Dos visiones del mismo déficit: Argote y Molino frente al presupuesto
12 de octubre de 2025
ENTREVISTA
¿Panamá necesita un Estado grande y activo o uno pequeño y eficiente?
Felipe Argote: Ni grande ni chico: el tamaño no determina la eficiencia. Panamá tiene un Estado grande, corrupto e ineficiente; reducirlo no lo haría mejor. Lo que necesitamos es un Estado del tamaño adecuado para nuestras circunstancias.
Eric Molino: Más que grande o chico, necesitamos un Estado eficiente y dinámico. En vez de resolver problemas, creamos más instituciones: pasamos de 60 en los 90 a 95 hoy, lo que solo engrosa la planilla y el gasto público.
Sectores estratégicos (energía, agua, gas): ¿gestión estatal directa o regulación fuerte al privado?
Felipe Argote: No todo es blanco o negro. El agua debe ser pública, por salud y costo social: privatizarla sería más caro para la sociedad. En cambio, sectores como el gas o las telecomunicaciones deben ser privados; el Estado no tiene por qué crear empresas donde terminan acomodando parientes.
Eric Molino: El Estado no ha demostrado capacidad ni buena gobernanza en estos sectores —salvo el Canal, que heredó una estructura sólida—. Propone gestión privada con fuerte regulación estatal, donde el inversionista asuma el riesgo y no el contribuyente que hoy termina pagando las pérdidas.
Descentralización: ¿ha mejorado la gestión local o multiplicó gasto sin control?
Felipe Argote: La descentralización no es el problema: la corrupción sí. Lo que se hizo fue repartir una gran corrupción central en muchas pequeñas locales. El modelo es correcto, pero sin control ni voluntad de transparencia, todo seguirá siendo un desastre, esté centralizado o no.
Eric Molino: La descentralización funciona en países con instituciones sólidas, porque acerca las decisiones a las comunidades. En Panamá, sin controles ni transparencia, se ha convertido en un mecanismo de malversación. Apoya el concepto, pero no la forma en que se ha aplicado.
Comarcas: ¿modelo fallido o falta de integración real? ¿Cómo incorporar a esa población con foco en niñez y protección?
Felipe Argote: El problema no es la comarca, sino la falta de estrategia y planificación. Todo se maneja con clientelismo e improvisación. Las comarcas han protegido la ecología y deben conservar su cultura, idioma y religión, pero integradas a una estrategia nacional clara. Educación y salud son claves: una universidad en la comarca, por ejemplo, sería transformadora.
Eric Molino: La pobreza y desigualdad se concentran en las comarcas, pero la estructura actual dificulta la inversión por la incertidumbre sobre el Estado de derecho. Propone mantener su autonomía, pero con reglas claras que incentiven inversión, empleo y crecimiento. Integrar a las comunidades indígenas a la economía nacional es la vía para reducir la pobreza de forma sostenible.
Si pudiera eliminar o fusionar hasta tres instituciones, ¿cuáles y por qué?
Felipe Argote: Eliminaría Promtur, que usa fondos públicos para beneficiar a hoteleros privados; el IMA, que gasta impuestos comprando y vendiendo productos en vez de dejarlo al mercado; y el Ministerio de la Presidencia, que no cumple ninguna función real. Si pudiera sumar una más, cerraría también la oficina de la Primera Dama: no debería tener presupuesto estatal.
Eric Molino: Fusionaría el BDA y el Banco Hipotecario con el Banco Nacional y la Caja de Ahorros. Replantearía el Instituto de Seguro Agropecuario, que opera sin regulación adecuada, y consolidaría las instituciones sociales bajo el Mides. Además, transformaría ETESA en una empresa mixta y eliminaría entes deficitarios como los Bingos Nacionales: el Estado no debe financiar pérdidas.
¿Vender activos/empresas estatales es responsable o riesgoso? ¿Bajo qué condiciones?
Felipe Argote: Depende de la estrategia. No se trata de vender por ideología —ni todo al estilo libertario ni nada al estilo estatista—, sino según la conveniencia del país. El Canal debe seguir siendo estatal, pero empresas como las de cemento o arroz no. Hay que decidir con planificación y datos, no con improvisación: Singapur planifica a 50 años, Panamá a una semana.
