17 de Noviembre de 2026
Por: Carlos Barsallo
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
La tecnología suele presentarse como remedio contra la discrecionalidad. Si una regla se ejecuta automáticamente, se nos dice, nadie podrá favorecer a una parte ni ignorar una obligación. La idea resulta atractiva. También es una idea incompleta.
Toda automatización empieza con decisiones humanas. Alguien define el indicador. Alguien decide qué datos cuentan, cuáles se excluyen y qué consecuencia se activa. Alguien escoge al proveedor tecnológico y determina quién puede modificar el programa o suspenderlo. La discrecionalidad no siempre desaparece: a veces cambia de lugar.
Pensemos otra vez en una concesión pública. Un contrato exige un estándar de mantenimiento y un sistema calcula una deducción cuando no se cumple.
¿Quién certifica el mantenimiento? ¿Qué ocurre si falla el sensor? ¿Quién determina si hubo fuerza mayor? ¿Quién puede pausar el mecanismo ante un error evidente?
En el lenguaje tecnológico, el vínculo que transmite información externa a un contrato inteligente suele llamarse oráculo. El nombre suena casi infalible, pero no lo es. Un oráculo puede transmitir un dato correcto o incorrecto. Blockchain puede hacer más difícil alterar el registro posterior, pero no convierte en verdadero todo lo que recibe.
Hay otra pregunta tanto incómoda como necesaria: ¿por qué utilizar blockchain? No toda automatización contractual la necesita. Un sistema informático convencional, bien auditado y sometido a controles adecuados, podría resolver ciertos problemas con menos costo y complejidad. Elegir tecnología por prestigio, moda y no por necesidad sería repetir un error conocido: confundir el medio con el objetivo.
En el sector público, además, la automatización debe hacer más visible la gestión, no crear una zona de opacidad. Por transparencia, el contrato, los indicadores, las reglas de cálculo y los resultados de desempeño deberían ser verificables dentro de los límites legales aplicables. La seguridad y la protección de información sensible también cuentan.
Por eso me interesa un ensayo bien controlado: escoger una obligación objetiva de una concesión, diseñar una cláusula híbrida, simular su aplicación sin efectos patrimoniales y someterla a evaluación independiente. No se trata de demostrar que la tecnología funciona porque sí. Se trata de averiguar si mejora realmente la transparencia y el cumplimiento frente a las alternativas disponibles conocidas.
En ningún caso desaparece el papel del juez. Si el programa ejecuta una cláusula inválida, si una certificación era falsa o si el código no refleja lo acordado, alguien debe determinar los derechos, las responsabilidades y los remedios.
La pregunta decisiva para Panamá no es si podemos programar el cumplimiento. Es si podemos diseñar instituciones capaces de controlar también a quienes programan. Es decir, en un tema recurrente para mí, quién vigila al vigilante, en este caso, cuando el vigilante es un código.
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