14 de Noviembre de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
En una nota fechada el pasado 9 de noviembre, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y otras 24 asociaciones de derechos humanos ampliaron una denuncia que le habían presentado a la defensora del pueblo, Ángela Russo de Cedeño. En su denuncia original habían señalado que Gabriel Alveo, un privado de libertad, había muerto a causa de desnutrición en la cárcel de Nueva Esperanza de Colón. En su ampliación, las organizaciones no gubernamentales identificaron al menos otros 10 casos de fallecimientos de privados de libertad en condiciones que podrían estar vinculadas a desnutrición, falta de atención de servicios de salud y otras irregularidades.
De acuerdo con el documento, estos son los privados de libertad fallecidos en circunstancias que ameritan una investigación: provincia de Colón (Centro Penitenciario Nueva Esperanza): Gabriel Alveo, Cecilio Semis Warner, Pedro Alberto Ibarber y Evangelino Soto. Provincia de Panamá (Complejo Penitenciario La Joya y La Joyita): Rubén Acosta, José Salas Cáceres, Abraham Desgracia (sic) y Rodolfo Pascacio. Adicionalmente, se identificó a Rogelio Burton, Mario Barnaby y “Junior” Samaniego como otros privados de libertad fallecidos recientemente en circunstancias irregulares, sin que se pudiera precisar el centro penitenciario al cual estaban asignados.
La renuncia
El miércoles 11 de noviembre, el hasta entonces director general del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, presentó su renuncia a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. Singh les explicó a los periodistas que lo abordaron que la causa de su renuncia era la insistencia de la Policía Nacional en mantenerse dentro de los centros penitenciarios, a pesar de que la Ley 55 de 2003 obliga a la Policía Nacional a custodiar el perímetro externo de los centros penitenciarios, mientras que los custodios civiles del propio sistema penitenciario deben encargarse de la seguridad interna de los recintos.
Ayer jueves, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, reaccionó frente a los señalamientos de Singh, afirmando que “descubrió que el agua moja”, y procedió a justificar la permanencia de la Policía Nacional dentro de los recintos penitenciarios, a pesar de que la Ley 55 lo prohíbe expresamente.
El negocio
De acuerdo con el portal de Datos Abiertos del Gobierno de Panamá, a septiembre de 2026, la población penitenciaria del país era de 24 mil 915 privados de libertad. De esta cifra, 16 mil 83 estaban condenados y 8 mil 832 estaban en condición de procesados, es decir, cumpliendo una medida cautelar. De acuerdo con la misma fuente, la capacidad del sistema penitenciario panameño es de 14 mil 695 privados de libertad, por lo que hay una sobrepoblación de 10 mil 220 personas.
En el año 2025, el Ministerio de Gobierno adjudicó un contrato por 209 millones 690 mil 750.50 dólares para la elaboración de 38 millones de raciones destinadas a atender a la población penitenciaria, custodios y policías de los centros penitenciarios de la provincia de Panamá, por seis años. La ración diaria de desayuno, almuerzo y cena estuvo pactada en 5 dólares con 50 centavos por cabeza. Para la provincia de Colón se licitó un contrato por igual término e iguales condiciones, por un monto de 33.6 millones de dólares, para la alimentación de la población penitenciaria, custodios civiles y policías del Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza y del Centro Femenino de Colón.
Además de lo anterior, existe un muy próspero mercado negro dentro de los centros penitenciarios, en el cual participan custodios, policías y personal administrativo del sistema penitenciario. Cada incautación producto de una requisa revela armas y drogas, pero también es conocida la venta de navajas de afeitar, pasta de dientes, tarjetas de celular, papel higiénico, chancletas, jabones, champú, celulares, bebidas gaseosas y licores, entre otros productos que alimentan el suculento negocio del contrabando que nunca se acaba dentro del sistema penitenciario. Aunque los drones pueden introducir alguna mercancía, como droga, celulares o armas de fuego, nadie envía un dron con navajas de afeitar, latas de soda o cigarrillos.
