República Dominicana: sin oro sí hay paraíso.
7 de Mayo de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
Sin las amenazas de represión policial ni la suspensión de garantías constitucionales, miles de ciudadanos de la República Dominicana marcharon el pasado domingo 3 de mayo contra el proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan, en la República Dominicana. El proyecto, a cargo de la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp., consistía en una mina subterránea para la extracción de aproximadamente 1 millón de onzas de oro y una cantidad no conocida públicamente de plata y cobre. Los manifestantes afirmaban que el proyecto minero pondría en riesgo los recursos hídricos de la región. En particular, se señaló el riesgo de contaminación del río San Juan, del cual dependen más de 100 mil personas para sus actividades agrícolas y como fuente de agua potable.
Ante la magnitud de la protesta, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en un mensaje a la nación el lunes 4 de mayo declaró que el proyecto minero sería detenido inmediatamente. En su discurso, el mandatario explicó que la mina había sido concesionada en el año 2005 y que posteriormente, en la década siguiente, la concesión fue renovada, y que el proyecto se encontraba en etapa de evaluación ambiental.
“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, dijo el mandatario.
Las reacciones
El vocero del Consejo Nacional de la Empresa Privada de la República Dominicana, César Dargam, reaccionó a la decisión presidencial así:
“El presidente Luis Abinader se ha caracterizado por su vocación de concertación, con prudencia, sensibilidad y empatía. Sin embargo, estoy en desacuerdo con la ‘detención de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero’, pues plantea interrogantes sobre resguardar procesos institucionales claros y basados en evidencia. El potencial de una minería responsable en RD es inmenso, y posible con equilibrio social, ambiental y económico”, según publicó el medio dominicano Listín Diario.
Por su parte, Luis Santana, CEO de la minera canadiense en la República Dominicana, informó a los medios de ese país que la empresa estaba analizando lo decidido por el presidente Abinader y que “todavía es muy temprano para tener una posición, mucho menos hablar de próximos pasos”. En la bolsa de valores de Canadá, las acciones de la empresa GoldQuest perdieron 17 % de su valor el día que se conoció la decisión del presidente Abinader y han perdido un 25 % en lo que va de la semana.
Otras dos empresas mineras canadienses con operaciones en la República Dominicana también fueron golpeadas severamente. Precipitate Gold, que opera los proyectos Juan de Herrera, Pueblo Grande y Pontón, tuvo una caída de 57.3 % de su valor accionario el día que se supo la noticia de la suspensión del proyecto Romero, y un acumulado de 65 % en lo que va de la semana. A su vez, la empresa Unigold Inc., que tiene un proyecto en el municipio de Restauración, en la provincia de Dajabón, tuvo una caída de 34.7 % el día que se supo la noticia.
La lección para Panamá
El presidente Abinader es un empresario dominicano con fuertes vínculos con el sector turístico y de construcción. Se formó como economista en su país y en las universidades de Harvard University y Dartmouth College. No se le considera particularmente cercano al sector ambientalista, por lo que esta decisión debió estar orientada a la preservación de la paz social y a la protección de los recursos hídricos en la provincia más agrícola de la República Dominicana.
En las próximas semanas concluirá el audito ambiental integral contratado por el Estado panameño para conocer en detalle los impactos, efectos y el grado de cumplimiento de la mina de cobre de Donoso en la temática exclusivamente ambiental. No se ha realizado un audito financiero que valide el beneficio económico y la identidad real de los accionistas de la empresa. Ni siquiera se ha hecho un audito como el realizado por la Contraloría General de la República sobre la concesión portuaria de Panamá Ports Company, que determinó que Panamá había dejado de recibir más de 1,337 millones de dólares.
A pesar de todo esto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha prometido que el próximo 1 de julio anunciará su decisión oficial sobre la reapertura de la mina de cobre de Donoso. En la práctica, la empresa minera ha contratado a unos 3 mil trabajadores y tiene autorización para mover 38 millones de toneladas de rocas con la finalidad de obtener 70 mil toneladas de cobre. La mina Romero, en República Dominicana, iba a ser subterránea, porque la empresa promotora de la misma decidió que una mina a cielo abierto era mucho más perjudicial para el ambiente. Si el presidente Mulino considerara, al igual que el presidente Abinader, el riesgo del recurso hídrico, su decisión debería ser el pleno cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad dictado por la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato minero.
Los tajos y tinas de relave de los lixiviados de la operación minera a cielo abierto representan una enorme amenaza a los recursos hídricos de la cuenca del Canal de Panamá. El agua contaminada con metales se convierte en ácido, y esa agua con ácido puede provocar la contaminación de acuíferos subterráneos que afecten el agua que el Canal de Panamá necesita. Esos lagos de agua ácida serán una costosa herencia que requerirá saneamiento a perpetuidad, como se puede ver en este caso en el estado de Montana, en los Estados Unidos.
En Panamá hay desesperación por nuevos empleos; también hay desesperación por la falta de agua. No hagamos que, por los miles de empleos temporales de la mina, perdamos el agua que necesitan el Canal de Panamá y el área metropolitana del país.
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