El saldo judicial del gobierno Cortizo: al menos 19 exfuncionarios procesados
7 de Septiembre de 2026
Por: Diputado 72
Exclusivo para Contrapeso
Laurentino Cortizo dejó la Presidencia el 1 de julio de 2024. Dos años después, funcionarios y exfuncionarios de su administración han sido imputados o condenados por hechos ocurridos durante ese quinquenio.
La revisión de los expedientes permite identificar al menos 19 funcionarios o exfuncionarios del Ejecutivo vinculados formalmente a procesos penales por hechos ocurridos entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024.
Son un exvicepresidente y exministro de la Presidencia; cinco exjefes de instituciones; dos exdirectores de áreas; dos exasesoras; y nueve funcionarios o exfuncionarios del Miviot y la DIASP cuyo rango individual no ha sido divulgado.
Es una cifra conservadora. No incluye particulares, empresarios, beneficiarios de programas, alcaldes, representantes ni funcionarios de instituciones independientes del Ejecutivo.
Tampoco a quienes solo han sido denunciados o permanecen bajo investigación sin una imputación públicamente confirmada.
Gaby Carrizo
José Gabriel “Gaby” Carrizo, vicepresidente entre 2019 y 2024 y ministro de la Presidencia al inicio del gobierno, está imputado por presunto enriquecimiento injustificado.
El expediente se refiere a unos $1.9 millones que, según la investigación, no estarían justificados dentro de su patrimonio.
Carrizo permanece bajo arresto domiciliario y este 7 de septiembre tiene programada su audiencia de acusación. La Fiscalía deberá presentar la acusación y las pruebas con las que pretende llevarlo a juicio.
Es el exfuncionario de mayor rango de la administración Cortizo sometido hasta ahora a un proceso de esta naturaleza.
Bernardo Meneses y los auxilios del Ifarhu
Bernardo Meneses dirigió el Ifarhu entre 2019 y 2023 y permanece detenido provisionalmente.
Enfrenta procesos por presunto peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. La Fiscalía calcula en $51.3 millones la posible lesión patrimonial investigada por irregularidades relacionadas con préstamos y auxilios económicos.
También fueron imputados por presunto peculado Héctor Sambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas. Ambos recibieron reporte periódico e impedimento de salida del país.
El programa dejó cifras difíciles de ignorar. Entre julio de 2019 y mayo de 2023, el Ifarhu repartió $141.6 millones en auxilios económicos entre 2,144 beneficiarios identificados, sin exigir necesariamente un promedio académico alto. Entre ellos aparecen una sobrina del presidente Cortizo, con $85 mil; el hijo de un ministro de la Presidencia, con $190 mil; y el hijo de un diputado, también con $190 mil.
Para abril de 2026, el caso de los auxilios acumulaba 39 imputados. La mayoría no eran funcionarios y por eso no forman parte del conteo de 19.
Héctor Brands
Héctor Brands fue director de Pandeportes durante el gobierno Cortizo y posteriormente diputado.
Está imputado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales y permanece detenido provisionalmente.
El expediente, declarado causa compleja, incluye a otras ocho personas. Entre las diligencias, la Fiscalía analiza celulares decomisados a varios imputados; algunos se negaron a entregar sus contraseñas.
Luis Oliva y Listo Wallet
Luis Oliva fue administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG.
Está imputado por presunto enriquecimiento injustificado en una investigación que examina más de $900 mil. Permanece detenido provisionalmente.
Además, enfrenta el expediente de Listo Wallet, plataforma administrada por la AIG y utilizada, entre otras cosas, para procesar el Vale Digital durante la pandemia.
En ese caso se investigan presuntos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita.
También fue imputada Janice Becerra de Reynardus, vinculada a la AIG durante la administración de Oliva. Los empresarios investigados en el mismo expediente no se incluyen porque no eran funcionarios.
Noriel Araúz
Noriel Araúz fue administrador de la Autoridad Marítima de Panamá durante el gobierno Cortizo.
En julio de 2026 fue imputado por presunto enriquecimiento injustificado agravado y permanece detenido provisionalmente.
Según la Fiscalía, durante el período auditado registró ingresos por unos $1.3 millones, pero gastos por alrededor de $2.3 millones.
En la audiencia también se conoció que Araúz tramitaba residencia temporal en Paraguay. Su defensa afirmó que estaba allí realizando consultorías portuarias. La Fiscalía utilizó ese elemento para sustentar riesgo de fuga.
Publio De Gracia y la DGI
Publio De Gracia dirigió la Dirección General de Ingresos durante el gobierno Cortizo.
En agosto de 2026 fue imputado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. La investigación abarca 2019-2024 y examina un incremento patrimonial presuntamente no justificado de unos $724 mil.
Permanece detenido provisionalmente.
También fue imputada por presunto blanqueo Ninoshka Madeleine Ríos Samaniego, quien trabajó como asesora de la DGI.
La Fiscalía sostiene que recibió más de $61 mil de De Gracia cuya procedencia debe esclarecerse. Un juez le impuso arresto domiciliario.
