le confirmó que no existía conflicto.
Dijo que nunca violó la Ley ni el reglamento de la ACP, e informó a la Junta Directiva cada vez que se le preguntó.
No participó en la apertura de relaciones diplomáticas con China ni en la licitación del Cuarto Puente.
“Soy un orgulloso ciudadano al servicio de mi país”, concluyó.
Domínguez, fiscalizador general en ese periodo, respondió a esta investigación: “No tengo posibilidad de responder este ni ningún otro tema de carácter confidencial que haya conocido como fiscalizador general”.
El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, y el ministro del Canal, José Ramón Icaza, fueron consultados, pero no respondieron.
Lo que está en juego
Consultorías privadas con constructoras no son ilegales en sí mismas. El problema es el cliente: un directivo del Canal que ofreció sus servicios a un contratista encargado de construir el megaproyecto más costoso del Ministerio de Obras Públicas, con la promesa de agilizarle trámites y abrir puertas en el Ejecutivo y el Legislativo.
¿Eso es asesoría o es influencia política puesta en alquiler? ¿No es eso, en el fondo, tráfico de influencias? Una cosa es asesorar y otra cosa muy distinta es abrir puertas y agilizar procesos. ¿Qué era lo que en verdad ofrecía González a los chinos? ¿Por qué no ofrecer sus servicios con su nombre y apellido en vez de utilizar una sociedad para triangular su contrato? ¿Por qué usar de intermediario una empresa de coaching educativo? ¿Qué escondía Jorge González?
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Por: Flor Mizrachi
Periodista
