Después del terremoto viene la factura
26 de Octubre de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
El terremoto de las 12:56 p. m. del pasado 9 de octubre, con epicentro en La Pitaloza, en la frontera entre Los Santos y Herrera, dejó 5,759 personas en albergues y dañó cerca de 3 mil viviendas. El sismo también afectó a 619 centros educativos públicos y 120 instalaciones de salud. Mientras la asistencia humanitaria fluye por parte de la ciudadanía, las empresas y el propio Gobierno, avanzan las tareas de reconstrucción y recuperación de la población afectada.
En materia económica, el Gobierno ha anunciado algunas iniciativas dirigidas a otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas afectadas. Dada su naturaleza, estos préstamos suelen tomar algún tiempo para su desembolso.
Al otro lado de la ecuación están los trabajadores que no tienen empleos a los cuales regresar, así como los emprendedores, microempresarios y pequeños empresarios que lo perdieron todo o casi todo. Tampoco se puede olvidar al sector turístico ni al agropecuario. Todos estos sectores, en las cuatro provincias centrales, han sido impactados.
La respuesta jurídica
Llama poderosamente la atención que, transcurridas dos semanas desde el terremoto, ni el Gobierno nacional ni los 71 diputados del país hayan presentado una iniciativa de ley para atender los efectos económicos causados por el evento. Esta ausencia de una respuesta jurídica produce incertidumbre en el sector privado y genera ansiedad entre los afectados por el terremoto. El problema por resolver es muy serio.
Estamos en la última semana del mes de octubre. Esto significa que se vencen las mensualidades de los préstamos hipotecarios y personales, de las tarjetas de crédito, así como las letras de automóviles, mueblerías y otras obligaciones a plazo. Además, hay que cumplir con los alquileres y el pago de los servicios públicos, como telecomunicaciones, electricidad y agua potable.
Una persona sin vivienda o sin trabajo, o una familia que está en un albergue o debajo de una lona de plástico, no tiene cómo responder a esas obligaciones. Es posible que algunos afectados por el terremoto prefieran usar su dinero en artículos de primera necesidad o en atender las carencias de sus familiares o vecinos antes que pagar alguna de sus obligaciones contractuales.
¿Qué pasa con la vivienda hipotecada que colapsó sin una cobertura de seguro contra riesgos múltiples? ¿Qué sucederá con ese automóvil familiar dentro del cual los residentes de una casa afectada duermen todas las noches por miedo a que se les caiga el techo o una pared encima? ¿Y qué va a pasar con el emprendedor o pequeño empresario que ya no tiene negocio o cuyos clientes perdieron su capacidad adquisitiva?
Una iniciativa desde el sector privado
Este es un momento de preocupación crítica para la sociedad panameña. Todo el país se ha volcado a colaborar con la asistencia humanitaria y los esfuerzos para la recuperación de las comunidades afectadas.
Es precisamente la mejor coyuntura para que los gremios empresariales, junto con los bancos, financieras, agencias de automóviles y otros, se pongan de acuerdo de forma voluntaria para ofrecer a la población y a los empresarios de las cuatro provincias centrales una moratoria sin recargos por cuatro meses, es decir, hasta enero de 2027, con la finalidad de que puedan concentrarse en su recuperación y en atender sus necesidades más inmediatas.
Luego de los cuatro meses, cada persona deberá acercarse a la entidad que le facilitó el crédito, el bien o el servicio a plazos para acordar un calendario de pagos que le permita ponerse al día.
Lo ideal sería que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino ya hubiera presentado esta iniciativa con carácter de urgencia ante la Asamblea Nacional. La empresa privada panameña también puede cabildear para que el Órgano Ejecutivo presente dicho proyecto de ley.
Una vez que la situación de las provincias centrales mejore, se debe procurar el establecimiento de incentivos para promover la inversión y el turismo hacia estas provincias.
Los supermercados, hoteles y restaurantes pueden priorizar la compra de productos agrícolas originarios de las provincias centrales. Nuevamente, hay un rol para el Gobierno central en este tema, ya que debe crear un marco de incentivos para las empresas que inviertan en reconstruir sus instalaciones, recuperar sus inventarios o realizar nuevas inversiones en las provincias centrales.
Tu acción personal
Cada persona puede contribuir al esfuerzo de recuperación, así como ha colaborado con la asistencia humanitaria.
En el calendario panameño existe una serie de eventos en los próximos meses que pueden servir como oportunidades para hacer turismo en las provincias centrales. De momento, descartemos noviembre.
En diciembre están el Día de la Madre, el 8 de diciembre, y las festividades de Navidad y fin de año. En enero de 2027 está el Desfile de las Mil Polleras, que debe contar con el máximo apoyo del Gobierno y del sector privado. En febrero están los carnavales, que deben estar dedicados a la concordia y al agradecimiento de las provincias centrales hacia el resto del país por no haberlas dejado solas.
Cada decisión individual de comprar un producto elaborado en las provincias centrales hace la diferencia.
Los bocadillos, huevitos de leche y otras delicias de Antón; los sombreros pintados y las figuras de piedra de La Pintada; el pan de La Arena y la chicha resbaladera de Monagrillo; los tembleques y los buñuelos santeños; los dulces artesanales y panes de San Francisco de la Montaña; el pescado seco de Soná y la carne de res veragüense son tan solo algunos ejemplos de la riqueza gastronómica y cultural de las provincias centrales.
Todos tenemos la responsabilidad de continuar con la tarea de ayudar a ponerse de pie a la gente trabajadora y valiosa de estas provincias. La siguiente etapa requiere la contribución y el liderazgo del sector privado, así como las decisiones de consumo de cada uno de nosotros.
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