Panamá: a tres años de las elecciones de 2029
27 de ABRIL de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
Según cifras del Tribunal Electoral, en la República de Panamá hay 1,716,625 ciudadanos y ciudadanas que forman parte de la membresía de alguno de los 9 partidos políticos oficialmente reconocidos (PRD, RM, CD, PP, Panameñista, MOCA, Molirena, Alianza y FAD). Si las elecciones fueran hoy, tendrían derecho a votar 3,012,111 panameños y panameñas. Más o menos se puede esbozar un listado probable de candidaturas presidenciales, ninguna de las cuales en este momento puede ser percibida como el ganador o ganadora indiscutible de las elecciones. Aun así, es importante jugar con los escenarios para entender a qué nos podemos enfrentar en el 2029 como país.
Escenario 1: más de lo mismo
En el primer escenario, el país llega al 2029 con el gobierno del presidente José Raúl Mulino sumamente desgastado. El desempleo creciente, la inflación rampante, la inseguridad desencadenada y un cúmulo de problemas cotidianos acumulados que hacen sinergia presentan a un país fragmentado, con un Órgano Legislativo carente de legitimidad y con constantes fricciones entre los poderes públicos, tales como el procurador general de la Nación con el contralor general de la República, este último con la bancada de Vamos de la Asamblea Nacional, y así sucesivamente.
En un panorama político y económico como el anteriormente descrito, cualquiera puede ganar. A los 9 partidos formalmente existentes probablemente se les sumen un partido perteneciente al movimiento Vamos y otro liderado por el expresidente Martín Torrijos. La única regla válida de la política panameña es que el partido de gobierno no repite presidente. Esto le dejaría la cancha abierta esencialmente a la candidatura del PRD y su alianza, la de Vamos y sus partidos aliados, y la de los demás. Dado que no hay figuras fuertes del PRD, es probable entonces una primaria muy contenciosa. Debido a la compresión del calendario electoral, no hay mucho tiempo entre la primaria, la conformación de alianzas y las elecciones generales. Por otra parte, si Vamos y el partido MOCA pueden llegar a un entendimiento, podrían capitalizar el repudio popular a la política tradicional. Nada garantiza que en el año 2029 ocurra algo distinto a lo sucedido entre estas dos fuerzas en el año 2024.
Escenario 2: la constituyente que patió el tablero
Según el cronograma divulgado acerca del proyecto de convocatoria a una Asamblea Constituyente Originaria, en el año 2027 serían elegidos los miembros de esta Asamblea Constituyente para que elaboraran un nuevo texto constitucional, que entraría en vigencia para las elecciones de mayo de 2029. La posibilidad de que una nueva Constitución rija las elecciones del 2029 podría significar que algunas de las reglas más atesoradas de las elecciones panameñas fueran al basurero de la historia.
Es posible que la nueva Constitución amplíe las facultades de indulto de los presidentes de la República, y esto permitiría al presidente Mulino indultar al expresidente Ricardo Martinelli, lo que le abriría el camino para postularse a la presidencia de la República. Este resultado polarizaría la elección del 2029 entre el expresidente y el candidato o candidata que más probabilidades tenga de derrotarlo. En ese entorno tendríamos un comportamiento altamente oportunista de los partidos bisagra y de candidaturas “roba-votos”, cuyo único propósito es restarle posibilidades electorales al adversario. Una competencia electoral tan controvertida podría movilizar a una altísima proporción del electorado, y esto usualmente favorece al candidato o candidata de oposición. La pregunta entonces sería: ¿quién es la oposición?
Escenario 3: la mina descarrilada
Actualmente no hay protestas significativas en el país. El liderazgo de los principales sindicatos beligerantes ha sido diezmado, y las cabezas del movimiento magisterial han sido neutralizadas. Luego de la fuerte represión de los cuerpos de seguridad pública, liderados por el ministro Frank Ábrego, el activismo de los pueblos indígenas también quedó sometido por la represión desencadenada en el año 2025. Ese panorama permite al gobierno nacional avanzar casi cualquier iniciativa sin apenas resistencia por las fuerzas políticas formales o por molestia de la opinión pública. Es probable que el listado de iniciativas que se puedan desplegar sin mayor resistencia excluya una: la reapertura formal de la mina de cobre de Donoso.
Al igual que el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo, el del presidente Mulino ha impulsado actividades y acciones por parte de la empresa minera que facilitan su permanencia en Panamá. La medida más reciente del gobierno del presidente Mulino fue la de autorizar el movimiento de 38 millones de toneladas de roca para ser procesadas y convertidas en 70 mil toneladas de cobre. Para autorizar esta operación, el gobierno reglamentó un artículo del Código de Recursos Minerales, que permite que incluso en minas cerradas se pueda dar esta clase de movimiento de materiales para evitar riesgos y daños, aun en ausencia de un contrato o concesión. Si la reapertura formal de la mina es apenas un ritual que confirmaría lo ya existente, las consecuencias políticas podrían ser sumamente costosas para la coalición de partidos de gobierno y sus simpatizantes.
Al parecer no existen las condiciones para que se repitan las protestas del 2023, pero sí existen otras condiciones para que se dé otra clase de protestas y manifestaciones. Si la temperatura sube por el tema minero, el arrastre hasta la elección de constituyentes en el 2027 y la elección general en el 2029 podría ser el pie para la conformación de la principal fuerza política para el torneo presidencial. En el 2024, el candidato ganador José Raúl Mulino estuvo a 9 puntos porcentuales por encima del principal candidato antiminero en esas elecciones, el abogado Ricardo Lombana. Esto no necesariamente significa que Lombana será el posible abanderado del voto antiminero, pero le permite iniciar la conversación.
Cualquiera sea el escenario y la combinación de intereses económicos, agendas personales y fuerzas políticas, es fundamental que todos y todas las personas que aspiren a gobernar este país se aboquen a la tarea de preparar un programa de gobierno serio enfocado en resolver los problemas de la población y en fortalecer la institucionalidad del país. Sabemos que quien tome el gobierno en el 2029 heredará una pesada deuda pública y deberá realizar la reforma pensional de la Caja de Seguro Social. Además, tendrá que dedicar importantes gestiones diplomáticas para recuperar la soberanía panameña y mantener la neutralidad efectiva del Canal de Panamá. El país debe encaminarse hacia una gran meta nacional de desarrollo humano. Cortar cintas y anunciar megaproyectos rara vez resuelve un problema fundamental. Probablemente la gran mayoría de las iniciativas que necesita el país no tengan esa visibilidad ni impliquen centenares o miles de millones de dólares. Es urgente que quienes se han comprometido con un mejor país hagan todas sus tareas y se preparen para gobernar, aunque estén en la oposición.
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