La peligrosa normalización del crimen
18 de Mayo de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
En 1982 se publicó un artículo en la revista The Atlantic Monthly de los autores James Q. Wilson y George L. Kelling, en el que proponían aplicar un enfoque novedoso al combate de la delincuencia. La tesis del artículo era que un entorno desordenado y sucio enviaba una señal de desorden social y falta de autoridad. El nombre de la teoría provino de una investigación en la cual se dejaron autos abandonados en distintas ciudades de los Estados Unidos. En casi todas, al cabo de unos días, los autos habían sido vandalizados. En Palo Alto, California, la única ciudad en la que el auto abandonado permaneció intacto, uno de los investigadores rompió una ventana y, al día siguiente, el carro estaba desvalijado.
Ese enfoque, muy similar al epidemiológico, fue aplicado en distintas ciudades de los Estados Unidos, más notablemente en la ciudad de Nueva York. Empezó con el cuerpo de policía encargado de cuidar el metro de Nueva York. Todos los días, el vandalismo, los grafitis y otras afectaciones castigaban a los usuarios de la red de subterráneos de la Gran Manzana. El comisionado de la policía del metro, Ray Bratton, asignó personal para coordinar con la administración del metro la eliminación de los grafitis y la realización de las reparaciones necesarias. En cuestión de meses, las acciones contra la propiedad del metro cesaron, ya que los responsables del vandalismo se dieron cuenta de que era en vano. Cuando Rudy Giuliani se convirtió en alcalde de la ciudad, designó a Bratton como jefe de la policía, liderando la mayor reducción de la criminalidad que ha conocido Nueva York.
Los números de la inseguridad
El peor de todos los delitos en el Código Penal es el homicidio. Según cifras del Ministerio Público, en abril de 2025 hubo 34 de estos crímenes, mientras que en abril de 2026 se dieron 62; es decir, casi se duplicaron. De enero a abril de 2026 se registraron 193 asesinatos, y en un solo fin de semana de mayo se cometieron 10 homicidios. ¿Qué está pasando? Cuando se dan esta clase de crímenes, la explicación usual es: “ajuste de cuentas”, “pelea de territorios” o “se están matando entre ellos”.
De los 193 homicidios cometidos en los cuatro primeros meses de 2026, 88 fueron realizados en el distrito de Panamá, 37 en San Miguelito, 32 en Colón y, en toda la provincia de Panamá Oeste, 20. Es decir, el 91.7 % de los homicidios ocurrieron en estas áreas. Esto es importante decirlo, porque significa que el problema de inseguridad está esencialmente focalizado. Durante el mismo período, no hubo homicidios en la provincia de Veraguas ni en ninguna comarca indígena del país.
De los 193 fallecidos, 165 murieron a causa de armas de fuego. A su vez, 17 murieron por arma blanca, 5 por asfixia mecánica, 2 fallecieron a causa de golpes, 1 por objeto contundente, 1 por incendiarismo y 2 por causa no determinada. Las edades de las víctimas destacan esencialmente su juventud. Así, los seis grupos principales de víctimas se pueden describir por sus edades de la siguiente forma: 56 de los 193 fallecidos tenían entre 18 y 24 años; 34 víctimas tenían entre 25 y 29 años de edad; 25 homicidios afectaron a víctimas de entre 30 y 34 años; otros 23 fallecimientos fueron de víctimas de entre 35 y 39 años; 11 víctimas tenían entre 40 y 44 años y 10 tenían entre 15 y 17 años de edad. Todos los demás grupos etarios registraron un solo dígito como víctimas de estos homicidios. De las 193 víctimas, 181 fueron hombres y 12 fueron mujeres.
