El debate no empezó con los Bingos Nacionales. Empezó, hace unas semanas, con el Ministerio de la Mujer. Y cuando se habló de cerrarlo, apareció la respuesta para desviar la discusión: “entonces cierren primero los Bingos”.

Y no. La respuesta no es escoger. Es dejar de sostener estructuras que no funcionan. El problema no es cerrar instituciones. Es seguir financiándolas cuando ya demostraron que no cumplen su propósito y sobreviven más por inercia política que por resultados.

En teoría, los Bingos Nacionales existen para generar recursos destinados a fines sociales. El Estado no solo autoriza el juego: lo opera directamente, organiza los sorteos, administra los locales, contrata personal y asume todos los costos del negocio.

En buen panameño: se les da plata para ayudar y se la gastan antes de ayudar.

Hoy operan apenas tres salas —dos en la ciudad de Panamá y una en Colón— con una estructura de alrededor de 37 funcionarios, según sus propias memorias institucionales.

No hay información pública clara sobre cuántas personas juegan, quiénes juegan ni con qué frecuencia. Tampoco hay evaluaciones recientes de impacto. El Estado opera un negocio de azar sin decir —o sin saber— quiénes son realmente sus clientes.

En la práctica, eso implica planilla, gerencia, logística, locales, equipos y gastos fijos permanentes para organizar bingos presenciales los fines de semana. Es decir: el Estado funcionando como operador directo de un negocio pequeño, presencial y deficitario.

Los pocos reportes periodísticos describen un público compuesto mayoritariamente por adultos mayores y jubilados que asisten más por costumbre social que por expectativa real de ganancia. No hay estadísticas oficiales recientes ni segmentación socioeconómica. El Estado es árbitro y jugador al mismo tiempo. Y juega mal.

Conviene aclarar algo que suele mezclarse: la Lotería Nacional es un operador estatal de gran escala que, con todos sus problemas conocidos, genera excedentes y los transfiere a fines sociales. La Junta de Control de Juegos regula y fiscaliza al sector privado, cobra licencias y permisos y no asume riesgos comerciales. Los Bingos Nacionales, en cambio, no regulan ni supervisan: operan un negocio pequeño con estructura pública permanente y sin generar excedentes. No es lo mismo regular, operar con retorno que operar perdiendo plata.

En 2023, el Estado destinó cerca de $1 millón al programa y los ingresos rondaron los $325 mil. La pérdida superó los $600 mil. Un programa creado para “generar fondos” que necesita subsidio permanente no cumple su razón de ser.

Antes de que un solo dólar llegue a una causa, ya se fue en planilla, alquileres, logística y administración.

El malestar no es ideológico. No se trata solo de que los Bingos pierdan plata, sino de cómo operan: costos fijos elevados, estructura sobredimensionada y demanda real mínima. A eso se suman señalamientos reiterados por manejo poco transparente y uso discrecional de recursos, mencionados en la Asamblea, en informes y en medios, sin que eso derive en una reforma de fondo.

Con lo que se pierde cada año en los Bingos, el Estado podría financiar atención directa y verificable a albergues, programas de apoyo a adultos mayores o personas con discapacidad, sin estructuras paralelas. Pero no lo hace.

Si el objetivo fuera ayudar causas sociales, el camino sería obvio: asignaciones directas, criterios claros y auditoría pública. Todo lo demás es conveniencia política.

El caso del Ministerio de la Mujer tampoco puede quedar fuera del debate. La causa es legítima. La pregunta es si la estructura y el uso del presupuesto son proporcionales a resultados medibles.

Cuando el Inamu se convirtió en ministerio, el presupuesto aumentó de forma abrupta. La expansión institucional fue inmediata. Los indicadores claros y verificables de impacto no llegaron con la misma contundencia.

Para 2025, el propio ministerio solicitó un presupuesto significativamente mayor al aprobado, y una parte importante se destinó a funcionamiento. En el presupuesto 2026, la mayor parte del monto asignado se concentra en sostener la operación, sin recursos destinados a inversión. Mucho andamiaje. Poco margen para cambiar la realidad que se supone vino a atender.

Tras años de crecimiento presupuestario, el resultado concreto es una institución que consume recursos para operar, pero con limitada capacidad demostrable de ampliar o mejorar su intervención.

¿Qué cambió, de forma medible y verificable, desde que existe el ministerio?

Bingos Nacionales y el Ministerio de la Mujer comparten el mismo vicio del Estado: estructuras costosas que se defienden más por lo que simbolizan que por lo que demuestran. Una pierde dinero de forma directa. La otra absorbe millones sin que se evidencien impactos acordes.

Cerrar no es una locura.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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