La otra tragedia de los damnificados
17 de Octubre de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
Cuando el presidente de la República, José Raúl Mulino, tomó posesión el 1 de julio de 2024, su gobierno heredó 204 damnificados hospedados en hoteles y pensiones, a los que se les adeudaban 1,9 millones de dólares. Estos damnificados eran, en su gran mayoría, sobrevivientes de incendios de los viejos caserones de la ciudad de Panamá. Había un grupo de 28 familias damnificadas que permanecían dentro de la estructura de una escuela pública abandonada en el barrio de San Felipe desde el año 2013. La que solía ser la escuela primaria Nicolás Pacheco, abandonada por sus malas condiciones físicas, alberga a 28 familias que se quedaron sin hogar por incendios, derrumbes y desalojos. Otro grupo de familias reside en el local de lo que antiguamente fue la Junta Comunal de Santa Ana.
Durante la administración del presidente Mulino, el mayor evento generador de damnificados había sido la tormenta tropical Rafael, que en noviembre de 2024 dejó 5 muertos y más de 5 mil damnificados desde Panamá Este hasta Bocas del Toro. Esa cifra de damnificados ha sido superada con creces por el terremoto del pasado 9 de octubre, que, según UNICEF, causó afectaciones directas a unas 34 mil personas, entre las cuales hay más de 8 mil niños y niñas.
La respuesta institucional
Cada vez que hay un incendio de una vieja estructura de madera o de mampostería en las ciudades de Panamá y Colón, la atención a los damnificados se divide usualmente entre una respuesta a corto plazo del respectivo municipio, que lleva alimentos, ayuda con las mudanzas y usualmente levanta el censo de los damnificados. En paralelo, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) es la entidad encargada de encontrar una respuesta temporal y de llevar a los damnificados hacia soluciones permanentes de vivienda. Las respuestas temporales tienen todo tipo de formas: algunas veces son hoteles y pensiones; en otras ocasiones, son escuelas públicas o gimnasios que, debido a la presencia de los damnificados, reducen su capacidad de atender a la comunidad educativa y a los deportistas. En otras ocasiones, los albergues temporales son edificaciones públicas abandonadas por su mal estado, como es el caso de la escuela Nicolás Pacheco y de la vieja Junta Comunal de Santa Ana.
Cuando el evento es una inundación, la responsabilidad primaria o la respuesta inicial incluye al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), a los municipios e incluso al despacho de la primera dama. En muchas ocasiones, una vez que bajan las aguas de la inundación, los damnificados regresan a sus casas. Puntualmente, existen comunidades en las cuales el Ministerio de Obras Públicas (MOP) realiza posteriormente obras que deben disminuir el riesgo de nuevas inundaciones. Como en muchos temas en los que participan múltiples entidades, no hay una buena estadística. Se desconoce qué cantidad de damnificados, ya sea por incendios o por inundaciones, se traslada a vivir permanentemente con familiares, por lo cual quedan excluidos de las respuestas temporales del Estado panameño.
Existe un grupo de damnificados que es el más vulnerable de todos, dado que las autoridades aplican una normativa restrictiva o su interpretación más cómoda va en ese sentido. Se trata de los damnificados que tienen nacionalidad extranjera. A las autoridades no les interesa el tiempo que ese extranjero haya permanecido en Panamá ni sus vínculos reales con el país. En la práctica, es usual que queden excluidos de las respuestas estatales.
El terremoto de La Pitaloza
Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el epicentro del terremoto del 9 de octubre estuvo muy próximo a La Pitaloza, distrito de Los Pozos, en la provincia de Herrera. Cifras preliminares indican que más de 3,500 viviendas fueron afectadas, principalmente en las provincias centrales. Al menos 3,696 personas están habitando 45 albergues temporales. La mayoría de estos albergues no son necesariamente hoteles, escuelas públicas o gimnasios. Algunos incluyen fincas privadas, cuarteles de bomberos y de policía, y al menos una cantina. Con tantas escuelas dañadas en las provincias centrales, la posibilidad de usarlas como albergues o para dar clases no existe, aunque esto debe mejorar en los próximos días.
¿De quién son los damnificados? La respuesta corta es: de todos. Esos damnificados son habitantes de Panamá y tienen idénticos derechos humanos que los demás habitantes que cuentan con vivienda propia. Actualmente hay muchas manos atendiendo a los damnificados dentro y fuera de los albergues. Están los gobiernos locales colaborando con los alimentos; está el pueblo aportando carpas, tiendas de campaña, colchonetas y muchos alimentos; y también está el gobierno central, de diversas formas.
El SINAPROC está haciendo lo que sabe hacer, aunque esté rebasado. El despacho de la primera dama está recolectando y distribuyendo todo tipo de bienes para atender las necesidades de la población afectada; el Ministerio de Salud está atendiendo a los enfermos y recuperando su infraestructura hospitalaria; el Ministerio de Educación está evaluando escuela por escuela e identificando las necesidades de aquellas afectadas por el terremoto. En cuanto a los hogares para los damnificados, aunque esa responsabilidad es competencia primaria del MIVIOT, es obvio que otros actores gubernamentales, de la sociedad civil y del sector empresarial van a tener que participar.
¿Y los demás?
Estoy consciente de que tenemos por delante una enorme responsabilidad como país para con los damnificados del terremoto del 9 de octubre. Si todo sale bien, probablemente en un término razonable de unos meses, los hogares perdidos serán reemplazados por viviendas modernas y seguras. Sin embargo, tenemos una deuda de arrastre con otros cientos de damnificados que también están esperando respuestas permanentes a su situación. Este año ha sido particularmente duro: el 28 de junio, en San Felipe, un incendio dejó sin hogar a 109 personas, incluyendo 6 bebés de menos de 6 meses de edad. El 1 de julio, también en San Felipe, otro incendio dejó a 49 personas, incluyendo a 8 niños pequeños, sin hogar y a expensas de lo que las autoridades determinen. El pasado 25 de septiembre, otro incendio en Calidonia acabó con el edificio «La Macarronera», cuya pérdida dejó en la calle a 150 personas.
Además, están los damnificados de incendios y derrumbes de edificios del año pasado. En Colón, el 14 de julio de 2025, un incendio dejó sin hogar a 250 personas, algunas de las cuales siguen a la espera de un nuevo hogar. La lista se alarga solo con los damnificados de eventos ocurridos en el actual gobierno. Debemos tomar en cuenta que hay casos como el de las 28 familias en la escuela Nicolás Pacheco, que tienen 13 años esperando una vivienda propia. Otros casos más dramáticos son los de familias que llevan dos décadas alojadas en un hotel como albergue temporal. La dejadez burocrática es mayúscula, ya que lo que esas familias han costado en tarifas de hotel habría bastado para adquirir una nueva vivienda.
El terremoto del 9 de octubre sacudió la conciencia de Panamá. Como país, debemos atender a todos los damnificados por ese evento, restaurar sus hogares y restablecer su calidad de vida. Igualmente, debemos atender a los centenares de otros damnificados y resolver dignamente su situación. Si el MIVIOT y el sector privado van a movilizar recursos para reconstruir las viviendas de los damnificados por el terremoto, se debe hacer un esfuerzo similar para resolver la situación de los otros damnificados por incendios, inundaciones y desastres. Aprovechemos que existe la sensibilidad y la voluntad de resolver la situación de los afectados en las provincias centrales para también resolver la situación de todos los demás. Es lo justo.
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