¿Quién vigila al Consejo de Seguridad?
17 de Julio de 2026
Por: Redacción Contrapeso
Exclusivo para Contrapeso
El Gobierno mantiene bajo reserva ocho contrataciones de seguridad. Entre ellas está la modernización del Centro de Operación Nacional, CON C5, una plataforma de videovigilancia que incorporará analítica e inteligencia artificial para ampliar cobertura e integrar información institucional.
La reserva alcanza los pliegos de cargos. Así, la ciudadanía y las empresas que no superen la precalificación no podrán conocer especificaciones, criterios de evaluación ni, en varios casos, precios de referencia. El Gobierno sostiene que divulgar esos detalles podría comprometer las operaciones.
La justificación puede ser válida para parte de la información. Nadie espera que el Estado publique la arquitectura de sus sistemas de vigilancia. Pero la inteligencia artificial, la mayor capacidad de monitoreo y el manejo masivo de datos reabren una discusión conocida: quién controla a quienes recopilan información sobre los ciudadanos.
El Consejo de Seguridad ha sido durante décadas una de las instituciones más sensibles del Estado. Sus funciones de inteligencia, su acceso a información y su relación directa con la Presidencia lo han mantenido bajo escrutinio.
La preocupación no es teórica. Con Martinelli estalló el caso de los “pinchazos telefónicos”, que terminó con dos exsecretarios condenados y el expresidente absuelto en un proceso separado.
Pero la historia comenzó mucho antes.
Sus orígenes en la dictadura
El Consejo de Seguridad y Defensa fue creado en 1984, durante los últimos años del régimen militar. Su estructura abarcaba seguridad, desarrollo nacional y política internacional.
Estaba integrado por varios ministros y por el comandante jefe de las Fuerzas de Defensa, institución que concentraba buena parte del poder político y militar.
Tras la invasión, la captura de Noriega y la caída de la dictadura, el aparato de seguridad fue reorganizado.
La restauración democrática
Con Guillermo Endara se reorganizó la Fuerza Pública y se creó el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional como organismo asesor del presidente.
También se estableció la figura del secretario ejecutivo y mecanismos de coordinación con el Ministerio Público y el Órgano Judicial para enfrentar actividades ilícitas.
La institución fue adaptada al sistema democrático, pero mantuvo una relación directa con el Ejecutivo.
La reorganización de Martín Torrijos
En 2008, con Torrijos, el Consejo volvió a ser reformado y se creó el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, conocido como SENIS.
El nuevo servicio debía producir información y análisis para anticipar amenazas contra la soberanía, el orden constitucional, las infraestructuras estratégicas y el Canal, además de enfrentar terrorismo, espionaje y delincuencia organizada.
La norma establecía un deber de reserva y prohibía el espionaje político, las actividades partidistas y cualquier actuación que vulnerara derechos fundamentales.
Los límites estaban escritos. Faltaba garantizar su cumplimiento.
Martinelli y un Consejo más concentrado
El SENIS recibió fuertes críticas de sectores que lo consideraban una amenaza para los derechos ciudadanos. Su derogación fue una promesa de campaña de Martinelli.
En 2010, ya como presidente, impulsó su eliminación y creó el Consejo de Seguridad Nacional.
La estructura quedó concentrada alrededor del presidente, el ministro de la Presidencia y el secretario ejecutivo.
La normativa estableció que el secretario respondería únicamente ante el presidente, quien podía nombrarlo, removerlo y asignarle otras funciones.
Para sus críticos, el diseño dejó la conducción de la inteligencia bajo influencia directa del mandatario y con pocos controles externos visibles.
El poder de solicitar información
La Secretaría del Consejo no solo produce análisis de inteligencia. También puede solicitar datos a personas, empresas e instituciones públicas o privadas cuando considere que guardan relación con la seguridad nacional.
Las entidades del Estado están obligadas a proporcionar lo requerido, salvo cuando la ley exige autorización judicial.
La facultad puede ser necesaria para anticipar amenazas. También obliga a preguntar quién controla las solicitudes, cómo se justifican, cuánto tiempo se conservan los datos y con quién se comparten.
Buena parte de las instrucciones e informes del Consejo se considera información de acceso restringido. La reserva es normal en inteligencia, pero debe estar acompañada de una fiscalización capaz de revisar lo que no puede divulgarse.
Escuchar no siempre es ilegal
Una interceptación puede ser legítima dentro de una investigación penal, pero no queda al criterio libre de los organismos de seguridad.
