En Panamá no estamos ante un fenómeno masivo ni institucional. Pero las dinámicas digitales no reconocen fronteras. Lo que circula en otras sociedades llega aquí con la misma velocidad del algoritmo. Pensar los límites antes de que el dilema nos toque no es exageración. Es prevención.
Los denominados therians son solo uno de varios movimientos identitarios que han ganado visibilidad en los últimos años. No aparecen en el vacío.
Ahorita lo vimos amplificado: horas para salir, horas para regresar, carriles invertidos, operativos especiales. Pero para miles de panameños ese caos no es una excepción. Es la rutina. Y, de hecho, es peor los viernes porque se van ellos y además los que se van por unos días al interior. Doble tranque.
La Ley 2 de 1987 le enumera 33 atribuciones: coordinar y evaluar entidades nacionales en la provincia; velar por el orden público; suspender alcaldes nombrados por el Ejecutivo; visitar cárceles; presentar informes trimestrales; asistir con voz al Consejo Provincial. En el papel, es un cargo relevante. Pero los cargos no viven en el papel: viven en el sistema que los rodea.
En teoría, los Bingos Nacionales existen para generar recursos destinados a fines sociales. El Estado no solo autoriza el juego: lo opera directamente, organiza los sorteos, administra los locales, contrata personal y asume todos los costos del negocio.
En 2024, el IDAAN tuvo 39 contratos con 14 empresas para suministro de agua en cisternas; el gasto fue de al menos $23.8 millones. Eso no es un “apoyo”; eso es un mercado. Un mercado que solo existe porque el servicio público no cumple lo básico: agua por tubería, sin milagros, sin favores.
Aceptar el Holocausto implica asumir algo incómodo: no fue solo obra de fanáticos aislados. Fue posible gracias a una larga cadena de normalizaciones. Funcionarios que obedecieron. Empresas que lucraron. Vecinos que callaron. Países que cerraron puertas. La maquinaria no funcionó sola. Funcionó porque demasiadas personas decidieron callar, alimentando esa maquinaria.
La Lotería Nacional de Beneficencia no solo vende billetes.
Maneja millones, contratos, libretas y efectivo. Mucho efectivo. Y cuando se combinan dinero público, discrecionalidad y poca rendición de cuentas, queda politiquería, no beneficencia. Como también lo hemos visto en la UNACHI, el IDAAN y otras. Y no es una institución menor. En 2025 manejó un presupuesto de 78.6 millones de dólares. Para 2026, sube a 88 millones. Diez millones más en un año. Más plata sin explicaciones.
Panamá no se ve pobre. Se ve demasiado próspera para su economía. Torres de lujo que crecen como hongos, pero con luces apagadas. Restaurantes carísimos con mesas vacías. Hoteles cinco estrellas donde no pasa nadie. Malls brillantes en los que se camina y no se compra. El negocio no vende. Justifica.
La revocatoria de mandato permite a los ciudadanos intentar sacar a un funcionario electo antes de que termine su periodo, siempre que reúnan suficientes firmas para activar el proceso. En Panamá, el umbral es alto: 30 % del padrón electoral de la circunscripción. Y hasta ahora, ninguna revocatoria popular solicitada por ciudadanos ha prosperado.
Para los jóvenes de hoy conviene recordar algo básico: la Zona del Canal era un enclave bajo control estadounidense desde 1904, con sus propias leyes, escuelas, policía y un sistema laboral. Funcionaba como una jurisdicción paralela dentro del territorio panameño, donde los trabajadores estadounidenses recibían mejores salarios y beneficios (gold roll) que los panameños (silver roll), aun realizando funciones similares.
En 2023, la Unidad de Quemados del Hospital del Niño atendió 19 menores lesionados por pirotecnia, más del doble que el año anterior. En el Seguro, en un solo fin de semana navideño reciente, más de 20 personas fueron atendidas por quemaduras causadas por fuegos artificiales. No son anécdotas: son registros hospitalarios. Todos los años. Todos los diciembres.
