Abusos jurídicos y financieros en Panamá: una agenda impostergable
28 de Octubre de 2025
Exclusivo para Contrapeso
En más de tres décadas de ejercicio profesional como abogado, exregulador de valores, expresidente de Transparencia Internacional Panamá, fundador y expresidente del Instituto de Gobierno Corporativo, exsocio de Riesgo, Ética e Independencia de una firma de consultoría y auditoría internacional de las llamadas big four, y expresidente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, he podido observar patrones que se repiten y que atentan contra la transparencia, la equidad y la confianza en nuestras instituciones.
El diagnóstico es claro: Panamá debe enfrentar de manera frontal el abuso del derecho; es decir, un conjunto de prácticas nocivas a las que muchos se han acostumbrado y otros han normalizado, y que erosionan la seguridad jurídica, facilitan la corrupción y distorsionan la competencia leal.
Existe la teoría del abuso de los derechos. “Según esta teoría, cada uno de los derechos tiene su razón de ser y su misión que cumplir; cada uno de ellos persigue un fin del cual no le es dado desviarse a su titular. Los derechos son dados para la sociedad a la cual sirven más que al individuo; por lo tanto, no son absolutos, sino relativos: deben ejercitarse dentro del plano de la respectiva institución, conforme al espíritu que los inspira; no siendo lícito imprimirles una falsa dirección sin abusar de ellos, con lo cual el titular compromete su responsabilidad hacia la víctima de esa desviación.”
Corte Suprema de Justicia de Colombia, M.P.: Hernán Salamanca, 24 de agosto de 1938.
1. La simulación contractual
El uso de contratos aparentes —que esconden la verdadera naturaleza de la operación— sigue siendo un mecanismo recurrente para encubrir transferencias indebidas, inflar costos o disfrazar conflictos de interés.
El contrato no es el título que se le asigne: el contrato es su contenido, lo que regula y lo que busca. Por ejemplo, en un tema que puede cobrar actualidad: una concesión administrativa no deja de serlo por el simple hecho de cambiarle el nombre.
Sin mecanismos de control efectivos, la simulación contractual abre la puerta a fraudes, evasión fiscal y blanqueo de capitales.
2. La ficción societaria abusiva
La sociedad anónima, útil y legítima en la economía moderna, se ha utilizado también como escudo para ocultar beneficiarios finales, eludir responsabilidades y facilitar delitos financieros. Lo mismo puede ocurrir con el fideicomiso y la fundación de interés privado.
El problema no son las herramientas por sí solas, sino su uso abusivo en perjuicio del interés público.
3. La falta de sustancia económica
Las estructuras jurídicas sin sustancia real —sin operaciones genuinas, empleados ni valor añadido— se mantienen con el único fin de aprovechar vacíos legales, crear artificios contables o trasladar rentas sin actividad económica efectiva.
La ausencia de sustancia es incompatible con un sistema financiero transparente y sostenible. Hoy se nos reclama desde el exterior este punto que muchos ni siquiera comprenden.
4. La falsedad
La falsificación de documentos, balances, certificaciones y declaraciones no es una práctica aislada, sino parte de un ecosistema que normaliza la mentira como instrumento de negocio.
Cada falsedad tolerada mina la credibilidad del sistema jurídico y contable.
5. La omisión intencional
No solo la acción engañosa, sino también la omisión deliberada —el “no decir”, el “no registrar”, el “no reportar”— constituye un mecanismo frecuente de ocultamiento.
Estas omisiones estratégicas generan asimetrías de información que afectan a reguladores, inversionistas, clientes y ciudadanos.
6. El testaferrato
La figura del prestanombre continúa siendo un recurso para ocultar patrimonio ilícito, mantener intereses encubiertos o eludir restricciones legales.
Combatir el testaferrato requiere responsabilidad profesional, controles efectivos y sanciones ejemplares.
7. El abuso del secreto
El secreto profesional y la confidencialidad bancaria son instituciones legítimas, pero en demasiadas ocasiones se invocan abusivamente para encubrir prácticas ilegales.
El verdadero reto es equilibrar el derecho a la confidencialidad con el interés público en la prevención del crimen financiero.
8. El abuso del derecho como denominador común
Todas estas prácticas son manifestaciones de un mismo fenómeno: el abuso del derecho.
El marco legal, diseñado para proteger, se convierte en un arma de impunidad cuando se utiliza en contra de su espíritu.
La letra de la ley no puede seguir siendo un refugio para la ilegalidad.
Conclusión
La credibilidad de Panamá como centro de negocios serio y como Estado de derecho depende de enfrentar con decisión estas distorsiones.
No basta con nuevas leyes: se requiere voluntad política, supervisión independiente, sanciones efectivas y un cambio cultural en los sectores público y privado.
El desafío es pasar de la retórica a la acción, de la tolerancia a la intolerancia activa frente al abuso.
Panamá no puede darse el lujo de seguir legitimando lo ilegítimo.
Por: Carlos Barsallo
Abogado
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