Debe ser solicitada por un fiscal y autorizada por un juez. Es excepcional, responde a una investigación concreta, se aprueba por tiempo limitado y el material debe mantenerse bajo cadena de custodia.
Solo debe incorporarse al expediente aquello relacionado con el caso.
El abuso aparece cuando se escucha sin autorización judicial, se invade la intimidad de personas que no están siendo investigadas o se utiliza la información con fines políticos o personales.
Los pinchazos y las condenas
El caso de los “pinchazos telefónicos” marcó uno de los episodios más graves en la historia del Consejo.
Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, exsecretarios de la institución, fueron condenados a 50 meses de prisión como cómplices primarios de delitos relacionados con la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
La condena fue dictada en 2019 y quedó firme en 2023, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas.
En el proceso separado contra Martinelli, los tribunales concluyeron que no se había probado que él hubiera ordenado las interceptaciones.
Martinelli: no culpable
Martinelli fue declarado no culpable y absuelto definitivamente en 2021.
El proceso se extendió más de seis años e incluyó su salida de Panamá, su detención en EE. UU., la extradición y dos juicios.
Las investigaciones sostenían que desde el Consejo se habían interceptado las comunicaciones de unas 150 personas, entre ellas políticos, periodistas, empresarios y dirigentes de la sociedad civil.
Martinelli abandonó Panamá en 2015 alegando persecución política. Fue declarado en rebeldía, arrestado en Miami en 2017 y extraditado un año después.
En 2019, un tribunal lo declaró no culpable de espionaje y malversación. La sentencia fue anulada en apelación y se ordenó un nuevo juicio.
En 2021, otro tribunal lo absolvió al concluir que no existían pruebas directas de que hubiera ordenado las interceptaciones o seguimientos.
La decisión cerró su responsabilidad penal. La discusión institucional quedó: cómo operó la estructura, qué controles existían y hasta dónde llegaban sus cadenas de mando.
El debate también estuvo marcado por declaraciones del propio Martinelli, quien aseguró públicamente tener el “dosier” y el “pedigrí” de todo Panamá.
De los teléfonos a la vigilancia digital
El riesgo actual ya no se limita a escuchar llamadas.
Las tecnologías disponibles permiten recopilar comunicaciones digitales, ubicaciones, contactos y movimientos. También pueden cruzar datos y reconstruir rutinas o relaciones personales.
La modernización del CON C5 busca incorporar analítica avanzada e inteligencia artificial a la plataforma de videovigilancia. El Ejecutivo afirma que mejorará la coordinación institucional y la respuesta ante delitos. Los detalles técnicos permanecerán bajo reserva.
En paralelo, el Senan creó una Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia para formar a su personal en nuevas tecnologías, análisis de información, cibercrimen y “operaciones de desinformación”.
El ministro de Seguridad ha dicho que la escuela no investigará personas. Especialistas y organizaciones civiles advierten que el concepto de desinformación es ambiguo y requiere límites claros para evitar afectaciones a la libertad de expresión.
La discusión ya no puede limitarse a las llamadas. Debe incluir cámaras, sistemas automatizados, bases de datos y herramientas capaces de analizar información a gran escala.
Varela y las reformas pendientes
Con Varela se crearon dentro del Consejo instancias para prevenir el terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Sin embargo, la discusión pública no desembocó en una ley integral de inteligencia que definiera con mayor claridad competencias, límites y mecanismos externos de supervisión.
La estructura creada en 2010 ha seguido siendo una referencia para el funcionamiento del Consejo, complementada con nuevas tareas.
Las preguntas siguen siendo parecidas: cuál es el alcance de sus facultades, quién fiscaliza sus actuaciones y cómo se maneja la información que recopila.
La reforma pendiente
Panamá necesita servicios de inteligencia. El Estado debe anticipar amenazas, compartir información y enfrentar organizaciones criminales.
La discusión está en los controles.
Una reforma integral debería establecer quién supervisa al Consejo, cómo se audita el uso de tecnologías de vigilancia, qué registro queda de cada solicitud y cuánto tiempo pueden conservarse los datos.
También debería definir con quién pueden compartirse, cuándo deben eliminarse y qué mecanismo tiene un ciudadano cuando sospecha que fue vigilado ilegalmente.
La reserva es necesaria en inteligencia, pero la información sensible no debe quedar fuera de toda revisión. Puede existir supervisión legislativa, judicial o técnica sin revelar operaciones al público.
Las nuevas compras de videovigilancia, inteligencia artificial y gestión de evidencia digital muestran que la capacidad del Estado está creciendo. La regulación y los controles deberían actualizarse al mismo ritmo.
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