Entendiendo el homicidio
De las cifras anteriores podemos inferir que las víctimas de homicidio son típicamente hombres de entre 15 y 44 años. El 85 % de los homicidios se cometieron con armas de fuego. Si tenemos la concentración geográfica, el perfil de la víctima y el medio con el cual se causó su muerte, ¿por qué no se pueden evitar esos homicidios? Si se aplica un enfoque epidemiológico, habría que evitar las fuentes de contagio y los medios de contacto. Se puede impactar muchísimo el número de homicidios —y de otros delitos— si la acción policial predominante se enfocara en territorios, es decir, en entornos de contagio, acompañados de otras intervenciones sociales por parte del Estado. ¿Quién recoge la basura? ¿Quién repara la calle? ¿Quién reemplaza la luminaria? ¿Y quién vela porque los niños y jóvenes puedan jugar de forma segura?
Las más de 180 pandillas que, según las autoridades, existen en Panamá son vectores que transmiten una enfermedad. ¿Cómo se previene la formación de una pandilla? Cuando se hicieron los proyectos de renovación urbana de Curundú y de Altos del Lago, en Colón, se descuidó por completo el factor humano. En palabras de un colega: “se puso a vivir bien a los maleantes”. Aunque esto no califica a todos los residentes, sí se refiere a un grupo de oportunistas que aprovechó estos programas gubernamentales para esconderse entre la multitud de estos proyectos urbanísticos. Era preferible evitar las torres de apartamentos o las barracas modernizadas y sustituirlas por pequeñas urbanizaciones, sin tanta concentración de personas y familias en estado vulnerable. No es un accidente que ambos proyectos los realizara la constructora brasileña Odebrecht.
Un modelo preventivo
La respuesta clásica que han dado los políticos de distintos gobiernos al problema de la inseguridad ha sido: “no se le puede poner un policía a cada panameño”. Eso es cierto y no es necesario. En la literatura criminológica se incluye el ejemplo de un parque en un área de clase media trabajadora en Nueva York. El parque estaba sucio y descuidado; en las noches se llenaba de prostitutas y vendedores de drogas. En las calles vecinas se daban más ventas de drogas y ocasionales tiroteos. Ante esto, la ciudad de Nueva York retomó el parque, lo arregló y organizó eventos diurnos y nocturnos que incluían desfiles escolares, conciertos de orquestas, teatro infantil, ferias juveniles, eventos para la tercera edad y otras actividades similares. El hecho de que la alcaldía hubiese recuperado el parque para actividades públicas expulsó a las prostitutas y a los vendedores de drogas, limpió las calles vecinas y disminuyó todos los crímenes. El área se volvió tan atractiva que nuevos negocios se establecieron, creando más empleos y atrayendo más actividades sanas para toda la población.
Otro modelo de lucha contra las ventanas rotas lo ha implementado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Allí se adoptó una versión radical del enfoque epidemiológico: se capturó a la mayoría de los miembros de las maras y también a quienes podían pertenecer a ellas. Al limpiar a El Salvador de los peores criminales, se pudieron liberar zonas dominadas por el terror y la extorsión. La nueva libertad de la población salvadoreña ha desencadenado una nueva economía y una sociedad más optimista, llena de esperanza. Es importante reconocer que, aunque la solución de Bukele ha funcionado, esta no es permanente, porque algún día los pandilleros volverán a la calle.
La teoría de las ventanas rotas no es una solución; es otra forma de pensar acerca de la delincuencia. Si se suma lo que Panamá gasta e invierte en el Ministerio de Seguridad Pública, el Sistema Penitenciario, el Ministerio Público, el Órgano Judicial, así como la atención en salud y el soporte social necesarios para atender a las víctimas de homicidios y otros delitos, fácilmente estamos por encima del 2 % del producto interno bruto. Si a esto se suma el daño social, el miedo de la población a salir a ciertas horas o pasar por ciertos barrios y el síndrome de inseguridad generalizada, bien podríamos estar ante otro 2 % de la economía nacional. Debemos pensar en la delincuencia como una epidemia que puede y debe ser combatida con todas las herramientas de la democracia y del Estado de Derecho.
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