Al borde del Estado fallido
8 de Octubre de 2025
Exclusivo para Contrapeso
El presupuesto general del Estado panameño no soporta una gotera más. Ya son al año más de $8 mil millones en pagos de intereses y capital de la deuda pública, $109.1 millones para las jubilaciones especiales solamente de los miembros de la Fuerza Pública, $98 millones para una Asamblea Nacional que no puede justificar semejante despilfarro; además, según nota que recibí el 1 de febrero de 2021 del entonces ministro del MEF, había 148,739 funcionarios en la planilla estatal sujetos a leyes especiales, cuya erogación en aquel año fue de $2,281,264,630.00 (arriba de los $2 mil millones).
La Caja de Ahorros les está aprobando dietas a sus directores por más de $533 mil, a razón de $76 mil al año para cada uno de ellos. El Órgano Judicial les paga a sus 6,800 funcionarios, en los próximos tres años, poco más de $5 millones anuales en pólizas de vida y de salud, que equivalen a más de $700.00 por cada beneficiario.
Estamos ante una polémica por el costo de $7 millones para una villa diplomática, calificada como “monumento histórico”, mientras que las ruinas coloniales de La Mitra y de Bique en Chorrera y Arraiján se deshacen a pedazos en medio del abandono estatal.
Agreguemos que este año, a pesar de no estar llegando a la meta en los ingresos presupuestados en 2025, para 2026 no solo seguimos elevando ese rubro, sino que tendremos que pagar ahora todos los años, frente a la nueva ley del seguro social, más de $900 millones al fondo de jubilaciones.
Seguimos con los problemas de falta de agua, abundante basura, escaso mantenimiento en hospitales (rotura de tuberías y elevadores dañados), escuelas en mal estado, en fin, pero pretendemos construir un tren Panamá/David y un hospital de mascotas.
Este gobierno heredó el peor Estado recibido, por lo menos desde el retorno de la democracia, donde el contexto de ineficacia, incapacidad y corrupción superó cualquier anomalía de gobiernos pasados. Tuvimos entre 2019-2024, por lo menos, los peores presidente, contralor, ministro del MEF y alcaldes de los distritos más poblados. Las siete plagas nos cayeron encima con Laurentino Cortizo a la cabeza.
Pero en más de un año del presente gobierno, frente a las buenas intenciones y la mejor imagen, ya no podemos estar dependiendo de si incluimos o no en el presupuesto las partidas requeridas para lo más necesario e importante, sea por desconocimiento, negligencia o ineficiencia. Lo que, además, nos obliga a solicitar procedimientos excepcionales a la carrera por la emergencia que involucra, sin haber sido refrendados los contratos por el Contralor, y que al final terminan pagándose al margen de la legalidad.
Mientras continúe la improvisación institucional de reaccionar frente a la tragedia, seguiremos de tumbo en tumbo. Llegó el momento de despertar institucionalmente y entender que administrar el Estado va mucho más allá que justificar el deterioro como “gajes del oficio” o, peor, porque “esas cosas pasan”. Bajo esta premisa tenemos al Estado fallido, a punto de alcanzarnos.
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Por: Julio E. Linares Franco