Eric Molino: Haría un inventario de activos subutilizados para transferir su gestión al sector privado bajo regulación estatal. Propone que el Estado cobre por concesión o arrendamiento, y cita la Lotería Nacional como un activo valioso pero politizado que podría administrarse mejor de forma privada. Vender o arrendar puede ser positivo si hay transparencia, buena valoración y el beneficio llega al contribuyente, no a la clase política.
¿Cuál es el verdadero problema del presupuesto 2026?
Felipe Argote: Es un presupuesto hiperinflado, sin estrategia ni planificación. Aumenta la deuda, recorta inversión y educación universitaria, pero mantiene intacto el gasto político: planillas, viajes y favores. En lugar de impulsar desarrollo, perpetúa la corrupción y el despilfarro.
Eric Molino: El problema es estructural: los presupuestos se inflan con ingresos irreales y se financian con deuda. Solo tres veces en dieciséis años se ha cumplido la ley de responsabilidad fiscal. La falta de disciplina y eficiencia genera déficit constante. Propone reducir instituciones y crear un presupuesto basado en resultados reales, no en presión política.
Déficit fiscal: ¿por qué no se ha eliminado y cuál es la ruta realista?
Felipe Argote: El déficit llegó a más de 6 mil millones, el mayor de la historia, y el gobierno lo maquilla usando fondos del Seguro como ingreso corriente. Eso es expropiar ahorros para ocultar el hueco. La única forma real de reducirlo es bajando el gasto: el presupuesto debería ser menor de 30 mil millones, no inflarlo 16 % cuando la economía crece menos de 5 %. Con este nivel de corrupción, nada funciona.
Eric Molino: El déficit persiste porque el Estado es sobredimensionado e ineficiente, y se proyectan ingresos irreales. Además, hay leyes especiales que rigidizan el gasto: los intereses de la deuda ya superan lo que recauda el Canal. No es realista pensar en déficit cero, pero sí en reducirlo gradualmente, conteniendo gasto, reformando leyes y eliminando instituciones innecesarias.
¿Se “maquilla” el déficit? ¿Deben incluirse las cuentas por pagar a privados en ese cálculo?
Felipe Argote: No, no deben incluirse porque técnicamente no existen si no están registradas. El problema no son las cuentas por pagar, sino que el gobierno maquilla el déficit usando como ingreso corriente fondos expropiados del Seguro. Además, se encubre gasto excesivo, planillas infladas y sobrecostos. No se puede reducir el déficit sin transparencia ni estados financieros claros.
Eric Molino: No es un maquillaje, sino un tema contable: el Estado usa contabilidad de flujo, no por devengado como las empresas. Eso significa que solo registra lo efectivamente pagado, no lo adeudado. Coincide en que debería cambiarse a una contabilidad más realista que incluya las cuentas por pagar, pero hacerlo ahora dispararía el déficit. La meta debe ser sincerar las cifras gradualmente cuando se reduzca el desequilibrio.
¿Quién decide qué recortar y con qué criterios?
Felipe Argote: Hoy quienes deciden qué recortar son los mismos grupos políticos que controlan el gobierno: el PRD y sus aliados —RM, ardulfistas y otros—. Tienen presencia en las principales carteras, en el Seguro, el MEF, la Contraloría y el Ministerio de Ambiente. En la práctica, son ellos los que deciden qué se hace con la plata.
Eric Molino: Los recortes deberían basarse en resultados, no en política. Panamá no tiene un presupuesto orientado al desempeño. Hay que evaluar el historial: si una institución gasta más pero no cumple metas, se le reduce; si cumple objetivos, se le apoya. El presupuesto debe medir impacto —por ejemplo, en educación, menos deserción y mejores resultados— y asignar fondos según eficacia comprobada.
¿Los recortes son selectivos/políticos o responden a una restricción real de recursos?
Felipe Argote: Son totalmente políticos. Basta ver que el presupuesto de la Asamblea se mantuvo igual al del año pasado, centavo por centavo, pese a las denuncias de botellas. No hubo análisis ni ajustes: simplemente nadie quiso meterse con los poderosos de turno. Eso demuestra que los recortes se deciden por conveniencia política, no por criterios técnicos.
