Las renuncias del gobierno de Mulino
27 de septiembre de 2025
Exclusivo para Contrapeso
En el último mes se han registrado tres renuncias en la administración de José Raúl Mulino. No destituciones: “renuncias”. El 17 de septiembre de 2025, el subcontralor general Elí Felipe Cabezas Justavino dejó el cargo alegando motivos personales y familiares. Un día después, el 18 de septiembre, la hepatóloga Julissa Lombardo Quezada renunció a su puesto en la Caja de Seguro Social, denunciando falta de insumos, un ambiente laboral hostil y presiones indebidas en la Ciudad de la Salud. Y el 26 de septiembre, el director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), Alberto Paz-Rodríguez, presentó su dimisión con efecto inmediato.
Con estas salidas recientes, suman once los funcionarios que han renunciado desde julio de 2024, cuando arrancó el actual gobierno.
La primera renuncia se produjo el 7 de octubre de 2024, cuando el entonces director del Servicio de Protección Institucional (SPI), Jaime Trujillo, presentó su dimisión irrevocable. Su salida ocurrió tras pocos meses en el cargo y fue justificada únicamente en términos personales; el gobierno no ofreció más explicaciones.
Poco después, el 18 de noviembre de 2024, el director regional de la ANATI en Bocas del Toro, Félix Sánchez, renunció tras un escándalo mediático conocido como el “caso de la bata”. El hecho se originó por fotografías que circularon en redes sociales donde aparecía portando una bata oficial en circunstancias cuestionadas, lo que generó críticas y presión pública.
El mes de diciembre de 2024 sumó dos bajas más. El 2 de diciembre, el gobernador de la comarca Guna Yala, Elizandro Hernández Morales, dejó el cargo tras diferencias con la ministra de Gobierno. En entrevistas posteriores explicó que había tenido fricciones en la coordinación de políticas y en el manejo de recursos para la comarca. El 16 de diciembre, el director del IFARHU, Jaime Alberto Díaz Jaén, presentó su renuncia en carta fechada y recibida ese mismo día, en medio de cuestionamientos por la asignación de becas y programas de ayuda estudiantil.
En 2025, las salidas comenzaron en abril. El 15 de abril, el vicecanciller Carlos Ruiz Hernández presentó su renuncia en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Su salida coincidió con la firma de un memorándum de entendimiento con Washington, que provocó críticas por supuestos riesgos a la soberanía panameña y generó roces dentro de la Cancillería. Días después, el 24 de abril, el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge Luis Ábrego, formalizó su renuncia, publicada en Gaceta Oficial, luego de semanas de señalamientos sobre irregularidades en trámites de licencias y gestión interna.
El 10 de junio de 2025, fue el turno de Roberto Barría Stanziola, gerente del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), quien presentó su dimisión. Su renuncia se dio en medio de críticas al desempeño de la entidad y reclamos de productores agropecuarios por atrasos en desembolsos de préstamos y apoyos estatales.
A finales de julio, el 30 de julio de 2025, renunció el secretario nacional de Energía, Juan Manuel Urriola, en medio del debate por biocombustibles y discrepancias sobre concesiones eléctricas. Su salida ocurrió mientras se discutía la obligatoriedad de la mezcla de etanol con gasolina y se cuestionaban las concesiones otorgadas por la ASEP en generación eléctrica, temas que enfrentaron a sectores empresariales y políticos.
Ya en septiembre, llegaron tres renuncias consecutivas: la del subcontralor Cabezas Justavino (17 de septiembre), la de la doctora Julissa Lombardo (18 de septiembre) y la del director de la APA, Alberto Paz-Rodríguez (26 de septiembre). De los tres, solo Lombardo explicó en detalle sus motivos.
Una revisión caso por caso confirma que 9 de las 11 renuncias se anunciaron sin explicaciones claras: en la mayoría, los funcionarios alegaron únicamente “motivos personales” o no hicieron pública ninguna razón, y las instituciones tampoco ofrecieron mayores detalles. Solo dos —el exgobernador de Guna Yala, Elizandro Hernández, y la doctora Julissa Lombardo— expusieron motivos específicos. Esto sustenta que, en la práctica, el Ejecutivo rara vez brinda información detallada a la ciudadanía sobre las causas de estas salidas
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Por: Flor Mizrachi
Periodista
