Hombres de Blanco: entre la urgencia y la opacidad
20 de Julio de 2026
Por: Redacción Contrapeso
Exclusivo para Contrapeso
Hombres de Blanco vuelve a aparecer en una contratación pública millonaria. Durante el gobierno de Laurentino Cortizo, la empresa integró el Consorcio Servicios Integrales de Higiene, que obtuvo por $11.1 millones la limpieza y el aseo del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tocumen inició después la terminación unilateral del contrato, alegando múltiples incumplimientos.
Bajo la administración de José Raúl Mulino, Hombres de Blanco pasó a prestar servicios de limpieza en ocho hospitales del Ministerio de Salud. El propio Minsa reconoció que continuó trabajando durante el segundo semestre de 2025 sin un contrato formal.
Ese es el punto central: cómo una empresa puede seguir prestando un servicio público esencial sin completar los controles exigidos por la ley.
El Gobierno puede recurrir a modalidades distintas de la licitación pública. Eso no demuestra, por sí solo, una irregularidad. Pero, cuanto menos abierto sea el procedimiento, mayor debe ser la explicación sobre los criterios técnicos, los precios y la selección del proveedor.
El Minsa utilizó una cotización en línea. Según el ministro Fernando Boyd, participaron varias empresas y Hombres de Blanco presentó el precio más bajo.
Sí hubo algún grado de competencia. Sin embargo, una cotización en línea no ofrece el mismo nivel de publicidad y escrutinio que una licitación pública. También limita la posibilidad de comparar ampliamente las condiciones del proceso.
¿Por qué se utilizó esa modalidad y cómo se evaluaron las ofertas? No sabemos.
La empresa es presidida por Rubén Daniel Argüelles. Su hermano, Rubén Darío Argüelles, pertenece al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli. Mulino, que ha querido proyectar distancia política frente a Martinelli, lo designó cónsul de Panamá en Brasil.
El problema del refrendo
La jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte ha sostenido que los contratos públicos sujetos al refrendo de la Contraloría no producen efectos ni generan obligaciones mientras no cumplan ese requisito.
La Procuraduría de la Administración ha planteado el mismo principio. En la contratación pública no basta con la voluntad y la firma de las partes. También deben cumplirse las autorizaciones exigidas por la ley.
La Ley de Contrataciones Públicas establece que los contratos sujetos a refrendo se perfeccionan cuando son refrendados por la Contraloría.
Prestar primero el servicio y completar después el contrato altera ese orden. Cuando la obligación ya fue ejecutada, el control previo pierde eficacia y el Estado queda bajo presión para pagar.
En septiembre de 2025, el contralor Anel Flores advirtió que no refrendaría documentos contractuales cuando los bienes, las obras o los servicios hubieran sido recibidos con antelación.
Sin embargo, menos de tres semanas después anunció que aprobaría el pago de dos contratos otorgados por el Minsa a Hombres de Blanco.
Puede argumentarse que el Estado recibió un servicio y debe pagarlo. Pero eso no explica cómo se permitió que la prestación continuara sin contrato formal ni quién debe responder por ello.
Si no se determinan responsabilidades, se consolida una práctica conocida: ejecutar primero y someter después a la Contraloría a la presión de validar el pago.
El Minsa también gestionó traslados de partidas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea para cubrir los servicios prestados. Aunque el contrato no estaba perfeccionado, la institución ya buscaba fondos para atender la obligación.
La defensa del Minsa
El Minsa explicó que recurrió a medidas excepcionales porque el contrato anterior terminó el 30 de junio de 2025 y no existía una partida aprobada para abrir una licitación regular.
La continuidad de la limpieza era necesaria. Suspenderla podía poner en riesgo a pacientes y personal médico.
Sin embargo, esa necesidad no explica por qué el Minsa llegó a una fecha conocida sin una solución presupuestaria y contractual. La urgencia puede justificar rapidez, pero no la falta de planificación.
La institución informó que el servicio estuvo dividido entre dos empresas durante el primer semestre de 2025. Después decidió centralizarlo en un solo proveedor por razones de eficiencia y bioseguridad.
El Minsa aseguró que la unificación produjo ahorros. Sin embargo, divulgó dos cifras distintas.
En julio de 2025 habló de un ahorro anual de $741,126.34. En diciembre informó una reducción de $687,626.30. La diferencia supera los $53,000 y no ha sido explicada públicamente.
Puede tratarse de períodos o métodos de cálculo distintos. Pero, sin estudios de mercado, ofertas comparables y costos por hospital, no es posible verificar si el precio escogido era realmente el más conveniente.
Mientras se completaba el trámite, la empresa siguió trabajando “de buena fe”, sin facturar ni cobrar.
Una empresa privada que sostiene durante meses una operación hospitalaria de gran escala previsiblemente espera recibir una compensación. La “buena fe” no sustituye el contrato ni evita que el servicio prestado termine siendo el argumento para justificar el pago.
La licitación de $80 millones
En 2026, el Minsa abrió una licitación pública para contratar la limpieza de nueve hospitales, con un precio de referencia superior a $80 millones.
Ese proceso es distinto del servicio prestado en ocho hospitales durante 2025. Hombres de Blanco figura entre las 23 empresas que participaron en la homologación.
Por ahora, eso solo demuestra su interés en competir. No existe base para afirmar que recibirá el contrato ni que parte con ventaja.
Sin embargo, el antecedente importa. Después de un servicio prestado sin contrato formal, la nueva licitación debe demostrar competencia real, reglas claras y una evaluación verificable.
El caso deja preguntas concretas. ¿Por qué venció el contrato sin una nueva contratación perfeccionada? ¿Por qué se permitió que el servicio continuara sin refrendo? ¿Cómo se calcularon los ahorros anunciados? ¿Qué criterio aplicó la Contraloría para autorizar el pago?
La limpieza hospitalaria es indispensable. Por eso, no debería depender de contratos incompletos, explicaciones tardías ni controles aplicados después de los hechos.
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