Eric Molino: Hay una restricción real de recursos por la deuda, las leyes especiales y los compromisos salariales, pero los factores políticos también pesan. El Ejecutivo y la Asamblea negocian, y esas recomendaciones influyen en las decisiones finales. En la práctica, no existe un análisis totalmente técnico: el manejo político siempre termina marcando el resultado.
¿Qué sectores están olvidados en el presupuesto y por qué?
Felipe Argote: No es olvido, es castigo deliberado. Educación es el sector más golpeado: se reduce la inversión a pesar de escuelas en ruinas y universidades públicas que son las mejores del país. La Universidad de Panamá pierde 20 %, la Tecnológica 27 %, y la UDELAS 33 %. Es una política ideológica: sectores libertarios dentro del gobierno creen que el Estado no debe financiar la educación y buscan asfixiarla reduciendo su presupuesto.
Eric Molino: No se trata solo de falta de fondos, sino de ineficiencia. Hay instituciones que reciben mucho dinero y no dan resultados. Panamá gasta más por estudiante que Chile, pero obtiene peores resultados. El problema no es que ciertos sectores estén olvidados, sino que el presupuesto se enfoca en montos, no en metas ni desempeño. Se necesita medir el impacto y asignar recursos según resultados, no según presión política.
¿Qué gasto público es un lujo innecesario?
Felipe Argote: La lista es larga: los cuatro aviones de guerra comprados por 79 millones, la carretera para Francachela de siete millones, el despacho de la Primera Dama, las miles de botellas en la Asamblea y el Seguro, y los viajes oficiales sin resultados. Todo eso es gasto innecesario y abusivo: lujos pagados con dinero público para beneficio político.
Eric Molino: El lujo más evidente es la planilla excesiva, sobre todo en la Asamblea. Los diputados pueden necesitar asesores, pero no cientos de funcionarios sin justificación. Se ha institucionalizado el despilfarro: los recursos del Estado se usan con irresponsabilidad, olvidando que es dinero del contribuyente.
¿Cómo evitar que la inversión pública se pierda en burocracia o corrupción?
Felipe Argote: Primero hay que sacar a los corruptos del gobierno y encarcelar a los que robaron antes, para que haya certeza del castigo. Luego, transparencia total: publicar los nombres de los dueños y directivos de las empresas que contratan con el Estado y de los panameños con acciones en la minera, para detectar conflictos de interés. Sin castigo ni transparencia, ningún sistema anticorrupción funciona.
Eric Molino: Propone reformar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para distinguir entre gasto corriente e inversión. Hoy casi 70 % del presupuesto se va en funcionamiento y solo 19 % en inversión. Los recortes deben concentrarse en planillas y gastos operativos, no en obras. También sugiere modernizar los procesos para reducir la burocracia y fomentar esquemas como asociaciones público-privadas o empresas mixtas con reglas claras y buena gobernanza.
Si la plata no alcanza, ¿qué recorta primero?
Felipe Argote: La plata sí alcanza, si no se la roban. Lo primero que hay que recortar es la corrupción: eliminar botellas en la Asamblea, ministerios y el Seguro. Hay que sacar a miles de personas que no trabajan y reducir drásticamente el gasto corriente para liberar fondos hacia inversión, como el tren a Chiriquí, que ni siquiera tiene presupuesto. No es falta de dinero, es mal uso del dinero.
Eric Molino: Primero, hay que revisar las leyes que asignan recursos según el PIB, porque el PIB no es ingreso ni gasto. Deben reformarse o pausarse las leyes especiales que generan aumentos automáticos sin exigir resultados. Luego, identificar instituciones sobredimensionadas o ineficientes para fusionarlas o concesionarlas al sector privado. Reducir planilla, consolidar entidades y enfocar el presupuesto en sostenibilidad fiscal y eficiencia.
¿Eliminar aumentos automáticos y pasar a compensación por desempeño en el sector público?
Felipe Argote: No está de acuerdo. Los aumentos por desempeño serían una farsa porque no existe un sistema serio de evaluación: terminarían beneficiando a los corruptos y a los alineados políticamente. Prefiere mantener los ajustes por tiempo o categoría, que al menos garantizan equidad, ya que hoy muchos funcionarios quedan rezagados mientras nuevos empleados entran con salarios mayores. Sin evaluaciones reales, vincular aumentos al desempeño solo agravaría la injusticia.