En 2023, la Unidad de Quemados del Hospital del Niño atendió 19 menores lesionados por pirotecnia, más del doble que el año anterior. En el Seguro, en un solo fin de semana navideño reciente, más de 20 personas fueron atendidas por quemaduras causadas por fuegos artificiales. No son anécdotas: son registros hospitalarios. Todos los años. Todos los diciembres.
En 1989, Estados Unidos entró con más de 20 mil soldados en una operación relámpago contra una ya debilitada Fuerza de Defensa —que era el cuerpo militar y policial del régimen de Noriega, encargado del control interno y la represión política—. Ocurrió mientras el mundo celebraba la caída del Muro de Berlín, pero aquí dejó algo menos fotogénico: barrios arrasados y un país que todavía no logra contar, con datos claros, qué pasó esa noche y qué pasó después.
Casi nadie habla de la niña que no duerme porque un filtro le convence de que su cara “no alcanza”; del pelao de 11 que sale de TikTok con peor ánimo sin saber por qué; o del menor que siente ansiedad porque, si no responde al instante, “queda fuera”. Estudios muestran que muchos preadolescentes se sienten peor consigo mismos después de usar redes. Ese deterioro no es teoría: pasa todos los días, en silencio.
En Panamá, investigar al poder es jugar con fuego. Un funcionario público desapareció en medio de una investigación multimillonaria y nadie ha respondido por eso.
La lentitud judicial es otra forma de impunidad. Que una asistencia internacional tarde más de diez años en resolverse es injustificable.
En Panamá, cuando muere alguien, muchos se reúnen, comen, beben y recuerdan. Pero cuando llega el Día de los Difuntos, el Estado decide que nadie puede hacerlo. ¿Eso no es doble moral?
La Asamblea tiene más de 4,700 funcionarios. Sesiona entre 160 y 180 días al año, de lunes a jueves. El trabajador promedio labora 240, de lunes a viernes. Según la Contraloría, el panameño gana $734 al mes. Ellos ganan entre seis y nueve veces más, y encima cobran cuando no sesionan.
Conseguir sangre en Panamá sigue siendo una tarea personal.
Literalmente. Cuando un paciente necesita una transfusión, el hospital no la garantiza: le dice cuántas unidades debe “reponer” y lo manda a buscarlas. A veces ni siquiera para él, sino para el siguiente en la fila.
Diez años después, la historia se repite. Otro contrato millonario, otro discurso de modernización y las mismas dudas. Entregar laptops a escuelas sin electricidad ni internet es como repartir paraguas en el desierto. Y cuando se le cuestiona,responde con su frase de caballito de batalla: “Si hay corrupción, que la prueben.”
La historia del cannabis medicinal refleja al país: se legisla para la foto, se promete salud pública y luego se profundiza el vacío. En 2017, el diputado Pepe Castillo presentó el primer proyecto; buenas intenciones, poca estructura. En 2018 surgió otro, el 149, que tampoco prosperó, pero marcó un cambio: los pacientes comenzaron a organizarse y a hablar públicamente de su uso. En un país que aún los trata como criminales, eso fue un acto de valentía.
La casa de Noriega pudo ser una oportunidad para contar cómo el dictador se entregó en 1990 en la Nunciatura Apostólica, cómo fue extraditado, juzgado, condenado; cómo su régimen marcó la vida de miles de panameños.
El gobierno volvió a taparse los oídos y abrió la licitación para gastar 230 millones en laptops y licencias Microsoft. Y digo taparse, porque Lucy ya había intentado esa compra con un convenio chueco que el contralor no refrendó. Ahora lo venden como licitación, pero seguimos sin ver el estudio que pruebe que esto mejora la educación.
En Panamá recortan ciencia y educación, se hacen los locos con universidades que convirtieron en botines, construyen pabellones de tenis en villas presidenciales, y levantan hospitales de mascotas mientras la gente no tiene hospitales decentes. La falta de prioridades no es un chiste: es un insulto.
