La Universidad Autónoma de Chiriquí salió ayer a desmentir el rumor de que su rectora, Etelvina de Bonagas, había renunciado.

Lástima, porque hace rato ha debido hacerlo. Por vergüenza. Por decencia. Por respeto a los estudiantes, a los contribuyentes y a la universidad que convirtió en sinónimo nacional de planilla, privilegios y descaro.

Etelvina no es un detalle dentro de la crisis de la Unachi. Es el rostro de esa crisis: gana más de 17 mil dólares mensuales del Estado, más que el presidente, mientras la institución acumula deuda con el Seguro, sanciones por nepotismo, títulos cuestionados, planillas obscenas, clanes familiares, investigaciones, ausencia de rendición de cuentas y una pérdida brutal de credibilidad pública.

Lo escandaloso no es que corriera el rumor. Es que sonara tan lógico. Con tantos cuestionamientos, la pregunta no es si renunció. Es cómo tiene cara para seguir.

Etelvina devenga $11,729 mensuales, más $3,000 en gastos de representación: $14,729 al mes. Súmele una jubilación que ronda los $2,500. En total, más de $17,000 mensuales.

No hablamos de una universidad que destaque en rankings internacionales, investigación o excelencia académica. Hablamos de una que da más de qué hablar por sus maleanterías que por sus méritos.

Una rectora puede ganar bien. Nadie pide salarios miserables. Pero otra cosa es cobrar como ejecutiva de lujo mientras ella misma se queja de una crisis presupuestaria por la reducción del 34 % en las vigencias 2025 y 2026.

Ella no llegó ayer. Ha dirigido la Unachi por años, con poder, control interno, influencia política y continuidad suficiente para moldearla.

La planilla supera los 2,000 funcionarios y cuesta cerca de $5.8 millones mensuales. Hay 557 funcionarios ganando entre $3,000 y más de $7,000; 249 ganan más de $7,000 al mes.

Eso se aprobó, sostuvo, defendió o toleró bajo una autoridad. Y esa autoridad es ella.

También hay salarios administrativos que superan hasta en 135 % la escala regular de Carrera Administrativa. ¿Quién responde por esa distorsión?

La universidad le debe, además, $12 millones al Seguro. 12 millones. La rectora tiene que responder por eso. Y si no puede, tiene que irse.

Este año, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a 29 funcionarios de la Unachi por nepotismo. También se han reportado al menos 56 docentes con parientes en planilla y 20 familias empleadas en la institución. Un árbol genealógico financiado por el Estado.

Pero el capítulo académico es el más grave. El Ministerio Público investiga el uso de títulos de universidades extranjeras cuestionadas para ascensos y mejoras salariales. Se identificaron 110 profesores con esos títulos, y 27 los habrían usado en trámites administrativos o académicos. Eso afecta el valor del diploma de cada estudiante.

Luego está la reelección. En 2022 se modificó la ley para permitir que el rector de la Unachi pudiera reelegirse por dos períodos consecutivos. Esa reforma le abrió el camino a Etelvina para buscar un tercer período. En 2023 fue reelecta hasta 2028. El sistema le acomodó la silla.

También está el nombramiento de la jefa de Recursos Humanos, que antes fue responsable de control fiscal de la Contraloría General de la República en la propia Unachi. El mensaje institucional es pésimo. Y ocurrió bajo Etelvina.

Etelvina no tiene que renunciar solo por lo que hizo ella. Tiene que renunciar por lo que permitió, normalizó, defendió y no corrigió.

La Unachi no es finca de Etelvina. Es una universidad pública financiada con plata pública. Y por eso la ciudadanía tiene derecho a exigir.

Etelvina no tiene autoridad moral para dirigir la Unachi.

Así que la Unachi puede desmentir la renuncia si quiere. Lo que no puede desmentir es que todo eso pasó bajo Etelvina.

Ella es el símbolo del deterioro de esa universidad.

Y ahí sigue.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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