Los taxistas también querrían esa ley

16 de noviembre de 2026

Por: Carlos Barsallo

Exclusivo para Contrapeso


Una reciente sentencia del Tribunal Supremo de España ofrece una buena oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad penal de quienes prestan servicios profesionales. También para revisar ciertas disposiciones legales panameñas que, con la intención de proteger el ejercicio de determinadas profesiones, pueden terminar anticipando conclusiones que deberían corresponder a los jueces.

El 9 de octubre de 2026, el Tribunal Supremo español, mediante sentencia número 604/2026, confirmó la condena de un asesor fiscal que ayudó a su cliente a simular una residencia tributaria en Luxemburgo, cuando realmente vivía en Madrid. El asesor fiscal tuvo una participación activa en la construcción y mantenimiento de la apariencia de residencia.

Entre 2010 y 2013, el contribuyente utilizó esa residencia ficticia para dejar de pagar más de un millón de euros en impuestos. El asesor no se limitó a ofrecer una opinión profesional. Participó activamente en la construcción y mantenimiento de la apariencia de residencia extranjera.

El cliente fue condenado como autor del delito fiscal. El asesor, como cooperador necesario.

La distinción importa.

No se condenó al asesor por ser asesor. Tampoco por el simple hecho de prestar servicios profesionales a alguien que cometió un delito. Se examinó su intervención concreta y se concluyó que había contribuido de manera esencial a la ejecución del fraude.

No es la profesión la que determina la complicidad. Son los hechos.

En Panamá tenemos antecedentes interesantes.

La Ley 2 de 2011, sobre medidas para conocer al cliente por parte de los agentes residentes de entidades jurídicas, establecía en su artículo 17 que el agente residente, por el solo hecho de prestar sus servicios, no sería considerado autor o cómplice de su cliente, aunque este resultara culpable de infracciones administrativas, civiles, penales o tributarias.

La disposición buscaba evitar que la responsabilidad del cliente se trasladara automáticamente al abogado que actuaba como agente residente.

Ese objetivo era legítimo. Nadie debería responder penalmente por el delito ajeno simplemente por haber constituido una sociedad o prestado un servicio profesional lícito.

Pero la redacción también planteaba una pregunta fundamental: ¿hasta dónde puede llegar el legislador al anticipar quién no será cómplice? Esto lo traté de forma crítica en mi conferencia titulada: Algunas novedades en materia de levantamiento del velo corporativo. Algunos comentarios a normativa sobre conozca a su cliente (abogados), dictada en el seminario organizado por Sistemas Jurídicos S.A. en Panamá el 13 de junio de 2012.

La Ley 2 de 2011 fue derogada por la Ley 254 de 2021, en un contexto de crecientes exigencias internacionales de transparencia, debida diligencia y prevención del blanqueo de capitales.

Aunque aquella disposición específica desapareció, el problema de las protecciones anticipadas resurge, con matices, en el Código de Procedimiento Tributario. Esto me lo ha recordado un estudioso colega, especialista en temas tributarios.

El Código de Procedimiento Tributario panameño, aprobado mediante Ley 76 de 2019, contiene disposiciones que merecen examinarse a la luz de este precedente.

Su artículo 266 define al cómplice de un ilícito tributario atendiendo a su participación directa e intencional y a la importancia determinante de su contribución. El artículo 267, por su parte, establece que determinadas opiniones, estudios y dictámenes profesionales no constituyen participación en ilícitos tributarios y excluye de la complicidad los estudios sobre alternativas de tributación fundamentados en argumentos razonables. El artículo 269, numeral 7, contempla además eximentes vinculadas a la diligencia y la interpretación razonable de las normas.

Proteger el asesoramiento profesional legítimo es necesario. Pero surge una pregunta: ¿qué sucede cuando, detrás de una aparente opinión profesional, existe una participación consciente y decisiva en la ejecución de un delito?

La respuesta no debería depender de la profesión ni de la denominación del servicio. Debería depender de los hechos.

Lo que en 2011 se planteaba para los agentes residentes, y cuya disposición fue posteriormente derogada, encuentra hoy un interesante punto de comparación en la legislación tributaria.

No son normas idénticas. Pero ambas invitan a reflexionar sobre los límites de las protecciones legales frente a la responsabilidad individual.

Una disposición de no complicidad por el solo hecho de prestar el servicio puede generar problemas interpretativos (efecto de inmunidad de facto, desincentivo a examinar la conducta concreta, tensión con el principio de responsabilidad individual).

El problema no es proteger al profesional que actúa legítimamente. El problema aparece cuando esa protección se interpreta como una inmunidad anticipada, sin examinar qué hizo realmente, qué sabía y cuál fue su contribución.

Aquí cabe una comparación que puede parecer exagerada, pero resulta ilustrativa.

A los taxistas también les encantaría tener una disposición semejante.

Imaginemos una ley que dijera: “El conductor de un taxi, por el solo hecho de prestar servicios de transporte, no podrá ser considerado cómplice de los delitos cometidos por sus pasajeros”.

Un taxista que transporta inocentemente a alguien que acaba de robar un banco no debería ser condenado. Naturalmente.

Pero ¿qué sucede si sabía del robo, participó en su planificación, esperaba a los delincuentes con el motor encendido y tenía acordada la ruta de escape?

¿Bastaría invocar que solamente prestaba un servicio de transporte?

Evidentemente, no.

Lo mismo debería ocurrir con abogados, contadores, asesores tributarios, agentes residentes y cualquier otro profesional.

La complicidad no puede presumirse por la profesión. Pero tampoco puede descartarse por ella.

En derecho penal existen distintas formas de participación. La cooperación necesaria, como la examinada por el tribunal español, supone una contribución indispensable para la ejecución del delito. Otras formas de complicidad pueden involucrar ayudas que, sin ser indispensables, facilitan su comisión.

En ambos supuestos importan el conocimiento, la voluntad y la contribución efectivamente realizada, conforme a los requisitos de cada legislación.

La prestación de un servicio profesional ordinario no convierte automáticamente a nadie en delincuente. Pero utilizar ese servicio conscientemente para facilitar un delito tampoco debería otorgar protección especial.

Las presiones internacionales han impulsado a Panamá a revisar normas que ofrecían protecciones a determinadas actividades profesionales. Sería un error considerar que el problema está definitivamente resuelto mientras subsistan disposiciones susceptibles de interpretarse como exoneraciones anticipadas.

La solución no consiste en criminalizar profesiones ni en eliminar garantías. Consiste en aplicar las reglas generales de responsabilidad penal, respetando la presunción de inocencia y examinando cada caso.

Ni cómplices automáticos ni inocentes por disposición anticipada.

La ley puede definir los elementos del delito y proteger los actos profesionales legítimos. Lo que no debería hacer es sustituir anticipadamente el examen judicial de la conducta.

Porque si aceptamos que determinadas profesiones merecen una declaración previa de no complicidad, será difícil explicar por qué otras no.

Y entonces, con toda razón, los taxistas también querrán su propia ley.

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