Eric Molino: Económicamente, el país no puede sostener los aumentos automáticos y deberían pausarse. Los salarios deben basarse en resultados y productividad, como en otros países donde se miden y exigen metas claras. En Panamá se dan aumentos sin contraprestación ni mejora del servicio, y eso es insostenible. La compensación debe premiar el mérito, no la inercia.
Educación: ¿comprometer 7% del PIB tiene sentido sin capacidad de ejecución comprobada?
Felipe Argote: Claro que tiene sentido. En Costa Rica destinan 8 % del PIB por mandato constitucional, y por eso están mejor. No se puede fijar el porcentaje según la capacidad del ministro: si fuera así, sería cero. La falta de ejecución es culpa del gobierno, no de los docentes ni de los estudiantes. Panamá dice invertir 7 %, pero en realidad ejecuta solo 3.8 %. Las escuelas se caen a pedazos porque el dinero no se usa, no porque sobre.
Eric Molino: No tiene sentido atarlo al PIB, porque el PIB no es ingreso ni gasto. Ese cálculo crea rigideces financieras. La UNESCO recomienda medirlo como porcentaje del gasto total, entre 15 % y 20 %, lo que es más realista. Además, la capacidad de ejecución varía: el MEDUCA no logra usar sus fondos, pero otras instituciones educativas sí podrían hacerlo. La asignación debe basarse en ingresos reales y resultados comprobados, no en un porcentaje del PIB.
Recortes a universidades e institutos técnicos (como el ITSE): ¿cómo se justifican y qué mensaje envían a los jóvenes que podrían quedarse sin cupo?
Felipe Argote: No hay justificación alguna. Las únicas universidades panameñas reconocidas internacionalmente son la Tecnológica y la de Panamá, y son precisamente las más golpeadas. Reducir sus presupuestos, junto al del ITSE y SENACYT, demuestra una intención deliberada de frenar la educación. No es un recorte por falta de dinero: el presupuesto total crece 16 %, pero se concentra en gasto político y deuda. Quitarle fondos a las universidades es una de las mayores barbaridades de este gobierno.
Eric Molino: Los recortes deben evaluarse caso por caso. Instituciones como el ITSE han sido eficientes y valoradas por el sector privado, pero otras, como la UNACHI, enfrentan cuestionamientos por nepotismo, altos salarios y mala gestión. El presupuesto no puede ser un cheque en blanco: debe asignarse según resultados medibles —graduados, calidad docente y eficiencia administrativa—. La educación necesita fondos, pero también rendición de cuentas y buena gobernanza.
¿Crear nuevas universidades con altos costos administrativos o fortalecer las existentes?
Felipe Argote: Hay que fortalecer las universidades existentes, no crear más. Lo que falta es inversión en investigación, robótica e inteligencia artificial para preparar mejor a los jóvenes. El gobierno hace lo contrario: asfixia la educación, debilitando a la clase media y, con ello, al propio sector privado. Menos educación significa menos demanda y menos desarrollo.
Eric Molino: Fortalecer las que ya existen. Crear nuevas universidades solo agranda la burocracia y la planilla. Primero hay que reformar y despolitizar las actuales, mejorar su gobernanza y medir resultados frente a estándares comparables. Panamá debe abandonar la costumbre de crear instituciones para tapar problemas: eso solo aumenta la deuda, la ineficiencia y la corrupción.
Con una deuda que crece aproximadamente $16 millones diarios, ¿es realista lograr superávit en 5 años?
Felipe Argote: El superávit no debe ser un fin en sí mismo. Países desarrollados como EE. UU., Francia o Japón viven con déficit mucho mayores. Lo importante no es tener las cuentas en azul, sino usar bien la deuda: endeudarse para invertir en infraestructura y bienestar, no para despilfarrar o robar. De nada sirve un superávit si la gente pasa hambre y no hay educación ni salud.
Eric Molino: No es realista pensar en superávit en cinco años. El objetivo debe ser reducir gradualmente el déficit hasta equilibrar las cuentas, no generar excedentes. Hay que controlar el gasto corriente y enfocar la deuda en inversión productiva. Si en algún momento sobra dinero, debe usarse para pagar deuda o cerrar brechas de infraestructura, no para expandir el aparato estatal.