Es precisamente esta línea de negocios la que, sumada a las transacciones derivadas del pago por traslados u otros favores, ha creado una muralla de impunidad que favorece la corrupción e impide la reclasificación de privados de libertad y, por ende, complica su rehabilitación. Según denunciaron los grupos de derechos humanos, una colchoneta para dormir se vende en 30 dólares, lo que significa que el privado de libertad que no tenga dinero o no pueda pagar favores está doblemente condenado.
El sistema disfuncional
“¿Que hay policías que colaboran con esto? Sí. ¿Que hay custodios penitenciarios que lo hacen? Claro que sí. ¿Que hay funcionarios del sistema penitenciario que también colaboran con estos detenidos? Claro que sí”, expresó el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, a diversos periodistas que lo cuestionaron ayer jueves 12 de noviembre sobre el rol de la Policía y la corrupción en el sistema penitenciario.
Probablemente, en la mayoría de los sistemas penitenciarios del mundo haya corrupción y abusos, pero lo que no se puede aceptar como una regla es la impunidad de dichas conductas.
El caso de Gabriel Alveo sirve de ejemplo de un sistema convertido en una monstruosidad. Alveo, un campesino de la región de Donoso, de 32 años de edad, estaba en la cárcel de Nueva Esperanza, en Colón, y fue condenado a 57 meses de prisión por un delito de robo. Alveo ya había cumplido 48 meses de su pena, por lo que, de haberse tratado de un privado de libertad con influencias o dinero, ya habría salido por el cumplimiento de dos tercios de la pena.
El 13 de octubre pasado, el Centro Penitenciario Nueva Esperanza comunicó a las autoridades de salud que Alveo iba a ser trasladado porque necesitaba tratamiento médico. Su traslado no se dio hasta el 15 de octubre, día en que murió. La causa de la muerte fue desnutrición severa, es decir, que Alveo no recibió alimentación de forma crónica. Esto solo puede ser entendido como resultado de un acto de corrupción o una tortura. Nadie puede ser inocente cuando una persona yace tirada en el suelo por días sin comer.
Las organizaciones de derechos humanos desconocen cuántos privados de libertad han tenido igual destino. Lograron identificar 11 nombres gracias a que familiares y conocidos aportaron alguna información en redes sociales, la cual pudo verificarse al menos en forma parcial.
¿Por qué preocuparnos tanto por la “escoria” de la sociedad? Sería muy fácil y conveniente ser indiferente ante lo que ocurre en los centros penitenciarios. Después de todo, pensará la gran mayoría de las personas que, si están allí, es porque hicieron algo; no son ángeles. ¿Qué tal si son inocentes y su privación de libertad es un error del sistema? ¿Y si cometieron su error para llevar comida a su casa o comprar medicina para un familiar enfermo? ¿O qué tal si forman parte de una pandilla a la que se unieron desde niños para protegerse de otra pandilla?
Es muy probable que podamos afirmar que los privados de libertad no son ángeles, pero quienes los custodian, los vigilan y gestionan el sistema penitenciario tampoco parecen ser ángeles.
Las cárceles panameñas dejaron de ser universidades del crimen para convertirse en fábricas de monstruos, sociópatas dispuestos a todo. Algún día, los que están adentro saldrán y no se habrán rehabilitado; estarán cargados de más odio y resentimiento. Algún día, el policía corrupto que vendió un celular o llevó droga a la cárcel se convertirá en comisionado y estará a cargo de la seguridad de un buen barrio de la ciudad de Panamá, de una comunidad de descanso en las playas del Pacífico o de un área del Centro Bancario.
Ese otro día, cuando ese policía corrupto decida hacer una transacción lucrativa con una banda que conoció cuando trabajaba en la cárcel, su vida, estimado lector, la mía o la de cualquiera de nuestros seres queridos podrá estar en peligro.
Ese día, pediremos que se acabe con la corrupción en la Policía y quizás recordaremos que fue en los centros penitenciarios donde aprendieron el verdadero poder de la corrupción.
La muerte de los 11 panameños mencionados por los grupos de derechos humanos debe ser investigada a cabalidad por el Ministerio Público. No fueron caprichos ni accidentes los que probablemente causaron sus fallecimientos.
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