En Panamá, investigar al poder es jugar con fuego. Un funcionario público desapareció en medio de una investigación multimillonaria y nadie ha respondido por eso.
La lentitud judicial es otra forma de impunidad. Que una asistencia internacional tarde más de diez años en resolverse es injustificable.
En Panamá, cuando muere alguien, muchos se reúnen, comen, beben y recuerdan. Pero cuando llega el Día de los Difuntos, el Estado decide que nadie puede hacerlo. ¿Eso no es doble moral?
La Asamblea tiene más de 4,700 funcionarios. Sesiona entre 160 y 180 días al año, de lunes a jueves. El trabajador promedio labora 240, de lunes a viernes. Según la Contraloría, el panameño gana $734 al mes. Ellos ganan entre seis y nueve veces más, y encima cobran cuando no sesionan.
Conseguir sangre en Panamá sigue siendo una tarea personal.
Literalmente. Cuando un paciente necesita una transfusión, el hospital no la garantiza: le dice cuántas unidades debe “reponer” y lo manda a buscarlas. A veces ni siquiera para él, sino para el siguiente en la fila.
Diez años después, la historia se repite. Otro contrato millonario, otro discurso de modernización y las mismas dudas. Entregar laptops a escuelas sin electricidad ni internet es como repartir paraguas en el desierto. Y cuando se le cuestiona,responde con su frase de caballito de batalla: “Si hay corrupción, que la prueben.”
La historia del cannabis medicinal refleja al país: se legisla para la foto, se promete salud pública y luego se profundiza el vacío. En 2017, el diputado Pepe Castillo presentó el primer proyecto; buenas intenciones, poca estructura. En 2018 surgió otro, el 149, que tampoco prosperó, pero marcó un cambio: los pacientes comenzaron a organizarse y a hablar públicamente de su uso. En un país que aún los trata como criminales, eso fue un acto de valentía.
La casa de Noriega pudo ser una oportunidad para contar cómo el dictador se entregó en 1990 en la Nunciatura Apostólica, cómo fue extraditado, juzgado, condenado; cómo su régimen marcó la vida de miles de panameños.
El gobierno volvió a taparse los oídos y abrió la licitación para gastar 230 millones en laptops y licencias Microsoft. Y digo taparse, porque Lucy ya había intentado esa compra con un convenio chueco que el contralor no refrendó. Ahora lo venden como licitación, pero seguimos sin ver el estudio que pruebe que esto mejora la educación.
En Panamá recortan ciencia y educación, se hacen los locos con universidades que convirtieron en botines, construyen pabellones de tenis en villas presidenciales, y levantan hospitales de mascotas mientras la gente no tiene hospitales decentes. La falta de prioridades no es un chiste: es un insulto.