Para equilibrar las cuentas: ¿subir, mantener o bajar impuestos?
Felipe Argote: En una economía desacelerada no se deben subir los impuestos, ni a ricos ni a pobres. Tampoco bajarlos, porque agravaría el déficit. Hay que mantenerlos y, en cambio, impulsar la inversión pública —especialmente en infraestructura— para reactivar la economía y así aumentar la recaudación de manera natural. Subir impuestos en este contexto sería un error.
Eric Molino: No hay que subir impuestos, sino ampliar la base tributaria. Más de 770 mil personas trabajan en la informalidad y no aportan impuestos ni seguro social. Hay que facilitar su formalización y eliminar exoneraciones ineficientes que actúan como subsidios. Mejorar la recaudación, reducir la evasión y simplificar el sistema es la clave: subir impuestos no garantiza más ingresos si el sistema sigue siendo ineficiente.
Exoneraciones y subsidios: ¿mantener, revisar o eliminar? ¿Cómo evitar el “juega vivo”?
Felipe Argote: Eliminaría todas las exoneraciones y casi todos los subsidios, salvo los que benefician directamente a la población, como el del gas y el del metro, que ayudan a redistribuir riqueza. Los subsidios deben ser focalizados, no generalizados: nada de regalar dinero a quien no lo necesita. El agro y las empresas “zombie” no deberían seguir recibiendo fondos públicos.
Eric Molino: Hay que eliminar muchas exoneraciones y subsidios, pero hacerlo de forma gradual y evaluando resultados. Los subsidios deben ser temporales y medirse por su impacto: sirven solo si ayudan a la gente a salir de la pobreza. Los incentivos, en cambio, son útiles si generan crecimiento autosostenible. Primero habría que eliminar las exoneraciones empresariales ineficientes y mejorar la fiscalización para evitar evasión y “juega vivo”.
Impuesto sobre la renta: ¿es justo el nivel actual de exención a asalariados?
Felipe Argote: El nivel de exención debe definirse con base en análisis y planificación, no en ideología. Los impuestos deben aplicarse sin afectar el poder adquisitivo ni la demanda, porque eso termina perjudicando a la economía. Para determinar quién debe pagar, hay que estudiar el impacto real sobre los ingresos y el consumo, no aplicar fórmulas simplistas donde los ricos terminan pagando proporcionalmente menos que los pobres.
Eric Molino: Yo no creo en los tramos progresivos del impuesto sobre la renta. Yo propongo una tasa única proporcional, como el ITBMS: todos pagan el mismo porcentaje según lo que ganan. Los sistemas progresivos incentivan la evasión y reducen la recaudación, mientras que un esquema plano y simple haría más justo y eficiente el cobro, eliminando mecanismos sofisticados para evitar impuestos.
Exoneraciones a empresas (incluidas multinacionales que tributan afuera): ¿repensarlas?
Felipe Argote: Aquí las empresas nacionales pagan todo: impuestos, seguro, tasas municipales, y si no, las multan. Mientras tanto, a las transnacionales se les regala todo. Eso no solo es injusto, es un error económico. Las empresas deben venir por el crecimiento y la demanda, no porque les regalen el país. Mira el caso de la minera: se llevó miles de millones en minerales —oro, cobre, molibdeno, plata— y nadie sabe si ha pagado un centavo. Nadie le pregunta al presidente dónde está esa plata.
Eric Molino: Yo creo que las exoneraciones deben medirse según si lo que se deja de recaudar se compensa con la actividad económica que generan. Si una multinacional no paga impuestos, pero crea empleos, consumo e ingresos al fisco por otras vías, entonces la exoneración cumple su objetivo. Lo que hay que hacer es evaluar cuáles programas son un beneficio neto para el país y cuáles no. Muchas multinacionales sí han generado empleos y encadenamientos locales que justifican el incentivo; las que no, deben revisarse.
DGI hoy: del 1 al 5, ¿cómo la califica y qué cambiaría?
Felipe Argote: No es mi especialidad, así que no puedo calificar con certeza si la DGI está haciendo bien su trabajo. Pero si hay tanta evasión, tiene que actuar con más fuerza. Cuando hasta el presidente dice “¿tú no sabes quién soy yo?” ante una pregunta sobre factura, eso demuestra la actitud equivocada. Si la DGI fuera más firme, solo con anunciar que van a perseguir a los evasores, muchos empezarían a pagar.
