31 de Octubre de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
A las 3:27 pm del viernes 30 de octubre, el Presupuesto General del Estado para el año 2027 fue aprobado con 49 votos a favor y 18 en contra. Luego de una maratónica semana de sesiones, la Asamblea Nacional aprobó este presupuesto, cuyo monto alcanza la cifra de 35 mil 111.75 millones de dólares. Hay que hacer una pausa para procesar esa cifra. Esa es la cantidad que nos va a costar la operación y las actividades del Estado. Un aspecto impresionante de esta cifra es su poca relación con la realidad nacional.
El primer gasto que llama la atención es el de “servicios personales”; es decir, la remuneración de la burocracia de todos los órganos del Estado, sus ministerios, sus agencias y sus empresas estatales, que alcanza la suma de 7 mil 923.6 millones de dólares para el año 2027. Aquí están los salarios de los 8 mil 308 funcionarios de la Asamblea y de otros tantos miles de servidores públicos.
Otra cifra que golpea al sentido común es el servicio del pago del capital e intereses de la deuda pública, por un monto de 5 mil 496.1 millones de dólares. Esto es aproximadamente un 50% más de lo que la Autoridad del Canal de Panamá va a entregar este año al Estado en concepto de los aportes anuales que debe hacer la vía interoceánica. Como si fuera poco, el presupuesto del 2027 necesita de 6 mil 355.3 millones de dólares en financiamiento, es decir, créditos, lo que significa que vamos a pagar 5 mil 400, pero vamos a pedir 6 mil 355.3 millones de dólares.
Subsidios e inversiones
En subsidios, que incluyen el Pase U, los 120 a los 65, Ángel Guardián, La Red de Oportunidades y una hilera de transferencias destinadas a combatir la inflación, promover la adquisición de viviendas propias, disminuir el costo de la electricidad y otros rubros, se alcanza un monto total de 3 mil 400 millones de dólares. Esta es una cifra importante que debe hacernos reflexionar sobre si efectivamente cada uno de esos dólares está llegando donde debe llegar y está generando una mejoría significativa en el desarrollo humano de la población más vulnerable de este país.
Otro monto que reclama un examen profundo es el de la inversión pública. Para el presupuesto del 2027 se asignan 12 mil 564.1 millones de dólares, de los cuales 7 mil 65 millones de dólares corresponden a inversión física y 5 mil 499 millones de dólares a inversión financiera. Los resultados y el impacto de la inversión física son visibles, mientras que la inversión financiera requiere un esfuerzo de mucha más transparencia para poder valorar si efectivamente ese es el mejor uso del dólar presupuestario. En caso contrario, la inversión financiera queda cubierta de opacidad.
La deuda pública
Existe una relación directa entre el presupuesto general del Estado y el monto de la deuda pública. Aquello que no puede ser financiado con recursos propios es objeto de créditos bancarios comerciales, emisiones internacionales de bonos, emisiones locales de letras del tesoro o préstamos de la banca multilateral. Cuando el presidente José Raúl Mulino tomó posesión el 1 de julio de 2024, el monto de la deuda pública panameña era de 51 mil 812.8 millones de dólares. Al 30 de septiembre de 2026, es decir, transcurridos los primeros 27 meses del gobierno Mulino, la deuda pública alcanzó los 62 mil 777.7 millones de dólares, lo que significa unos 10 mil 964.9 millones de dólares más de endeudamiento; esto, a pesar de que el país no enfrenta una pandemia.
¿Por qué Panamá se endeuda tanto? La respuesta corta es que el Estado no cuenta con los recursos para financiar su presupuesto, lo que requiere una de dos opciones: se reduce significativamente el gasto público o se adquiere endeudamiento. Existe una tercera opción que, en los últimos tres gobiernos, incluyendo al actual, se han negado a utilizar. Esa opción es combatir la gigantesca evasión fiscal panameña.
De acuerdo con una investigación periodística de Mary Triny Zea, publicada en La Estrella de Panamá el 12 de junio de 2025, la brecha en los impuestos sobre la renta de las personas jurídicas panameñas puede alcanzar los 8 mil millones de dólares al año, mientras que la brecha por el pago del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios es de 3 mil 300 millones de dólares anuales, según estimó la Dirección General de Ingresos. La evasión de ambos impuestos puede llegar a representar 11.3 mil millones de dólares al año. Ningún sistema tributario del mundo es 100% infalible, pero si el sistema tributario panameño recuperase tan solo el 40% de estos impuestos, esto representaría 4 mil 520 millones de dólares más en ingresos anuales, los que probablemente evitarían en gran medida el nuevo endeudamiento y mejorarían el grado de inversión del país.
La evasión fiscal es un fenómeno que requiere la activa complicidad del Estado. En el gobierno de Mireya Moscoso, la Dirección General de Ingresos tenía unos 120 auditores. Actualmente, hay unos 45 auditores. Esto, a pesar de que la economía actual es 600% más grande que la que existía durante el gobierno de Moscoso y la población del país aumentó más del 50%. La decisión implícita de no hacer el mejor esfuerzo posible para cobrar los impuestos que ya existen favorece significativamente la desigualdad, así como la concentración de la riqueza. Esto tiene como resultado que un Estado empobrecido por un mayor endeudamiento no va a contar con los recursos para atender correctamente las necesidades de la ciudadanía y tampoco podrá hacer las inversiones estratégicas que necesita para aumentar su competitividad y promover el desarrollo humano sostenible de su población.
Epílogo
El Presupuesto General del Estado es la ley más importante del país porque revela los valores con los cuales se organiza la administración pública y se asigna el uso de los fondos de todos. Es ese presupuesto el que determina si las niñas y niños en los albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia van a tener comida apropiada, así como la atención y el seguimiento por parte de especialistas adecuadamente remunerados. Es ese presupuesto el que decide si los hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud van a tener todas las medicinas que necesitan. Es ese presupuesto el que decide quiénes van a tener agua potable regularmente, quiénes van a tener carreteras y puentes y quiénes van a tener la oportunidad de adquirir una vivienda o empezar un negocio. Los tratos que ha necesitado el gobierno Mulino para obtener el respaldo de la Asamblea quedan reflejados en el Presupuesto General del Estado. Para la gran mayoría de los panameños, esos tratos de la politiquería criolla se han convertido en trucos que han sometido a un país con un gran potencial como Panamá a ser cada día más dependiente de la deuda pública e incapaz de atender las necesidades de su propio pueblo.
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