A las 12:45 de la madrugada, el Chorrillo se iluminó como si fuera de día. No era fiesta. Era fuego. Minutos después, miles de personas corrían con lo que podían cargar; otras simplemente corrían sin nada. 35 años después, el país aún no decide si aquello fue una “liberación”, una invasión o un trauma que preferimos no nombrar porque obliga a revisar lo que no hemos querido ver.

En 1989, Estados Unidos entró con más de 20 mil soldados en una operación relámpago contra una ya debilitada Fuerza de Defensa —que era el cuerpo militar y policial del régimen de Noriega, encargado del control interno y la represión política—. Ocurrió mientras el mundo celebraba la caída del Muro de Berlín, pero aquí dejó algo menos fotogénico: barrios arrasados y un país que todavía no logra contar, con datos claros, qué pasó esa noche y qué pasó después.

Solo en el Chorrillo, entre 18 mil y 20 mil personas quedaron desplazadas. Y lo más inaceptable: Panamá nunca estableció un número oficial de muertos. Estados Unidos habló de menos de 500; organizaciones panameñas, de más de 1,000; ONG internacionales estiman hasta 3,000. Que no sepamos cuántos murieron dice más del país que de la guerra: elegimos convivir con una tragedia sin cifras para no lidiar con sus consecuencias.

En 2016 nació la Comisión 20 de Diciembre para identificar a las víctimas y aclarar los hechos. Siete años después sigue pidiendo presupuesto para completar su trabajo. Mientras, en Pacora, en el Jardín de Paz y en otros puntos continúan apareciendo restos de personas sin nombre.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya documentó, en su Informe 121/18, la falta de investigaciones serias sobre las muertes civiles. Y en 1991, Human Rights Watch advirtió que la impunidad se estaba normalizando. Treinta años después, Panamá no corrigió el rumbo: dejó que la falta de justicia se convirtiera en la norma.

El debate persiste: ¿era inevitable la invasión o Panamá habría podido salir de Noriega sin intervención militar extranjera? Los defensores la llaman un “mal necesario”; los detractores recuerdan que ningún país debería resolver sus crisis internas a punta de bombardeos ajenos.

Pero la discusión sigue empantanada porque faltan datos básicos: sin verdad, ni una narrativa ni la otra puede sostenerse.

En esto, el Estado panameño no es una víctima pasiva; es responsable del vacío. El PRD —el brazo civil de la dictadura— volvió al poder cinco años después y nunca abrió archivos ni impulsó reparaciones. Los gobiernos siguientes mantuvieron la tradición del homenaje fácil pero mediocre: coronas, discursos y la tranquilidad de que nadie exige cuentas por no exigirlas.

Por otro lado, la invasión ocupa menos espacio en los libros de texto que episodios sin relación con Panamá. Pregúntale a un joven qué pasó el 20 de diciembre y probablemente repetirá lo poco que la escuela le enseñó: casi nada. Así se fabrica la amnesia.

Y cada año repetimos el ritual: ahora hasta con ley seca, actos protocolares y un país que cumple el trámite sin revisar la historia. La Ley 291 de 2022 exige memoria, investigación y docencia, pero lo que prevalece es la forma sin contenido. Recordamos la fecha, pero no a las personas; hacemos ceremonia, no conciencia.

Hoy, 35 años después, seguimos sin un museo, sin un archivo completo, sin un informe final, sin un número cierto, sin un cierre. Y eso debe importarnos no por patriotismo, sino porque un país que no sabe lo que pasó termina repitiendo sus fallas sin darse cuenta. La amnesia no neutraliza los traumas: los perpetúa. Y mientras sigamos evitando la verdad, no solo perdemos historia: perdemos la capacidad de reconocer cuándo estamos repitiendo el mismo libreto disfrazado de actualidad.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

Más videos