Jubilados, pero no retirados
31 de Agosto de 2026
Por: Diputado 72
Exclusivo para Contrapeso
Más del 60% de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) está jubilado y miles de trabajadores del Seguro siguen en sus puestos después de pensionarse. Las cifras, reveladas durante las sustentaciones presupuestarias en la Asamblea, reabrieron un problema que el Estado intenta resolver desde hace años: cómo renovar sus planillas sin vulnerar derechos adquiridos.
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, informó que más del 60% del personal del MIDA está jubilado. También habló de funcionarios mayores de 80 años, algunos con limitaciones para realizar trabajo de campo, que reciben salarios de hasta $5,000 además de su jubilación.
Linares sostuvo que con esos recursos podrían contratarse varios profesionales jóvenes.
El problema se repite en otras instituciones.
En el Seguro, más de 6,000 funcionarios mayores de 65 años siguen trabajando en la entidad, muchos con estabilidad laboral. Un año antes, estadísticas del propio Seguro mostraban que casi una cuarta parte de su planilla estaba jubilada.
Mon negó que existan “botellas”, aunque reconoció que hay funcionarios que prácticamente van a “calentar la silla”.
Pero estar jubilado no significa necesariamente ser improductivo.
Un funcionario de 70 años puede seguir siendo productivo. Y uno de 40 puede ser un vago. La discusión no debería centrarse solo en la edad, sino en el desempeño, la capacidad para ejercer el cargo y, también, en si la plaza sigue siendo necesaria.
De retiro obligatorio a permanencia legal
Panamá no siempre tuvo este modelo.
La Ley Faúndes, de 1998, establecía el retiro obligatorio a los 75 años para determinados servidores públicos. Fue derogada en 2007 y, un año después, la Ley 18 estableció que ninguna institución pública puede exigirle a un funcionario que renuncie para recibir su jubilación.
En otras palabras, jubilarse no obliga a dejar de trabajar.
La Corte Suprema reforzó ese principio en 2019 al concluir que la jubilación no es por sí sola incompatible con seguir trabajando y cuestionar restricciones laborales basadas únicamente en la edad.
Las normas protegen un derecho legítimo. Pero el derecho de un jubilado a seguir trabajando no equivale necesariamente a conservar indefinidamente una plaza pública.
Ahí empieza el problema cuando el Estado necesita reorganizar una institución, eliminar un cargo o sustituir a alguien que ya no puede cumplir determinadas funciones.
Una discusión que lleva años
Desde hace más de una década, distintos gobiernos ensayan programas de retiro voluntario.
En 2015, unos 20,000 funcionarios jubilados podían acogerse a uno de estos programas, pero solo 1,548 —menos del 8%— aceptaron. Hubo nuevos intentos en 2017 y 2022.
El IDAAN enfrentó un escenario parecido. Identificó cientos de funcionarios jubilados o con limitaciones para determinadas labores y puso en marcha un plan de retiro voluntario que contemplaba renovar hasta mil posiciones, acompañado de un programa de sucesión.
La Lotería, el Municipio de Panamá, el propio Seguro y otras entidades también han utilizado bonificaciones para incentivar salidas.
Han cambiado los gobiernos y las instituciones, pero la fórmula se repite: bonificaciones temporales para resolver un problema permanente.
Las universidades tampoco escapan
La Universidad de Panamá ha utilizado incentivos para promover la salida de funcionarios jubilados. La Universidad Autónoma de Chiriquí también creó un mecanismo de retiro voluntario para profesores e investigadores pensionados, con bonificaciones a cambio de una renuncia definitiva.
Ahora, tras las declaraciones de Linares, FENASEP volvió a proponer un esquema similar.
Y ahí aparece otra realidad: para muchos funcionarios, dejar de trabajar implica una reducción importante de ingresos. Permanecer en el puesto puede responder a razones profesionales, personales o económicas.
Una planilla difícil de mover
A esto se suman los regímenes de estabilidad, escalafones y leyes especiales que protegen a distintos grupos de servidores públicos.
Agrónomos, médicos, enfermeras, docentes, policías y otros profesionales están cubiertos por normas que fijan condiciones laborales, aumentos y protecciones específicas.
Eso no convierte a esas leyes en el problema, pero sí hace más rígida la administración de una planilla en la que muchas decisiones sobre salarios y permanencia están predeterminadas.
En el Seguro, por ejemplo, la Ley 462 de 2025 mantuvo la estabilidad de profesionales y técnicos de salud, pero también contempla evaluaciones de desempeño y causales de desvinculación cuando existen faltas debidamente comprobadas.
Eso parece más razonable que despedir a alguien por fecha de nacimiento.
La pregunta de fondo es otra: ¿cómo decide el Estado qué funcionarios y qué plazas todavía necesita?
Si un médico de 70 años mantiene su capacidad, tiene buen desempeño y hace falta, la jubilación por sí sola no justifica su salida.
Si un agrónomo de más de 80 años ya no puede realizar trabajo de campo y esa es una función esencial de su cargo, la institución necesita una salida legal y razonable.
Y si una plaza —sea de un jubilado o no— dejó de ser necesaria, mantenerla solo porque existe tampoco tiene sentido.
Renovar una planilla no significa necesariamente cambiar a un trabajador mayor por uno joven. También puede significar eliminar una plaza que ya no hace falta.
Los jubilados no diseñaron las reglas ni son responsables de una estructura que les permite seguir trabajando. Pero la estabilidad tampoco puede convertirse en inmovilidad permanente para el Estado.
El problema no es la edad. Es un Estado que todavía no tiene claro a quién necesita, cómo medirlo y qué plazas ya dejaron de tener sentido.
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