18 de noviembre de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
En dos ocasiones, los contratos leyes que autorizaron la explotación de la mina de cobre, oro, plata y molibdeno de Donoso, en la provincia de Colón, fueron declarados inconstitucionales de forma unánime por la Corte Suprema de Justicia. La primera vez, en diciembre de 2017, y la segunda ocasión, en noviembre de 2023.
Los dos fallos de inconstitucionalidad coinciden en reconocer una deficiencia fundamental de los contratos mineros, que fue la falta de una licitación pública competitiva para escoger a la empresa que se encargaría de desarrollar la operación minera. Además, los fallos de inconstitucionalidad enfatizaron que el Estado era tratado como subalterno de la empresa minera y no como su superior jurídico, un principio fundamental de esa clase de contratos.
La amenaza de los arbitrajes
En su discurso de 7 minutos, el mandatario de Panamá justificó la necesidad de entablar estas negociaciones para la reapertura de la mina debido a la amenaza que enfrenta Panamá por los arbitrajes internacionales de la propia First Quantum Minerals Ltd. y Franco Nevada Corporation, principalmente. Aquí es importante entender que un proceso arbitral es una reclamación por daños y perjuicios y una táctica de presión para obtener una negociación favorable. Existen empresas que usan el arbitraje como una fuente adicional de ingresos, como pasó en los procesos arbitrales contra la Autoridad del Canal de Panamá por la construcción del tercer juego de esclusas. Un grupo de las empresas constructoras demandó en distintos foros arbitrales con la intención de obtener más dinero de la Autoridad del Canal de Panamá, pero fracasaron.
En el caso de la mina, se han interpuesto procesos arbitrales en contra del Estado panameño en la Cámara de Comercio Internacional y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Alguien que estuviera confiado de que sus reclamaciones están fundamentadas no enviaría la señal de usar múltiples jurisdicciones arbitrales.
En el contrato Ley 406 del 20 de octubre de 2023, en su cláusula XLVI (cuadragésima sexta), en su tercer párrafo dice lo siguiente:
«Cualquier controversia o reclamación entre LA CONCESIONARIA y EL ESTADO que surgiera o que estuviera relacionada con este Contrato, o con su cumplimiento, salvo controversias que se refieran a la guarda de la integridad de la Constitución Nacional de la República de Panamá, deberá ser resuelta por arbitraje internacional, en derecho de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional...»
Lo anterior significa que cuando una decisión de inconstitucionalidad sea la causa de la terminación de la relación jurídica, Panamá cuenta con un blindaje para impedir que la controversia vaya a un tribunal arbitral. Además, existen daños ambientales y aspectos financieros de la relación entre el Estado y la empresa minera que no han sido apropiadamente contabilizados. Si las empresas demandantes estuvieran tan seguras de que iban a ganar sus arbitrajes, no estarían interesadas en la reapertura de la mina.
La moratoria minera
La Ley 407 del 3 de noviembre de 2023 estableció una moratoria indefinida a la actividad de la minería metálica en la República de Panamá. En su artículo 4 dice lo siguiente:
«Ninguna concesión de exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos será renovada o prorrogada a partir de la promulgación de la presente Ley».
Los lectores sagaces asumirán que la forma de burlar este artículo es evitando el uso de una «concesión». Veamos cómo define este término el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico:
«Acto administrativo que implica el otorgamiento del derecho de explotación o gestión, por un período determinado, de bienes y servicios por parte de una administración pública o empresa a otra, generalmente privada».
Esto significa que no importa el nombre que se le ponga al acto jurídico que autorice la reapertura oficial de la mina de cobre de Donoso, ese acto jurídico será una concesión. Si el artículo 4 de la Ley 407 de 2023 sigue vigente para entonces, dicha concesión será ilegal.
El cierre ordenado
Si Panamá no tiene por qué temerles a los arbitrajes y legalmente no se pueden otorgar concesiones para la explotación minera, entonces, ¿cómo se va a cerrar la mina? La respuesta corta es que el cierre lo va a tener que pagar FQML. Si no hace tal labor de forma voluntaria, el Estado panameño tendrá que demandar a dicha empresa. Una entidad multinacional sumamente sofisticada, que está dedicada a la minería metálica, sabe desde el primer día de la operación de sus minas que tiene que prepararse para el cierre «ordenado» de dicha operación minera. Lo usual es que los sitios de explotaciones mineras ubicados en zonas desérticas o semiáridas quedan abandonados o, en los casos de responsabilidad empresarial, reciben una intervención mínima que los deja seguros para las comunidades cercanas y los ecosistemas.
El cierre de una mina en un trópico húmedo con los niveles de lluvia y la topografía del área de Donoso es un verdadero dolor de cabeza. Ese era un riesgo que conocía la empresa minera cuando compró esa concesión en el año 2013. En ese año, ya había dos demandas de inconstitucionalidad contra el contrato minero, las que fueron falladas en diciembre de 2017. Si la Corte Suprema de Justicia hubiera actuado con diligencia, esa concesión hubiera fenecido antes de que el monto de la inversión y el nivel del daño ambiental fueran mayúsculos. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela tampoco fue diligente y alargó la vida de la concesión, en vez de cerrar de forma responsable la actividad minera antes de que iniciara la explotación. Se ignoró a la Corte Suprema y la empresa siguió invirtiendo, sacando producto y aumentando su huella ambiental. El gobierno de Laurentino Cortizo le dio otro contrato, que fue nuevamente anulado por las mismas razones que el primer contrato y por otra veintena de falencias constitucionales.
La apuesta del gobierno de José Raúl Mulino es que se va a poder reactivar la mina sin mayores protestas y con un clima social pasivo. Esa apuesta implica que la Corte Suprema de Justicia no declare inconstitucional por tercera vez esta relación jurídica entre el Estado y la empresa minera. Los riesgos jurídicos de lo que el actual gobierno pretende realizar son elevados. Por una parte, hay un desafío implícito tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Asamblea Nacional. Sumado a esto, hay otro desafío contra los cientos de miles de panameños y panameñas que protestaron contra la actividad minera. Además, existe un importante riesgo jurídico dentro de la estrategia gubernamental de evitar a la Asamblea Nacional para que no sea esta la que tenga que aprobar el contrato minero. Ese riesgo es que el resultado de la negociación sea un mamotreto, un bodrio jurídico en el cual la posición de Panamá quede tan debilitada frente a la empresa que, en un arbitraje futuro, el país quede en un alto riesgo de tener que responder por decenas de miles de millones de dólares de lucro cesante.
Ninguna empresa seria aceptará un acuerdo administrativo cuya validez quedaría en duda a la medianoche del 30 de junio de 2029, cuando un nuevo gobierno tome posesión. Lo que Panamá se juega es caer en una trampa innecesaria en la que el país quede condenado a aceptar lo que la empresa minera quiera, con un Estado de derecho fracturado, una sociedad civil debilitada y un sistema democrático partido entre los que se oponen a la explotación minera y los que la favorecen. Un aforismo jurídico que se enseña en las facultades de derecho dice que «más vale un mal acuerdo que un buen litigio». Si el gobierno del presidente Mulino no cambia de dirección en esta materia, Panamá está destinada a enfrentar grandes litigios por un mal acuerdo.
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