Los descuentos no son pensiones
5 de Septiembre de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
El aumento del costo de la vida, la creciente necesidad de adquirir medicamentos y el deterioro de la calidad de los servicios públicos y de la red de protección social son factores que inciden sobre la calidad de vida y el nivel económico de los jubilados, pensionados y adultos mayores en general. Un dólar del año 2026 no alcanza para aquello que cubría un dólar en 1990. Sin embargo, las cuotas obrero-patronales que alimentaron a la Caja de Seguro Social estaban atadas implícitamente al valor de un dólar que ya no existe.
La discusión nacional despertada por la aprobación en tercer debate, el pasado 27 de agosto, del proyecto de Ley 226 ha puesto una reclamación de justicia social en la balanza con la rentabilidad de un importante segmento del sector empresarial. La transformación de los significativos descuentos a adultos mayores, jubilados y pensionados en créditos fiscales aplicables al impuesto sobre la renta se enfrenta a la realidad de que el descuento sobre una mercancía tiene un valor cierto y presente, mientras que el crédito fiscal tiene un valor incierto y futuro.
La gran deuda
Panamá es uno de los países más caros de América Latina y el Caribe. El ser una economía de servicios dolarizada y enfocada en actividades globales como la logística, los servicios financieros o los servicios legales empuja una inflación discreta sobre el costo de todo tipo de bienes. La condición de las calles deja mucho que desear; la intermitencia del servicio de agua potable, así como la de la recolección de basura, junto con las ineficiencias del servicio de electricidad y las deficiencias en la articulación de cadenas de valor locales, devienen en un gigantesco nudo gordiano de gastos, sobrecostos e impuestos disfrazados, como la inseguridad y la corrupción. Si nuestra economía carga con todo esto, la economía de los adultos mayores y de los jubilados carga con más que eso.
En un país con una alta incertidumbre laboral, con la mitad de la población en la economía informal, el ingreso quincenal garantizado de un jubilado representa el salvavidas de muchos hogares. El jubilado es el prestamista de último recurso, el fiador de mueblerías, cooperativas, financieras y bancos. A su vez, la “abuelita” o el “abuelito” es quien completa o asume totalmente el pago de la mensualidad de la escuela privada del nieto, la letra del carro nuevo de la hija o respalda la hipoteca de la vivienda de algunos de sus descendientes.
Las pensiones fijas resultantes del cálculo actuarial de las cuotas obrero-patronales pagadas en el pasado no le hacen honor a la actual generación de jubilados. Si tomamos en cuenta a los demás adultos mayores de esta República, nos corresponde mirarnos en el espejo como país y entender una gran verdad: esa generación que hoy está jubilada tuvo sobre sus hombros dos grandes tareas sin las cuales este país no sería el bastión de prosperidad que es actualmente. La primera tarea que esa generación de panameños y panameñas cumplió fue la lucha por la soberanía del país y, en especial, la recuperación del Canal de Panamá. La segunda tarea, que es un proyecto en construcción, fue la recuperación de la democracia y del Estado de derecho, sin los cuales esta columna y los mensajes en redes sociales que compartimos no serían posibles. Con semejantes logros sobre sus hombros, el pago recibido por la más grande generación de panameños y panameñas es una exigua pensión.
La esencia del problema
Si estamos de acuerdo con la premisa de que los jubilados y adultos mayores se merecen una mejor remuneración, entonces el problema no se puede enfocar en descuentos obligatorios, sino en una mejora de la remuneración que reciben nuestros adultos mayores. El primer principio de este planteamiento debería ser que ningún adulto mayor perciba una pensión menor al salario mínimo, es decir, unos 650 dólares mensuales.
Esto, obviamente, pone una mayor presión sobre las finanzas de la Caja de Seguro Social. Este debate se empezó a tener cuando se discutió, el año pasado, la ley que reformó la Caja de Seguro Social. Sin embargo, esas reformas sacaron al paciente de cuidados intensivos y lo trasladaron a la sala del hospital. Ahora toca pensar en un nuevo esquema de ingresos para los adultos mayores distinto al de la Caja de Seguro Social. Obviamente, con esa regla, los nuevos ingresos no vendrían de la cuota obrero-patronal; deben provenir del territorio fiscal. Este ingreso complementario sería entregado a través de una tarjeta clave “social”. De acuerdo con cifras del censo de 2023, en Panamá había 563 mil 641 personas mayores de 60 años y se estima que para el año 2030 seremos 787 mil 845 ciudadanos y ciudadanas en ese segmento de edad.
