¿Puede Panamá cargar con más deuda pública?
30 de Marzo de 2026
Exclusivo para Contrapeso
Del año 1999 al 2009, la deuda pública panameña creció en promedio 300 millones de dólares al año hasta alcanzar los 10,802 millones de dólares en junio del 2009. Ese fue el legado de las administraciones de Moscoso (1999-2004) y Torrijos (2004-2009). En la administración del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), la deuda pública alcanzó los 17,639 millones de dólares, lo que fue un aumento promedio de 1,400 millones al año. Con el presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), la deuda alcanzó 26,612 millones, un aumento en promedio de 1,800 millones de dólares por año. En la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), la deuda alcanzó los 51,812 millones, es decir, creció en promedio 4,800 millones por año.
En lo que va de la administración del presidente José Raúl Mulino, unos 20 meses de gobierno, la deuda ha aumentado en unos 8,200 millones de dólares, lo que la puso por encima de los 60 mil millones de dólares el pasado mes de febrero. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, lleva adelante una estrategia para nivelar el endeudamiento del país. Esta estrategia debe tener como resultado que, para finales del gobierno actual, el déficit fiscal haya sido eliminado y Panamá pueda pagar sus gastos operativos con sus propios fondos y no con endeudamiento.
La utopía fiscal
En la década de 1990, el país llevó sus finanzas públicas de una forma conservadora. Los megaproyectos, como el corredor norte y el corredor sur, fueron construidos con fondos privados. La tesis que imperaba en la época era que, cuando el Canal de Panamá revirtiera a manos panameñas, el Estado tendría más fondos para atender las grandes necesidades del país.
Llegó la reversión, y lo que producía el Canal no era suficiente, por lo que siguió el endeudamiento. El siguiente hito fue la ampliación del Canal, con la cual el país sí podría atender efectivamente las necesidades prioritarias de la población. Se estableció la Concertación Nacional para el Desarrollo como un mecanismo pluralista de seguimiento a los compromisos de inversión realizados con los fondos del Canal de Panamá. A medida que avanzaba la ampliación del Canal, aumentó significativamente el endeudamiento del país. La banca internacional consideraba que Panamá tenía con qué pagar ese endeudamiento. En la actualidad, la Concertación existe solo en papel.
La inauguración de la ampliación del Canal fue en junio del año 2016. Los 10 años que le siguieron han sido el periodo de mayor endeudamiento del país. De alguna forma, la clase política pudo comprometer los ingresos del Canal ampliado sin chistar, mientras se acumulaban, año tras año, programas e iniciativas del Estado que cerrarían las brechas del desarrollo humano del país.
En los últimos lustros se ha constituido un pacto tácito entre los políticos y los empresarios para que no se haga una reforma fiscal en el país. Mientras prosperan las zonas libres y otros regímenes especiales, las empresas locales tienen que cargar con la ineficiencia del gobierno, la corrupción de la clase política y un país que pierde competitividad.
El trauma de la deuda
Si Panamá mantiene su ritmo de endeudamiento, podría terminar la década con una deuda pública de 70 mil millones de dólares. Esto es sin incluir el tren Panamá-David, cuyo costo puede sumar otros 8 mil a 10 mil millones de dólares a la deuda pública. La situación antes descrita podría dejarnos con una deuda aproximada de 80 mil millones de dólares para el año 2030.
Para el panameño común esto puede sonar muy abstracto, pero en la práctica tiene consecuencias concretas. Imagínese que la tasa de interés de esa deuda fuera 6%, eso significaría que hay que pagar 4,800 millones de dólares anuales en intereses. Ese dinero no será usado para reparar calles, mejorar la distribución del agua, fomentar la vivienda social o tantas otras tareas que hace el Estado. Probablemente, el servicio de la deuda obligue a hacer una reforma fiscal, no para cumplir con los objetivos nacionales, sino para pagarles a los tenedores de bonos y a los bancos que prestaron dinero a manos llenas.
Lo anterior parece muy simple, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. Eso le pasó a Grecia, que ante su excesivo endeudamiento tuvo que recortar gastos y aumentar impuestos. Panamá no tiene por qué estar en el nivel de endeudamiento que tiene. El Canal de Panamá le entregó al Estado panameño 28,200 millones de dólares, desde el año 2000 al 2024, en concepto de regalías de la vía interoceánica. Esto quiere decir que Panamá tuvo alternativas al endeudamiento irresponsable si solo hubiese existido un manejo fiscal comprometido con el país.
La situación de Panamá no es única. Costa Rica tenía una deuda pública al cierre del año 2025 de 41 mil 784.40 millones de dólares. Uruguay tenía para la misma fecha una deuda pública de 61 mil 812 millones de dólares. Esto demuestra que es un problema estructural en la región, y es muy fácil de identificar: gobiernos irresponsables con el patrimonio de sus países.
Parece sumamente utópico pensar que alguna vez Panamá podrá liberarse de la deuda pública. Cada vez será más difícil a los gobiernos del futuro dejar de endeudarse para cumplir con las obligaciones fundamentales del Estado. El presente que necesitamos para alcanzar un futuro apropiado para todos los panameños y panameñas queda delimitado por el camino de la frugalidad. La otra opción, la de continuar con el manejo irresponsable de los fondos públicos, nos llevaría a una catástrofe financiera. En las décadas venideras, la frugalidad del gasto público debería ser la mejor respuesta.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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