Reglamento de la Asamblea: privilegios intactos y más poder
6 de Agosto de 2026
Por: Diputado 72
Exclusivo para Contrapeso
La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 594, que reforma su Reglamento Interno. La iniciativa nació de la unificación de 18 anteproyectos y fue discutida durante meses en la Comisión de Credenciales.
La reforma debía modernizar la institución, ordenar sus planillas, fortalecer la transparencia y establecer consecuencias para quienes incumplen sus responsabilidades. Pero, en el pleno, cambió de rumbo.
Durante el segundo debate se presentaron más de 120 modificaciones: 30 fueron aprobadas y 74 rechazadas. Varias buscaban controlar las ausencias, el nepotismo y privilegios históricos.
El resultado deja un contraste claro: los diputados rechazaron controles sobre ellos mismos, pero aprobaron una disposición que amplía su intervención en proyectos públicos dentro de sus circuitos.
El que no va, igual cobra
El pleno eliminó la propuesta que descontaba un día de remuneración al diputado que faltara sin justificación, impidiera el quórum o no habilitara a su suplente.
Así, las ausencias injustificadas seguirán sin afectar los cerca de 7,000 dólares mensuales que reciben entre salario y gastos de representación.
Quienes rechazaron la medida alegaron que el trabajo legislativo también se realiza fuera del pleno y en los circuitos.
Es cierto. Pero representar a una comunidad no elimina la obligación de asistir, debatir y votar. La discusión era si una ausencia injustificada debía afectar el pago. La mayoría decidió que no.
Nepotismo sin un freno claro
También se eliminó la prohibición de contratar en la Asamblea a familiares de los diputados hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ya fuera en cargos permanentes, transitorios o por servicios profesionales.
Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, promovió su eliminación alegando que los nombramientos son formalizados por la Presidencia de la Asamblea y no por cada diputado.
El argumento explica quién firma, pero no quién recomienda o solicita el nombramiento.
Sin una prohibición expresa, la puerta para contratar familiares permanece abierta.
También se descartó responsabilizar a cada diputado por la asistencia del personal asignado a su despacho.
Cada uno dispone de hasta 20,000 dólares mensuales para contratar personal. Sin controles claros sobre parentesco, asistencia y funciones, la pregunta sigue siendo quién está en la planilla, qué trabajo realiza y por qué el Estado debe pagarle.
El verdadero gol: gestionar obras
Mientras eliminaban controles sobre ausencias y nombramientos, los diputados aprobaron una modificación propuesta por Camacho que les permite gestionar, impulsar y fiscalizar proyectos y programas en sus circuitos.
La disposición incluye carreteras, puentes, agua potable, electrificación, escuelas e instalaciones deportivas. El personal de sus despachos también podrá apoyarlos en esas gestiones.
Ese fue el principal gol introducido durante el debate.
La gestión de obras no aparece expresamente entre las funciones constitucionales de los diputados. Su papel es legislar, fiscalizar y representar.
Un diputado puede denunciar la falta de agua, exigir información o fiscalizar una carretera abandonada. El problema surge cuando representar se convierte formalmente en gestionar.
Los diputados no licitan, contratan ni ejecutan obras. Tampoco les corresponde decidir qué comunidad recibe primero una carretera, una escuela o un acueducto. Esas funciones pertenecen a las instituciones ejecutoras, los municipios y las juntas comunales.
El artículo 158 de la Constitución también les prohíbe gestionar negocios ante órganos, instituciones o empresas estatales.
Eso no permite afirmar todavía que la nueva disposición sea inconstitucional. La palabra “negocios” tiene un alcance jurídico específico y la norma no ha sido examinada por la Corte Suprema.
Pero la pregunta queda abierta: ¿hasta dónde podrá llegar un diputado cuando su propio reglamento le reconoce la facultad de gestionar obras ante instituciones públicas?
El riesgo político es más evidente. Durante años, las partidas circuitales permitieron que diputados influyeran sobre recursos destinados a sus comunidades y presentaran las obras públicas como favores personales.