Semejante asignación de recursos públicos requerirá una reforma fiscal. Los críticos de esta medida podrían señalarla como una transferencia de los más jóvenes hacia los más viejos o un gasto público exagerado en un segmento de la población con menor productividad. Frente a los argumentos anteriores, queda decir que este es un tema ético que trasciende una visión economicista de la relación entre adultos mayores y jóvenes. En un país en el que se dejan de cobrar de 6 mil a 8 mil millones de dólares en impuestos anualmente, hay capacidad fiscal para este ingreso complementario.
Tomando en cuenta que la tarjeta clave social para adultos mayores se podría usar para comprar alimentos, medicamentos, artículos de uso personal, para el pago de servicios públicos e incluso para pagar diversos productos financieros, la iniciativa convertiría a este segmento de la población en un mercado más interesante. Esto, a su vez, liberaría a nuestros adultos mayores de muchísima presión psicológica y estrés por temas económicos. Eso significa más calidad de vida y menos hospitalizaciones.
¿Y la próxima generación?
Por razones obvias, la población de adultos mayores seguirá creciendo. Ese aumento va a superar los nacimientos de nuevos ciudadanos y, por lo tanto, requerirá medidas valientes con respecto a nuestra seguridad social y a nuestra cultura económica. Una economista colombiana me comentó que le llamaba poderosamente la atención cómo los panameños anhelaban la jubilación como una especie de fuente de prosperidad. En nuestra cultura económica no se nos enseña a emprender ni tampoco a invertir. El emprendedor puede ser desde el vendedor de pastillas en un semáforo hasta el propietario de una aplicación multimillonaria para teléfonos celulares. Incluso, si ese vendedor de pastillas recibiera un poco de educación financiera, su negocio podría ser mucho más rentable y podría crear más valor que en un semáforo.
Si no sabemos emprender y no sabemos invertir, ¿qué nos queda? Buscar un empleo con el cual aportemos el número de cuotas necesarias para la jubilación. Luego llega la jubilación y sus beneficiarios se percatan de que no es suficiente y de que ahora, en vez de gastar para una generación de su familia, tienen que aportar para dos generaciones. De allí evolucionan empleados permanentes en el gobierno que, 20 años después de haberse jubilado, todavía permanecen en el cargo más por la necesidad económica familiar que por la satisfacción en el trabajo o el compromiso con la formación de una nueva generación. Esta es una verdadera tragedia humana, no solo porque la persona no descansa adecuadamente ni disfruta de su vida familiar, sino porque se les niegan oportunidades a las generaciones más jóvenes. La injusticia económica hacia los adultos mayores provoca injusticia económica hacia todas las generaciones.
Existen graves distorsiones en nuestra economía: oligopolios, capitalismo de amiguetes, ineficiencias absurdas y una falta de competitividad injustificada en sectores clave. Las pensiones de los jóvenes de hoy van a ser inferiores, en términos relativos y absolutos, en comparación con las pensiones de los adultos mayores actualmente. Estamos a tiempo de corregir esta distorsión con una combinación de iniciativas: por una parte, hay que mejorar y complementar los ingresos y los rendimientos de las inversiones de la Caja de Seguro Social para que las jubilaciones del futuro sean mejores que las actuales y, por otro lado, hay que enseñarle a la población joven del país a emprender y a invertir para que sepa gestionar su horizonte financiero personal y familiar con los mejores criterios posibles.
Un joven trabajador que sepa invertir y hacer crecer su capital es la contribución más valiosa que se puede hacer para el futuro de la economía panameña. Una persona que sepa que el crédito no es para gastarlo en zapatillas caras o en un celular de moda, sino que ese mismo crédito, convertido en un negocio o en educación, puede llevarla más lejos que cualquier par de zapatillas. Debemos actuar muy rápido como sociedad para evitar que los jóvenes de hoy, pensionados de mañana, también necesiten de un ingreso complementario y tengan que luchar por descuentos en los medicamentos.
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