10 de Noviembre de 2026
Por: Carlos Barsallo
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
Antecedentes
Hace unas semanas dicté, en el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP), una conferencia titulada: «Cuando el código ejecuta el contrato: límites jurídicos y oportunidades para Panamá. Del smart contract a la supervisión de las concesiones públicas».
La conferencia desarrolla una propuesta formulada en las columnas Desde el Margen en Contrapeso Panamá: «Concesiones bajo la lupa: doce medidas para que funcionen» y «Cómo vigilar al concesionario y también al regulador».
Los smart contracts y las concesiones públicas
Los contratos inteligentes tienen un nombre que promete demasiado. Como nos recuerda Zamora Smith en su trabajo publicado el 31 de marzo de 2026, en la revista Sapientia del Órgano Judicial de Panamá, «Los contratos “inteligentes” desde la perspectiva del Derecho Civil», Sapientia, vol. 17, núm. 1, pp. 61–78, no necesariamente son contratos y tampoco son inteligentes. Son programas capaces de ejecutar instrucciones cuando se cumplen determinadas condiciones. Esa precisión técnica puede ser útil. Pero no conviene confundirla con justicia, legalidad o buen gobierno.
Imaginemos una concesión de carretera. El contrato exige una disponibilidad del 98 %. Un sistema recibe una certificación del 96,5 % y calcula una deducción. Parece un ejemplo perfecto de eficiencia: menos trámites, menos demoras y menos espacio para decisiones arbitrarias.
Hasta que aparece una circunstancia no prevista en la pantalla: parte de la carretera estuvo cerrada por orden de una autoridad. ¿Debe computarse ese cierre como incumplimiento del concesionario? ¿Quién verifica el dato? ¿Quién escucha la explicación? ¿Puede detenerse la deducción mientras se resuelve la controversia?
Ahí empieza el derecho. El código puede aplicar una fórmula, pero no debe atribuirse por sí solo potestades administrativas ni sustituir procedimientos que protegen derechos. Una cosa es calcular un ajuste objetivo de remuneración; otra, imponer una sanción. Sus efectos económicos pueden parecerse, pero su régimen jurídico no es necesariamente el mismo.
También conviene preguntarse quién vigila a quien alimenta el sistema. La información sobre el estado de la carretera no nace dentro del programa. Llega por sensores, inspectores o certificadores. Si el dato es falso, el cálculo puede ser impecable y el resultado profundamente equivocado. Un registro inmutable puede conservar perfectamente una mentira.
Por eso, antes de discutir blockchain, deberíamos discutir gobierno corporativo. Independencia del verificador. Reglas públicas de medición. Auditoría. Corrección de errores. Responsabilidades identificables. Derecho de contradicción. Y una autoridad o tribunal capaz de revisar el resultado.
Panamá cuenta con legislación sobre documentos y firmas electrónicas, pero ese punto de partida no convierte automáticamente cualquier sistema en un mecanismo autorizado de ejecución de obligaciones públicas. Deben examinarse las competencias, el régimen contractual, los controles presupuestarios y la fiscalización.
Mi propuesta es modesta a propósito: comenzar con un piloto que calcule y registre, sin transferir fondos ni imponer deducciones definitivas. Comparar sus resultados con el procedimiento actual. Medir tiempos, costos y errores. Y solo después decidir si conviene avanzar.
La pregunta no es cuánto poder podemos entregar al código. Lo que propongo es determinar qué obligaciones podemos hacer más verificables sin debilitar las garantías que justifican la intervención del Estado.
No necesitamos contratos sin jueces. Lo que necesitamos son contratos que se cumplan, y hagan cumplir, mejor porque el derecho sigue gobernando su ejecución.
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