La nueva atribución podría revivir esa dinámica con otro nombre: el diputado como intermediario de proyectos que no ejecuta y de recursos que no le pertenecen.
Una carretera, un acueducto o una escuela no son regalos de un diputado. Son obligaciones del Estado.
Suplentes dentro de la planilla
El proyecto mantiene la posibilidad de nombrar a diputados suplentes como funcionarios administrativos de la Asamblea.
La Corte Suprema ha establecido que no tienen derecho a salarios, dietas o pagos permanentes por el solo hecho de ser suplentes. Solo deben recibir remuneración cuando reemplazan al diputado principal.
Eso no significa que tengan prohibido ocupar cualquier otro cargo público. Sin embargo, nombrarlos dentro de la Asamblea puede permitir que permanezcan remunerados, aunque no estén ejerciendo la suplencia.
La legalidad dependerá del cargo, las funciones y el trabajo realizado. La reforma pudo establecer controles claros para evitar conflictos de interés, pero no lo hizo.
Comisiones sin consecuencias
También se eliminó la prohibición de reelegir como presidente de una comisión a quien incumpliera el mínimo de cuatro reuniones mensuales.
Las comisiones deciden qué proyectos avanzan, cuáles se consultan y cuáles permanecen archivados.
Con el cambio, un presidente podrá incumplir el mínimo de reuniones y volver a aspirar al cargo. La obligación se mantiene, pero desaparece la consecuencia.
Carros exonerados
Los diputados rechazaron eliminar la exoneración de impuestos para importar vehículos.
El beneficio les permite introducir hasta dos automóviles libres de impuestos durante cada periodo constitucional, para uso propio o de familiares dependientes.
Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, 19 diputados importaron 20 vehículos y el Estado dejó de recibir más de 208,000 dólares.
La cifra no resolverá el déficit fiscal. Ese no es el punto. Quienes aprueban impuestos y piden sacrificios a la población mantienen un beneficio que nada tiene que ver con legislar.
También permanecen privilegios como las franquicias postal y telefónica.
El orden del día seguirá siendo negociable
El pleno rechazó discutir los proyectos de ley en estricto orden cronológico.
La propuesta buscaba impedir que iniciativas nuevas avanzaran rápidamente mientras otras esperan durante meses o años.
La Asamblea conservará la facultad de alterar el orden del día y priorizar proyectos según las mayorías, urgencias y acuerdos políticos.
Atender asuntos urgentes puede ser necesario. Pero, sin criterios transparentes, la flexibilidad se convierte fácilmente en discrecionalidad.
Protestar sí tendrá límites
Mientras rechazaban controles sobre ausencias, familiares y privilegios, los diputados aprobaron prohibir papeletas, rótulos y carteles en las curules, muebles y paredes del hemiciclo.
Esos carteles han sido utilizados por distintas bancadas como forma de protesta o para fijar posiciones durante las sesiones.
El reglamento tendrá una respuesta clara para un cartel sobre una curul, pero no para un diputado que falta injustificadamente, una comisión que no se reúne o un familiar incorporado a la planilla.
Las prioridades también se legislan.
Una reforma a la medida
El proyecto 594 todavía debe pasar por tercer debate y puede sufrir nuevas modificaciones antes de convertirse en ley.
La reforma conserva algunos avances administrativos, pero su paso por el segundo debate dejó una señal difícil de ignorar.
Cuando se discutieron descuentos por ausencias, límites al nepotismo, controles sobre las planillas y eliminación de privilegios, la mayoría encontró razones para rechazarlos.
Cuando apareció la posibilidad de gestionar obras en los circuitos, encontró los votos para aprobarla.
La Asamblea tuvo la oportunidad de corregir reglas que alimentan la desconfianza ciudadana. En cambio, conservó buena parte de sus beneficios y amplió el espacio para que los diputados intervengan en funciones que corresponden a otras instituciones.
Estas reglas determinan cómo trabajan, cuánto cobran, a quién contratan y hasta dónde pueden llegar quienes ejercen el poder.
Las partidas circuitales no necesitan regresar con el mismo nombre para producir los mismos resultados.
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