¿Por qué se necesita una procuraduría paralela?
20 de Octubre de 2025
Exclusivo para Contrapeso
El Decreto Ejecutivo 31 del 13 de octubre de 2025 crea la Unidad de Coordinación Legal como una nueva entidad dedicada a ofrecer un servicio jurídico a todas las instituciones del Estado en materia de reclamación penal por cualquier afectación a los derechos o al patrimonio de cada institución.
El alcance de esta unidad está definido en el artículo 1 de este Decreto Ejecutivo de la siguiente manera:
“Artículo 1. Se crea la Unidad de Coordinación Legal, encargada de asistir y representar a los ministerios y entidades públicas en los casos que requieran la interposición de procesos penales en calidad de querellantes, la cual estará adscrita al Ministerio de Gobierno.
Los representantes legales de los ministerios y entidades públicas deberán otorgar poder a los abogados de la referida unidad.”
Para los críticos de esta medida, el gobierno del presidente José Raúl Mulino (2024-2029) estaría usurpando las atribuciones del Ministerio Público, como le fue señalado al gobierno del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) por la existencia de un grupo de trabajo en la Presidencia de la República que coordinó acciones penales contra exfuncionarios y allegados del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
El rol del Ministerio Público
Por mandato constitucional, el Ministerio Público (MP) es el responsable de la persecución de los delitos en Panamá. Aunque los procuradores, fiscales y personeros del MP son los encargados de dirigir la investigación penal, dada la realidad de la limitación de recursos económicos, la falta de especialistas en todas las posibles conductas criminales y el pequeño número de investigadores con que cuenta la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, el MP queda desbordado y, por ende, esta situación facilita que se caigan muchos casos de corrupción de alto perfil.
Dentro del sistema penal acusatorio, los fiscales están contra el tiempo, ya que tienen un término reducido para hacer la investigación de cada caso. Si un puñado de fiscalías anticorrupción tiene más de 4 mil casos actualmente, es obvio que no hay capacidad real para enfrentar delitos complejos como los casos de sobornos y peculados que han azotado al país en épocas recientes.
Existe además una restricción invisible al trabajo del MP: la reticencia burocrática, a veces cultural y otras causada por amenazas directas de partes interesadas, para evitar la cooperación en la investigación de actos de corrupción o ilegalidades cometidas en alguna institución del Estado. Probablemente, el solo hecho de enfrentarse a un sistema judicial en el cual el denunciante o testigo es acosado o estigmatizado abiertamente sirve para disuadir a muchos servidores públicos que no desean subir y bajar escaleras ni ver sus nombres manchados en las redes sociales.
Una procuraduría paralela
La querella es el ejercicio de la acción penal por parte de la víctima o cualquier afectado por la acción criminal. Cuando una entidad pública querella a empresarios, funcionarios o exfuncionarios, está enviando señales muy importantes sobre el uso de los bienes públicos y el combate a la corrupción. Sin embargo, es obvio que si cada institución pública presentara sus propias querellas, esto requeriría mucho tiempo y recursos de esa institución.
En un mundo ideal, cada institución pública tendría su equipo de abogados penalistas listos para acompañar las tareas del MP. En sistemas más avanzados existe una red de servidores públicos en cada institución que actúan como el punto de partida de los procesos penales. En Estados Unidos se les llama inspectores generales y están afiliados directamente con el Departamento de Justicia, es decir, con la Procuraduría General del Estado.
En Panamá, el único equivalente es el fiscalizador general de la Autoridad del Canal de Panamá, pero esta figura no está vinculada al MP, sino que responde a la Junta Directiva de dicha autoridad. En cierto sentido, ese fiscalizador general es una procuraduría paralela.
Así, de acuerdo con el Reglamento del Fiscalizador General, en los numerales 1 y 3 del artículo 3 se detallan las siguientes funciones:
“1. Formular las políticas para la dirección, conducción, supervisión y coordinación de auditorías e investigaciones relacionadas con el funcionamiento del Canal.”
Y “3. Realizar las auditorías e investigaciones que le solicite la Junta Directiva, el Administrador o Subadministrador, así como aquellas que, a su juicio, sean necesarias o aconsejables, e informar a la Junta Directiva de los resultados, recomendando las acciones correctivas correspondientes.”
La lucha contra la corrupción
Es común que haya momentos históricos en la vida de los países en los que el poder del crimen organizado y la existencia de una cultura favorable a la corrupción reclamen una mayor acción del Estado y de todas las instituciones orientadas a enfrentar a las redes criminales o a hacer justicia frente a violaciones masivas de los derechos humanos. Esto pasó en los Estados Unidos en la década de 1920, en Alemania en la posguerra, en Chile durante los gobiernos de la concertación democrática, y así sucesivamente aparecen esfuerzos especiales para liderar esta lucha.
El gobierno del presidente Guillermo Endara (1989-1994) cometió un error en la designación del Procurador General de la Nación, lo que impidió que se realizara un verdadero esfuerzo de restauración de la legalidad y combate a la corrupción. Aunque existieron fiscalías especiales muy eficientes, muchos de los crímenes cometidos en el régimen militar quedaron en la impunidad. Por otra parte, el entonces contralor Rubén Darío Carles estableció una Dirección de Responsabilidad Patrimonial a cargo de tres valientes abogados, que no se dio abasto para la enorme tarea que debía enfrentar de recuperar los bienes mal habidos que habían sido producto del latrocinio y del peculado.
En el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, había una demanda social por justicia. A pesar de tener un Órgano Judicial que actuó ocasionalmente como cómplice de algunos de los grandes delitos cometidos en esa época, las valientes fiscales que principalmente se echaron encima la tarea de luchar contra la corrupción fueron menospreciadas. Igual sucedió con la Procuradora que las designó.
Se ha cuestionado al gobierno de Varela por el grupo de servidores públicos que, desde la Presidencia de la República, compilaban evidencia y conversaban con algunos de los implicados en los delitos de la administración anterior para convencerlos de cooperar con la justicia delatando a los peces gordos. Es probable que ese esfuerzo le restara legitimidad a la labor del MP, pero las condenas obtenidas hasta la fecha demuestran que ese trabajo tenía fundamento. El gobierno de Varela debió diseñar una respuesta más institucional y menos opaca, lo que habría ayudado a quitar mucha de la desconfianza generada intencionalmente en la opinión pública. Las fiscales anticorrupción fueron tan comprometidas con su trabajo que investigaron y acusaron al propio expresidente Varela en el caso Odebrecht.
Ahora, el gobierno del presidente Mulino se enfrenta a una situación similar a la de Endara y Varela. Su gobierno surge como contraste al de Laurentino Cortizo, y la opinión pública persiste en el reclamo de justicia contra la impunidad que caracterizó al gobierno pasado y el gigantesco derroche de recursos públicos: sobreprecios en los respiradores, opacidad en la adquisición del hospital modular, la repartición arbitraria de bolsas de comida y asistencias económicas, y, por supuesto, la injustificada duplicación de la deuda pública panameña que corrió a raudales hacia las manos y bolsillos equivocados. Pareciera que solo la Autoridad Nacional de Descentralización quiere poner denuncias por el mal uso de los fondos públicos.
El silencio cómplice de las cabezas de las instituciones que rehúsan denunciar o querellar por los actos de corrupción requiere de una respuesta institucional para evitar la impunidad total. La Unidad de Coordinación Legal se presenta como un esfuerzo de Liliput en la tierra de Gulliver; si de verdad el presidente José Raúl Mulino quiere evitar la impunidad del gobierno anterior, debe dar más pasos firmes adicionales a la Unidad de Coordinación Legal.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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