Operación Istmo: seis exfuncionarios del Miviot
La Operación Istmo investiga la presunta apropiación de fondos del Ministerio de Vivienda mediante nombramientos y pagos a personas que, según la Fiscalía, figuraban como servidores públicos, pero no prestaban los servicios correspondientes.
El caso comenzó en junio de 2023, cuando dentro de un vehículo fueron encontrados 36 cheques del Miviot y $20 mil en efectivo.
Una auditoría estableció posteriormente una afectación de unos $1.4 millones.
En mayo de 2025 fueron imputados por presunto peculado seis exfuncionarios del Miviot. Según la Fiscalía, algunas personas contratadas por el ministerio trabajaban simultáneamente para empresas privadas y no cumplían las funciones por las que cobraban del Estado.
El expediente también incluye particulares, fuera de este conteo.
Operación Probidad: permisos de armas
La Operación Probidad investigó hechos ocurridos en 2023 en la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, DIASP.
Según el Ministerio Público, funcionarios contactaban a personas que tramitaban permisos de armas y les pedían dinero para agilizar las solicitudes.
Hubo seis imputados, tres de ellos funcionarios públicos. Los demás eran particulares que, según la investigación, participaban en las gestiones e incluso se hacían pasar por funcionarios.
El caso avanzó más que la mayoría de este recuento: el Ministerio Público reportó cinco acuerdos de pena y una salida mediante método alterno.
En el conteo solo entran los tres funcionarios.
Entonces, ¿quiénes son los 19?
1 exvicepresidente y exministro
● José Gabriel Carrizo — Vicepresidencia / Ministerio de la Presidencia.
5 exjefes de instituciones
● Bernardo Meneses — Ifarhu.
● Héctor Brands — Pandeportes.
● Luis Oliva — AIG.
● Noriel Araúz — AMP.
● Publio De Gracia — DGI.
2 exdirectores de áreas
● Héctor Sambrano — Becas del Ifarhu.
● Rosalinda Rivera — Finanzas del Ifarhu.
2 exasesoras
● Janice Becerra de Reynardus — AIG.
● Ninoshka Ríos Samaniego — DGI.
9 funcionarios o exfuncionarios
● Seis del Miviot — Operación Istmo.
● Tres de la DIASP — Operación Probidad.
Total mínimo verificado: 19.
No tuvieron el mismo rango, no enfrentan los mismos delitos ni están en la misma etapa judicial. El criterio es uno: trabajaron en el Ejecutivo de Cortizo y los hechos investigados ocurrieron durante ese gobierno.
El universo es mucho mayor
Los 19 son solo los funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo que cumplen ese filtro.
A su alrededor aparecen decenas de empresarios, contratistas, familiares, beneficiarios y otros particulares también imputados.
El Ifarhu es el ejemplo más claro: el caso de los auxilios acumulaba 39 imputados, pero solo tres exfuncionarios de la institución entran en nuestro conteo.
Fuera del Ejecutivo está además la investigación por descentralización paralela, con decenas de representantes, exrepresentantes, tesoreros y otras personas vinculadas a gobiernos locales.
El 19, por tanto, no mide todo el universo judicial del quinquenio. Mide cuántos funcionarios del Ejecutivo podemos verificar hasta ahora como formalmente procesados por hechos de ese período.
Los que todavía no entran
Otros exfuncionarios están investigados o denunciados, pero todavía no cumplen el criterio para sumarlos.
Nadia del Río, exfuncionaria del Ministerio de la Presidencia, está vinculada a una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y fue denunciada penalmente por la Contraloría en 2026.
Maritza Ureña, exsubdirectora de la DGI, también fue denunciada penalmente por la Contraloría tras una auditoría. Hasta ahora no aparece una imputación públicamente confirmada.
También está Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas durante la administración Cortizo.
Su nombre ha reaparecido por decisiones tomadas durante su gestión en torno al Cuarto Puente sobre el Canal, objeto de cuestionamientos, auditorías y anuncios de posibles investigaciones. Hasta ahora no hay una imputación penal contra Sabonge por su gestión en el MOP.
Sí enfrenta otro expediente: en mayo de 2025, la Fiscalía Metropolitana admitió una querella por presunta estafa agravada relacionada con un proyecto inmobiliario privado en Chame.
Como ese caso no nace de su función como ministro, tampoco entra en este conteo.
Lo que queda fuera
Descartamos también casos que parecen vinculados al gobierno pasado, pero cuyos hechos no corresponden al período.
El expediente de las Vigas H del MOP, por ejemplo, se originó después de que Cortizo dejara la Presidencia.
Tampoco se incluyen funcionarios de la Contraloría, porque esa institución no pertenece al Órgano Ejecutivo, ni casos que atravesaron varios gobiernos cuando no puede determinarse que los hechos investigados correspondan específicamente a 2019-2024.
La regla es sencilla: haber trabajado durante el gobierno Cortizo no basta. El hecho investigado también debe haber ocurrido durante ese gobierno.
Con ese filtro, hasta el 2 de septiembre de 2026, la cifra mínima verificable es 19.
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