12/10/2025

Panamá fue el primer país de Centroamérica en legalizar el cannabis medicinal. Lo hizo el 13 de octubre de 2021, cuando Nito Cortizo sancionó la Ley 242. Cuatro años después, esa ley sigue sin aplicarse. Fue vendida como un logro histórico, pero terminó convertida en otro monumento a la inoperancia y a la falta de voluntad y compromiso de la clase política.

La promesa era simple: garantizar acceso regulado a medicamentos derivados del cannabis para pacientes con enfermedades crónicas, crear un registro oficial de pacientes y establecer licencias claras para cultivar, producir, vender e investigar. En resumen: que los enfermos no tuvieran que delinquir para calmar su dolor.

El primer intento serio llegó en 2017 con un proyecto del diputado Pepe Castillo. Buenas intenciones, poca estructura. Murió rápido. En 2018 surgió otro, el 149, que tampoco prosperó, pero fue clave: ese año los pacientes comenzaron a organizarse y a hablar públicamente de su uso medicinal, algo valiente en un país que aún los criminaliza.

En 2019, Crispiano Adames presentó un nuevo proyecto, y los pacientes ya estaban listos: dominaban el tema más que los diputados. El proyecto original contemplaba licencias separadas para cultivo, producción, comercialización e investigación, abriendo espacio a pequeños productores. Pero esas licencias fueron sustituidas por un modelo de integración vertical, diseñado para beneficiar a unos pocos.

El proyecto se aprobó el 30 de agosto de 2021, y Cortizo lo sancionó el 13 de octubre, prometiendo reglamentarlo en 90 días. Tardaron 10 meses. El Decreto 121 de 2022 impuso más trabas, controles redundantes y una nueva burocracia, incluyendo a la Policía, el Senan y el Senafront en las inspecciones. Resultado: miedo institucional y cero avances.

El registro de pacientes —el corazón del sistema— sigue sin existir. La AIG no lo creó y Digesa intenta hacerlo con apoyo de Emma Pinzón, quien además de liderar un gremio de pacientes, es regente farmacéutica de una empresa con licencia. El Consejo Técnico de Cannabis casi no se reúne, y los pacientes siguen sin acceso.

El gobierno de Mulino intentó “destrabar” el tema con el Decreto 6 de 2025, eliminando algunos requisitos, pero imponiendo otros nuevos, como la prohibición de vaporizadores. Ninguna empresa ha podido producir, pues el propio gobierno no les entrega los permisos finales.

En marzo de 2025, la Asamblea propuso reformar la ley, aunque nunca se ha implementado. Cuando se le preguntó por el tema, Mulino respondió: “Esa ley es lo último que me preocupa.”

En resumen: Panamá fue pionero en legalizar el cannabis medicinal, pero sigue sin aplicarlo. Mientras Costa Rica ya tiene pacientes registrados y productos en farmacias, aquí la ley sigue en pausa, los enfermos siguen sufriendo y aliviar el dolor sigue siendo, en la práctica, un delito.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

Más videos