29 de Octubre de 2026
Por: Diputado 72
Exclusivo para Contrapeso
Mientras Panamá enfrenta las consecuencias del terremoto del 9 de octubre, que ha dejado miles de damnificados en el interior del país, la Asamblea Nacional registra 8,308 funcionarios y un gasto mensual de $13.2 millones en salarios, según datos de la Contraloría General de la República actualizados al 21 de octubre de 2026.
La cifra representa más de $158 millones anuales, sin incluir décimo tercer mes ni cuotas patronales. En una institución integrada por 71 diputados, equivale matemáticamente a 117 funcionarios por curul, aunque la distribución del personal no es uniforme y parte de los empleados pertenece a dependencias administrativas.
Uno de los casos más representativos es el del diputado Benicio Robinson, del PRD, quien reconoció mantener alrededor de 116 colaboradores. Su última planilla individual divulgada registraba un gasto mensual de aproximadamente $261,255, equivalente a $3.1 millones anuales.
Robinson justificó la cantidad de funcionarios por sus cuatro décadas de trayectoria legislativa y las necesidades de su trabajo. Sin embargo, la propia Asamblea ha señalado que existe un límite administrativo de 20 colaboradores o $20,000 mensuales en salarios por despacho, lo que plantea interrogantes sobre la aplicación de estos parámetros y las excepciones existentes.
El crecimiento de la planilla también ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de fiscalización. En 2025, el contralor Anel Flores anunció auditorías relacionadas con las contrataciones legislativas. Hasta ahora, no se ha informado públicamente de manera integral sobre sus resultados, las irregularidades detectadas o las medidas adoptadas.
La falta de información detallada sobre la distribución actual de los funcionarios entre diputados, comisiones y unidades administrativas dificulta establecer cuántas personas corresponden efectivamente a cada despacho y cuáles son sus funciones.
Un presupuesto que aumenta durante el año
El comportamiento presupuestario de la Asamblea muestra incrementos recurrentes entre las asignaciones originalmente aprobadas y los montos modificados durante cada ejercicio fiscal.
Entre 2020 y 2024, el presupuesto pasó de $99.6 millones a $164.9 millones en 2020; de $107.1 millones a $200.9 millones en 2021; de $143.9 millones a $230.5 millones en 2022; de $150 millones a $188.9 millones en 2023; y de $150 millones a $165.4 millones en 2024.
La tendencia continuó en 2026. El presupuesto inicial de $98.7 millones había aumentado a $146.4 millones en julio, mientras que en septiembre la diputada Janine Prado señaló que, con modificaciones posteriores, superaba los $194 millones.
Para 2027, la Asamblea solicitó $176.6 millones, frente a los $97 millones recomendados inicialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Posteriormente, la Comisión de Presupuesto recomendó reajustes por $199.1 millones para distintas instituciones, incluidos $23 millones adicionales para la propia Asamblea, destinados a salarios, décimo tercer mes y contribuciones laborales.
Estos movimientos presupuestarios evidencian la importancia de examinar no solamente cuánto dinero recibe inicialmente el Legislativo, sino también las modificaciones posteriores, su destino y los mecanismos utilizados para autorizar nuevos gastos.
La controversia sobre los 8,308 funcionarios
La presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, cuestionó públicamente la información sobre los 8,308 funcionarios. Sin embargo, durante su intervención en el pleno del 26 de octubre, presentó un desglose de personal que prácticamente coincidió con el total divulgado por la Contraloría.
Castañedas mencionó 4,063 transitorios, 723 interinos, 3,323 permanentes y 200 eventuales adicionales. La suma de esas categorías es de 8,309 personas.
Según los registros de la Contraloría, la Asamblea incorporó 2,511 funcionarios a su planilla entre mayo de 2026 y octubre del mismo año. No obstante, los registros de contratación no permiten distinguir con precisión cuántos corresponden a nuevos nombramientos y cuántos a renovaciones de contratos existentes.
La presidenta ha explicado que parte de estas variaciones responde a la renovación semestral del personal transitorio.
Transparencia y controles pendientes
Durante su gestión, Castañedas ha planteado compromisos relacionados con la transparencia institucional, el consenso legislativo y la reforma del Reglamento Interno.
Sin embargo, los cuestionamientos sobre las contrataciones, las modificaciones presupuestarias y los controles administrativos mantienen abierto el debate sobre la gestión de los recursos públicos.
El volumen de funcionarios y el costo de la planilla, por sí solos, no permiten determinar la existencia de irregularidades. Para ello se requiere conocer la distribución del personal, las funciones asignadas, los contratos, la asistencia laboral y los resultados de las auditorías.
La información disponible permite establecer el crecimiento del gasto y de la cantidad de funcionarios, pero todavía deja preguntas sobre la necesidad operativa de las contrataciones, el cumplimiento de los límites administrativos y la relación entre los recursos asignados y el trabajo legislativo.
La publicación de estos datos permitiría evaluar con mayor precisión cómo se utilizan
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