La inconstitucionalidad que cortó el nudo gordiano del sector portuario
2 de Febrero de 2026
Exclusivo para Contrapeso
Desde el inicio fue un contrato controversial. Una licitación pública internacional para operar los puertos de Balboa y Cristóbal en 1996 tuvo como ganadora a la empresa Hutchinson Whampoa, de Hong Kong, entonces un dominio británico. Esta empresa creó una filial que se llama Panama Ports Company (PPC), para explotar estas concesiones portuarias. El gobierno de los Estados Unidos tenía interés en que un consorcio liderado por la Constructora Bechtel de San Francisco, California, fuera el operador de dichos puertos, pero esa esperanza fue infructuosa. Políticos estadounidenses de ambos partidos manifestaron su inconformidad ante el hecho de que las dos joyas del Canal de Panamá, los puertos en sus respectivas entradas, estuvieran en manos “chinas”.
El resultado de la licitación pública realizada durante el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) se convirtió en una fuente de constante controversia de su gobierno con el de los Estados Unidos. A pesar de ese precedente, el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) procedió a equiparar las condiciones jurídicas más favorables otorgadas a otros puertos, que debieron construir toda su infraestructura, para beneficiar a PPC, que había recibido dos puertos completamente funcionales.
Aunque la administración siguiente, la de Martín Torrijos (2004-2009), corrigió algunos de los aspectos más nefastos de esta situación, la relación asimétrica entre PPC y el Estado panameño, así como con el Canal de Panamá, adicionó nuevas fuentes de fricción entre el país y la operadora portuaria. La más grande de estas controversias fue el bloqueo que PPC hizo al proyecto del puerto de Corozal impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá.
La confrontación
En junio de 2021, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá dio su visto bueno a la renovación, hasta el año 2047, de la concesión de PPC. A pesar de que se había dado la ampliación del Canal de Panamá, que aumentó muy significativamente el volumen de carga que pasaba por el Canal, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024) no consideró necesario exigir mejores condiciones para el país. En una muestra de lo poco transparente de la decisión, el informe de auditoría del entonces Contralor General de la República, Gerardo Solís, sobre el cual se fundamentó la renovación, no fue de conocimiento público.
Con la llegada del nuevo Contralor General de la República, Anel Flores, el pasado 2 de enero de 2025, se realizó una nueva auditoría de la relación contractual, llegando a la conclusión de que Panamá dejó de recibir aproximadamente 1.2 mil millones de dólares por las modificaciones y adendas que sufrió el contrato original de PPC. El contralor Flores presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en el mes de abril y, posteriormente, el 30 de julio siguiente interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra todo el contrato de PPC. La demanda fue admitida dos días más tarde, el 1 de agosto.
Las actuaciones del contralor Flores se dieron en el contexto del reiterado señalamiento público del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que el Canal de Panamá estaba en manos de China, y como ejemplo de esto señaló a los puertos de Balboa y Cristóbal otorgados en concesión a PPC. Un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock y la italo-suiza Terminal Investment Limited (TiL) hizo una oferta para adquirir más de 40 concesiones portuarias alrededor del mundo en manos del grupo Hutchinson, incluyendo a los puertos de Balboa y Cristóbal. La transacción fue bloqueada por el gobierno de China.
Así, en el Pleno del 29 de enero de 2026, en una decisión unánime, los nueve magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia declararon inconstitucional la Ley 5 de 1997, que contiene el contrato de PPC con el Estado panameño, así como todas sus adendas y anexos.
El nuevo horizonte
Aunque se desconocen los detalles del fallo, el mismo tendrá como efecto la anulación de la relación jurídica entre PPC y el Estado panameño. Formalmente, la decisión de la Corte Suprema debe ser notificada a las partes, que son únicamente la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Luego de esto, copia del fallo le será enviada a la Autoridad Marítima de Panamá para que le comunique formalmente a PPC que su contrato se ha terminado.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio un mensaje a la nación el viernes 30 de enero en la mañana, en el cual informó que el gobierno tenía preparado un plan de contingencia para enfrentar la salida de PPC y mencionó, específicamente, a una subsidiaria de la empresa marítima Maersk para encargarse temporalmente de ambos puertos. Maersk ya compró la concesión del ferrocarril Panamá-Colón, que había sido renovada previamente hasta el año 2049.
La decisión judicial y la consiguiente estrategia del gobierno del presidente Mulino deben tener como resultado una disminución de la presión diplomática y política del presidente Trump. A su vez, hace más atractiva la iniciativa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de construir dos nuevos puertos, uno en Corozal y otro en la isla de Telfers.
La presencia de la empresa danesa Maersk está destinada inevitablemente a incrementarse en el país. Dado que será la que probablemente se encargue de los dos puertos de forma “temporal”, lo que la convierte en la favorita para ganarse la futura licitación para la concesión de esos mismos puertos, esta empresa está llamada a apalancarse globalmente gracias a su nueva huella en Panamá. Esto aumentará la presión competitiva de otras operadoras portuarias, que incluso podrían mirar más allá de los dos puertos que la ACP está interesada en desarrollar.
Existen dos grandes desafíos que Panamá tendrá que enfrentar. El primero es llevar adelante el plan del gobierno del presidente Mulino libre de conflictos de intereses o de la percepción de favoritismos. Es necesario que en un nuevo planteamiento contractual se tome en cuenta, con mayor importancia, los intereses del Estado panameño. PPC bloqueó el puerto de Corozal, alquiló tierras del Estado con ganancias significativas sin compartirlas con el dueño de esas tierras y ha dificultado el ejercicio de los derechos del Estado de forma cotidiana.
El otro desafío que tendrá que enfrentar Panamá es prepararse para defenderse efectivamente de las medidas de retaliación de China, así como del propio proceso arbitral que interpondrá PPC contra el Estado panameño. La defensa de los intereses de Panamá requiere de una diplomacia efectiva y de la coordinación de acciones entre el sector privado y el sector público. Existen obvias vulnerabilidades en las cuales Panamá puede ser afectada, por lo que el gobierno no puede actuar con ingenuidad. Es previsible que este sea un tema problemático entre Panamá y China por los próximos años. Hay que prepararse para una diplomacia a largo plazo y para fortalecer a los sectores más vulnerables que puedan verse perjudicados por las represalias que surjan por esta decisión judicial.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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