Activos virtuales: no basta con abrir la puerta
12 de Septiembre de 2026
Por: Carlos Barsallo
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
Panamá se prepara para regular los activos virtuales. Borradores circulan y el tema, finalmente, parece avanzar. Es una buena noticia.
Pero también es una oportunidad para no repetir lo que hemos hecho antes.
Durante meses, autoridades panameñas han venido hablando de 2027 como el año de la próxima evaluación internacional de Panamá en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Incluso publicaciones oficiales recientes han utilizado esa fecha.
Sin embargo, el calendario actualmente publicado por el GAFI presenta otra referencia: para Panamá señala como posible período de visita in situ mayo de 2028 y como posible discusión plenaria diciembre de 2028.
La diferencia no debería producir alivio. Debería producir urgencia.
Panamá tiene una larga experiencia reformando cuando el reloj internacional empieza a correr. Muchas veces la presión externa ha servido para acelerar decisiones que internamente llevaban años esperando.
Sería paradójico que unos meses adicionales se convirtieran, no en tiempo para hacerlo mejor, sino en una razón para hacerlo más tarde.
Sea finalmente 2027 o 2028, el calendario internacional no debería determinar nuevamente la velocidad de nuestras reformas. Si sabemos que debemos regular, conocemos los riesgos y tenemos abundante experiencia comparada disponible, no existe una buena razón para esperar.
Pero la fecha no es el problema principal.
Hay otro riesgo que merece atención desde ahora.
La nueva regulación de activos virtuales puede terminar reproduciendo un modelo que Panamá conoce bien.
Lo hemos visto históricamente en distintas actividades financieras reguladas: banca, valores, seguros y otras. Se construye una importante estructura administrativa alrededor de la entrada al negocio. Licencias, solicitudes, formularios, abogados, certificaciones, autenticaciones, documentos, requisitos y procedimientos.
Todo ello es necesario.
Pero no es suficiente.
En estos modelos existe siempre el riesgo de que lo formal adquiera una importancia desproporcionada. Se dedica enorme esfuerzo a determinar quién cumple los requisitos para entrar, mientras resulta mucho más difícil desarrollar las capacidades necesarias para saber qué ocurre después.
Podemos, y probablemente debemos, recibir con alfombra roja a los emprendedores legítimos que quieran desarrollar en Panamá negocios relacionados con activos virtuales. Innovación, inversión y tecnología no son enemigos de una buena regulación.
Una jurisdicción moderna debe ofrecer reglas claras, procesos razonables y seguridad jurídica.
El problema comienza cuando la alfombra roja termina en la puerta.
Cumplir los requisitos para entrar no es lo mismo que ser adecuado para permanecer.
Por eso, la regulación que viene debería construirse simultáneamente sobre dos carriles.
El primero debe facilitar la actividad legítima: reglas claras, licencias razonables, supervisión profesional y un ambiente favorable a la innovación.
El segundo debe prepararnos para aquello que inevitablemente ocurrirá cuando la actividad crezca: incumplimientos, fraudes, blanqueo de capitales y utilización de activos virtuales para otras formas de criminalidad.
Ese segundo carril es menos glamoroso.
También puede terminar siendo el más importante.
Y aquí aparece una coincidencia que no debería pasar inadvertida. Las propias autoridades panameñas, al explicar la próxima ronda de evaluaciones, han señalado que esta tendrá un énfasis mayor en la efectividad y que Panamá deberá demostrar resultados en prevención, supervisión, inteligencia financiera, investigación y recuperación de activos.
Ese cambio de enfoque importa.
La próxima evaluación internacional preguntará por efectividad. Panamá no debería responderle solamente con una nueva ley.
Aprobar una legislación, establecer un régimen, designar un supervisor, redactar reglamentos y comenzar a otorgar licencias demuestra arquitectura regulatoria.
La verdadera prueba comienza después.
Cuando aparezca el primer caso importante, las preguntas serán diferentes.
¿Quién sabe identificar un activo virtual?
¿Quién puede congelarlo?
¿Quién sabe incautarlo sin perderlo?
¿Quién controla las llaves?
¿Cómo se preserva la evidencia?
¿Quién lo custodia mientras dura el proceso?
¿Quién lo administra?
¿Quién puede liquidarlo?
¿Y cómo se transforma finalmente ese activo, cuando legalmente corresponda, en recursos que puedan devolverse a las víctimas o utilizarse para fortalecer la lucha contra el crimen organizado?
Nada de esto pertenece al futuro ni a la ciencia ficción.
Está ocurriendo ya.
Por eso, al mismo tiempo que Panamá construye el régimen administrativo para recibir esta nueva actividad, debería desarrollar una fuerza de tarea operativa e interinstitucional, integrada por personas que conozcan el negocio y, especialmente, que sepan prevenir, detectar, investigar y sancionar su utilización ilícita.
Y no debería esperarse al primer gran caso para comenzar a aprender.
La capacidad para identificar, congelar, incautar, custodiar, administrar y liquidar activos virtuales debe existir antes de necesitarla.
Los dos esfuerzos tampoco tienen por qué estar en conflicto.
Quienes promueven y facilitan la actividad económica legítima deben hacerlo bien. Quienes supervisan, investigan y sancionan deben estar igualmente preparados para hacer su trabajo.
Incluso es saludable que las funciones estén claramente diferenciadas.
Una parte del Estado puede extender la alfombra roja.
Otra debe asegurarse de que quienes caminen sobre ella respeten las reglas.
La experiencia internacional ofrece hoy mucho más conocimiento que el que existía cuando Panamá desarrolló otros sectores regulados. Podemos estudiar modelos, protocolos, errores, soluciones de custodia, mecanismos de cooperación institucional y experiencias de recuperación de activos de otras jurisdicciones.
Llegar tarde tiene desventajas.
Pero también concede un privilegio: poder aprender de quienes llegaron primero.
Lo que no tendría sentido es llegar tarde y cometer los mismos errores.
El mayor peligro sería dedicar nuestros mejores esfuerzos a construir nuevamente una sofisticada puerta de entrada y mantener débil todo lo que ocurre detrás de ella.
La competencia internacional por atraer negocios relacionados con activos virtuales será intensa. Panamá puede y debe participar en ella.
Pero debe evitar una carrera hacia el fondo en la cual la ventaja competitiva termine siendo la facilidad formal para obtener una licencia acompañada de una limitada capacidad institucional para controlar lo que sucede después.
Una jurisdicción no se vuelve moderna porque otorgue muchas licencias de activos virtuales. Tampoco porque sea la más rápida o flexible para concederlas.
Se vuelve seria cuando puede atraer negocios legítimos y, al mismo tiempo, distinguirlos de quienes buscan aprovechar sus debilidades.
Quizás esa sea la verdadera oportunidad que ofrece el calendario.
Si la evaluación internacional será finalmente en 2028, no tenemos un año adicional para esperar.
Tenemos un año adicional para hacerlo mejor.
No se trata solamente de estar listos para otorgar la primera licencia.
Se trata de estar listos también para el primer caso.
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