China, Panama Ports y Estados Unidos: las velas de este entierro
8 de Febrero de 2026
Exclusivo para Contrapeso
Varios meses atrás señalé que era conveniente para el interés nacional anular el contrato entre el Estado panameño y PPC Ports, subsidiaria del consorcio de Hong Kong, CK Hutchison. Las anomalías en la negociación e implementación del acuerdo han sido y son públicas y notorias. La extraordinaria ausencia de supervisión e interés de distintos gobiernos panameños resultó en que, por 18 años, el único pago reportado de PPC al Tesoro Nacional fuese de un millón de dólares, aunque contractualmente la suma debió ser superior. A pesar de ser Panamá la dueña del 10% de las acciones, desde 1997 el total pagado a la Nación es de solo 128 millones.
Aún sugiere un chanchullo la equiparación otorgada a PPC Ports en 2003 por el gobierno de Mireya Moscoso y, en 2021, la incomprensible manera en que el gobierno de Laurentino Cortizo permitió la renovación automática del contrato a esa compañía para administrar el puerto de Balboa, en el sector Pacífico, y el puerto de Cristóbal, en el sector Atlántico del Canal de Panamá.
Al igual que ocurrió en el caso de la mina de cobre, nuestra esquizofrénica Corte Suprema de Justicia anuncia otro fallo tardío y sospechoso (aunque en mi opinión sea el adecuado) y anula el desfavorable contrato, hecho que provocó inmediatas reacciones internacionales, a favor y en contra. Incluso una entidad con la que Panamá no tuvo nada que ver directamente, el gobierno de la República Popular China, ha manifestado su oposición e inconformidad con el fallo. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos manifestó su júbilo porque la decisión judicial pareciera apoyar el falso argumento de que el Canal era operado por los comunistas.
Las recientes amenazas de Pekín a Panamá parecen confirmar, por su protagonismo, la influencia de ese país sobre los que han sido identificados como inversores y/o propietarios de las compañías que operan puertos en el Canal de Panamá, hecho que daría credibilidad a las infundadas declaraciones que aseguran un control comunista de la vía interoceánica.
Lo cierto es que la China comunista no debe tener vela en el entierro de un contrato que en nada beneficia al interés de Panamá. Eso no le debe concernir y sus intimidaciones deben ser rechazadas de plano, como en efecto lo ha hecho públicamente el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
Todo este enredo, al igual que ocurrió con el otro chanchullo de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, operada por Quantum Minerals, pudo y debió haber sido evitado desde hace décadas. En ambos casos, una mezcla de incapacidad, corrupción e indolencia, tanto oficial como cívica, produjo resultados que privaron a Panamá de ingresos económicos y crearon consecuencias negativas para el interés nacional. ¿Cuáles son los funcionarios que negociaron estos contratos? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no atendió de manera oportuna y urgente las demandas por ilegalidad o inconstitucionalidad que se presentaron en contra de esos contratos? ¿Por qué los funcionarios encargados de la supervisión de estas negociaciones, en el Legislativo, en el Judicial y en el Ejecutivo, actuaron de manera indolente, irresponsable o simplemente se cruzaron de brazos?
La especulación sugiere que fueron ineptos y pusilánimes, o que los compraron. Nadie sabe con certeza cómo se permitió que “cogieran de congo” al país. Lo evidente es que funcionarios de distintas ramas del gobierno, en diferentes períodos, incluyendo a miembros de la Corte Suprema de Justicia, no atendieron los casos oportunamente y solo reaccionaron extemporáneamente, debido a la presión popular en el caso de la mina de cobre y por la amenaza del gobierno norteamericano de quitarnos el control del Canal de Panamá.
Los nombres de los responsables por estas fracasadas negociaciones permanecen olvidados y sus actos, omisiones y silencios exentos de explicación y responsabilidad, a pesar de haber fallado en su misión de proteger el interés nacional a ellos encomendado. ¿Por qué no son llamados a juicio para responder por el daño que su negligencia causó a la Nación panameña?
Dijo el presidente Mulino que “...el Órgano Ejecutivo no interviene en los fallos de la Corte...”, una aseveración que en un país presidencialista como el nuestro luce dudosa. Con decir que los norteamericanos sabían del fallo antes de que los panameños nos enteráramos. Fue anunciado públicamente primero por Estados Unidos, lo que sugiere que tienen informantes en el gobierno que les adelantan lo que va a ocurrir en la Corte, o un miembro de la propia Corte se los comunica, o tienen telépatas trabajando para ellos (“remote viewers”).
Otra cosa: el gobierno decidió unilateralmente encargar interinamente a Maersk, una compañía de carga naviera que opera bajo el control de A.P. Moller Holding, el control y administración de los puertos. ¿Fue la designación hecha “a dedo”? ¿Cuál fue el criterio utilizado para designar a un usuario como encargado? ¿Cuánto pagará por ese privilegio? ¿Cuánto tiempo mantendrán esa posición? ¿Quién supervisará esa situación para evitar un conflicto de intereses, ya que Maersk es a la vez un importante cliente del Canal? No olvidemos que esa compañía hoy también controla
Compartir en WhatsApp
Por: Rubén Blades