Eric Molino: Históricamente le pondría un 3. La DGI necesita modernizarse, simplificar el pago y mejorar la fiscalización. En otros países es mucho más fácil para un emprendedor cumplir con sus impuestos. Entiendo que hay esfuerzos en marcha, pero aún es pronto para medir resultados. Se necesitan cambios estructurales, personal capacitado y más tecnología. Hoy pagar impuestos en Panamá es complicado, y mientras más trabas haya, más informalidad y evasión tendremos.
Con una presión fiscal relativamente baja, ¿debe aumentarse? ¿Ampliar base o subir tasas?
Felipe Argote: Eso es relativo. La presión fiscal puede ser baja para los multimillonarios, pero para la clase media es alta y para las pequeñas empresas es asfixiante. Muchas cierran porque no pueden pagar impuestos ni al municipio. Así que no es cierto que la presión sea baja para todos: en un país con una de las peores distribuciones de riqueza, no se puede medir con una sola vara.
Eric Molino: La presión fiscal mide la recaudación sobre el PIB, y subir impuestos no garantiza más ingresos. Lo que hay que hacer es ampliar la base: atraer más empresas, formalizar a los informales y facilitar el pago. Eso aumentaría la recaudación sin ahogar la economía. Subir tasas como el ITBMS o el impuesto sobre la renta sería contraproducente: reduce el consumo y desincentiva la inversión. Lo correcto es hacer más fácil pagar y reducir la evasión para que más gente contribuya.
CSS: ¿una nueva reforma la arregla o la empeora? ¿Qué haría distinto?
Felipe Argote: El Seguro hay que rehacerlo desde cero. Nunca se hizo un estudio serio ni se presentó data; todo fue improvisado. Se aplicó un sistema nocional copiado de Suecia, sin sustento, y hoy el propio director admite que el programa de enfermedad y maternidad quiebra en dos años. No hay estados financieros, el gobierno no ha puesto los 960 millones prometidos y el déficit sigue creciendo. Si no se hace nada, quiebra en siete años.
Eric Molino: La nueva ley es mejor que la anterior, aunque no perfecta. Yo hubiera mantenido las cuentas individuales y me habría enfocado en aumentar los rendimientos de las inversiones de la Caja. Hay buenas prácticas internacionales —como en Dominicana o Costa Rica— donde los fondos de pensiones rinden más del doble que aquí. La discusión debió centrarse en eso, no en la política. La ley 462 mejora lo que había y le da más sostenibilidad al sistema.
Tres reformas estructurales urgentes (fiscal, institucional, educativa) y, en una frase, el rumbo económico para crecer sin agrandar la desigualdad.
Felipe Argote: Este país no necesita reformas aisladas, necesita una estrategia nacional. Singapur planifica a 50 años; Panamá, según cómo amanezca el presidente. No hay rumbo. Este gobierno entró sin plan, sin partido ni coherencia, lleno de libertarios que admiran a Petro y a Lula. Así no se puede reformar nada. Primero hay que sentarse a construir una estrategia país a 20, 30 o 50 años, que incluya reformas constitucionales y estructurales en todos los niveles.
Eric Molino: El principal obstáculo para el desarrollo es la corrupción. Hay que aprobar una ley anticorrupción y de gobernanza que dé transparencia total en los tres poderes del Estado y restablezca la confianza, clave para atraer inversiones. También debemos actualizar leyes desfasadas como la de educación (de los años 40) y el código laboral (de los 70), que hoy frenan la innovación. Y necesitamos una ley de responsabilidad fiscal moderna, con presupuestos basados en resultados, proyecciones de largo plazo y un mínimo obligatorio de inversión para contener el gasto corriente.
PERFILES
Felipe Argote: Economista panameño con especialización en administración y finanzas. Ha sido profesor, consultor y escritor, con presencia mediática en temas económicos nacionales.
Eric Molino: Economista enfocado en desarrollo, política pública y finanzas públicas. Está vinculado a estudios académicos (Quality Leadership University Louisville y Universidad de Chile) y participa en el debate público panameño sobre la gestión económica del Estado.
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Por: Flor Mizrachi
Periodista
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