Duro revés para Benicio Robinson
8 de Julio de 2026
Por: Diputado 72
Exclusivo para Contrapeso
El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó el proyecto de ley promovido por el diputado del PRD, Benicio Robinson, que buscaba flexibilizar la prohibición de realizar construcciones e intervenciones en arrecifes coralinos y pastos marinos. La propuesta otorgaba al Ministerio de Ambiente la facultad de definir las condiciones bajo las cuales podrían autorizarse estas actividades, modificando el esquema de protección establecido en la legislación vigente.
El Proyecto de Ley 571 fue devuelto a la Asamblea Nacional con objeciones por inconveniencia e inexequibilidad, respaldadas por un informe técnico elaborado por el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Estación Científica Coiba y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). El documento concluyó que la iniciativa podría provocar una reducción significativa de los pastos marinos y alertó sobre los riesgos que representaría para la biodiversidad marina del país.
En su decisión, el Ejecutivo sostuvo que la propuesta no establecía criterios técnicos claros para la emisión de autorizaciones de intervención en ecosistemas marinos. Además, advirtió que la redacción relacionada con el concepto de perjuicio o “daño directo” presentaba deficiencias jurídicas que dificultarían la aplicación de sanciones ante posibles afectaciones ambientales.
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) señaló que el debate aún no ha concluido, ya que el diputado proponente podría insistir en la aprobación de la iniciativa con el respaldo de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. La organización destacó que la protección de estos ecosistemas requiere vigilancia constante e hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en la conservación de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y los ecosistemas asociados.
El proyecto fue impulsado por Benicio Robinson y su hijo (suplente), Benicio Robinson Jr., y fue aprobado en el período legislativo anterior con 46 votos a favor en tercer debate.
La discusión gira en torno a la Ley 304 del 31 de mayo de 2022, que establece la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociadas. La norma busca garantizar la conservación, restauración y uso sostenible de estos ambientes, reconociendo su importancia para la biodiversidad y para el derecho de la población a disfrutar de un ambiente sano.
Uno de los puntos centrales del debate es el artículo 12 de esa legislación, que prohíbe la construcción, modificación o cualquier actividad en arrecifes coralinos, pastos marinos y ecosistemas asociados que pueda causar daños irreversibles a su equilibrio ecológico. La reforma planteada proponía que el Ministerio de Ambiente determinara, bajo ciertos criterios, los casos en los que podrían autorizarse intervenciones.
Durante los tres debates legislativos, los promotores de la iniciativa defendieron la necesidad de adaptar la normativa a las condiciones económicas de regiones como Bocas del Toro, donde el turismo, el buceo y la pesca artesanal constituyen importantes fuentes de ingreso. Sin embargo, sectores ambientalistas cuestionaron la propuesta al considerar que debilitaba las salvaguardas establecidas para proteger ecosistemas altamente vulnerables.
La controversia también ha estado vinculada a una concesión marítima otorgada en 2023 a la empresa Petrocar, S.A., una sociedad relacionada con el entorno familiar de Robinson. Según registros oficiales, la concesión autoriza el uso de 877.75 metros cuadrados de fondo marino en Chiriquí Grande, Bocas del Toro, para la ampliación de infraestructura destinada al suministro de combustible. La representante de la empresa es Mirza Gutiérrez de Robinson, esposa del diputado Benicio Robinson.
Críticos de la reforma sostienen que una eventual aprobación por insistencia abriría la puerta a nuevas intervenciones en áreas sensibles de la provincia, caracterizada por la presencia de extensos arrecifes coralinos y pastos marinos. Por su parte, los defensores del proyecto argumentan que la modificación buscaba compatibilizar la conservación ambiental con el desarrollo económico de la región.
Con el veto presidencial, el futuro de la iniciativa queda ahora en manos de la Asamblea Nacional, que deberá decidir si acoge las objeciones del Ejecutivo o intenta rescatar el proyecto mediante el mecanismo de insistencia legislativa.
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