El 31 de diciembre en Panamá no llega en silencio.
El año se va entre estallidos que hemos normalizado, aunque sepamos que no son inofensivos.

Y no, esto no es una cruzada moral ni un intento de arruinarle la fiesta a nadie. Es algo más básico: seguimos tratando la pirotecnia como un juego, cuando en realidad es fuego, explosión, ruido extremo, personas heridas, mascotas perdidas, crisis sensoriales y salas de urgencias trabajando horas extra. Y sí, también es negocio.

Para quienes creen que esto es exageración, ahí van los números. En 2023, la Unidad de Quemados del Hospital del Niño atendió 19 menores lesionados por pirotecnia, más del doble que el año anterior. En el Seguro, en un solo fin de semana navideño reciente, más de 20 personas fueron atendidas por quemaduras causadas por fuegos artificiales. No son anécdotas: son registros hospitalarios. Todos los años. Todos los diciembres.

Y aun así, cuando uno pregunta “¿qué dice la ley?”, Panamá hace gala de su especialidad: el enredo. No existe una ley nacional, moderna y específica que regule de forma integral la pirotecnia. No hay una norma clara que diga qué se puede, qué no, quién puede, dónde, cuándo y con qué sanción.

Lo que hay es un rompecabezas: decretos municipales, permisos administrativos, resueltos, campañas temporales y operativos estacionales. En la práctica, la regulación depende del lugar y del criterio de quien fiscaliza.

En el Distrito de Panamá, por ejemplo, hay decretos que regulan la venta y prohíben la venta ambulante o a menores. Para vender legalmente se exigen permisos y certificaciones. En teoría, todo está controlado. En la práctica, el 31 de diciembre la ley se vuelve decorativa y manda la costumbre. Y ese es el problema de fondo. No solo jurídico: ciudadano. Cuando la norma no es clara ni uniforme, gana el “cada quien a su manera”. Y la pólvora no perdona improvisaciones.

El Estado lo sabe. Por eso cada diciembre aparecen las advertencias: “no más niños quemados”, “no a la venta informal”, “no a la manipulación por menores”. Todo correcto. Pero esto no se resuelve con afiches ni operativos para la foto. Se resuelve con una decisión país.

Otros países ya tomaron postura —aunque no sea popular— porque entendieron que la pirotecnia no se maneja con fe, sino con reglas. En Chile, el uso y la venta al público están prohibidos y los espectáculos requieren autorización. En Costa Rica, la norma prohíbe la venta a menores. En Colombia, hay controles claros por temporada. ¿Son países perfectos? No. ¿Eliminan todos los accidentes? Tampoco. Pero la regla se entiende.

En Panamá, la realidad es esta:
se vende con permisos (en teoría),
se prohíbe lo informal (en teoría),
se recomienda seguridad (en teoría),
y el 31 de diciembre se convierte en un festival de “yo controlo”… hasta que nadie controla nada.

Y aparece el argumento de siempre: “es tradición”.

También era tradición manejar borracho.
También era tradición que los niños viajaran sin cinturón.

En algunos temas maduramos como sociedad. En otros, seguimos confundiendo tradición con permiso.

Esto no es un debate entre “los que tiran bombitas” y “los que se quejan”.
Esto debería importarle a cualquiera que entienda que la pólvora no afecta solo al que la prende.

Cuando el Estado permite la venta, pero tolera el desorden masivo, el mensaje es claro: la ley es opcional. Y una ley opcional no protege a nadie. Celebrar no debería implicar cruzar los dedos.

Así que jueguen vivo.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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