2 de Noviembre de 2026
Por: Diputado 72
Exclusivo para Contrapeso
El periodo comenzó con Shirley Castañedas como presidenta, que prometió una Asamblea de puertas abiertas y con transparencia. Eso no ocurrió: durante estos meses, el pleno no discutió los proyectos de ley anticorrupción, y el Ministerio Público tampoco mostró interés en volver a llevarlos al Legislativo. Lo que sí sometieron a discusión fue el Proyecto de Ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), que los frena o desempeña precisamente a ellos. Los diputados desfiguraron la iniciativa con la abierta pretensión de ampliar privilegios y facultades de los gobiernos locales y del Ejecutivo.
El presidente José Raúl Mulino vetó el proyecto por inexequible e inconveniente. El artículo 4, sobre la gestión de obras y la fiscalización, era el punto más extenso: buscaba permitir que los diputados gestionaran y fiscalizaran proyectos de infraestructura con una inversión mínima garantizada en el presupuesto. Mulino consideró que la norma violaba la separación de poderes y la facultad constitucional del Ejecutivo de proponer el presupuesto.
El artículo 3 establecía que se contaría como asistencia la presencia de los diputados en «actividades oficiales» dentro de su circuito electoral, a pesar de sus ausencias en las labores legislativas, tanto en el pleno como en las comisiones permanentes de trabajo. El mandatario afirmó que la norma carecía de mecanismos de control y que podía propiciar el pago de dietas y remuneraciones sin que los diputados asistieran al pleno.
Otro punto fue el artículo 5, sobre la carrera legislativa, que impedía que el personal de los despachos de los diputados tuviera estabilidad laboral por méritos. Los diputados suplentes tampoco quisieron quedarse atrás: exigían una sentencia definitiva y condena por delitos contra la administración pública para ser separados del cargo, hecho calificado como un fuero injustifica'-do.
Tras la objeción del Ejecutivo, el proyecto de reformas al reglamento interno pasará a la legislatura que se instala en enero de 2027. La Comisión de Gobierno ya emitió su informe sobre el veto por inexequible; falta el informe de la Comisión de Credenciales sobre los artículos objetados por inconvenientes.
Presupuesto del Estado
Los diputados aprobaron el proyecto de ley más importante: el 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, que asciende a 35,111.3 millones de dólares, el más elevado de la historia republicana. Se establece una meta de déficit fiscal de 2.9% del PIB, cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Presenta una disminución de $2,442.7 millones en comparación con el año anterior, presupuestando cerca de $900 millones menos en intereses.
El servicio de la deuda pública disminuye de $7,938.9 millones a $5,496.1 millones (una reducción de $2,442.7 millones o 30.8%), debido al calendario de vencimientos y operaciones de financiamiento.
Para funcionamiento se asignaron $22,272 millones, lo que equivale al 63.4% del presupuesto global. Estos fondos se destinan principalmente a la operatividad diaria de las instituciones, incluyendo salarios del sector público y servicios básicos.
En inversión se asignaron $12,839.7 millones, lo que representa el 36.6% restante del presupuesto. Este rubro está enfocado en proyectos de infraestructura masiva, redes de agua potable, transporte, salud y educación.
El polémico matraqueo impulsado por Benicio Robinson
El diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, logró introducir el artículo 370, sobre contrataciones directas hasta por un millón de dólares, aprobado de forma decisiva con 36 votos tras el respaldo decisivo del diputado de libre postulación Neftalí Zamora. El ex de Vamos fue convencido en un espacio reservado.
El listado de entidades autorizadas para utilizar este mecanismo se amplía e incluye ministerios como los de Obras Públicas, Educación y Salud, y para los municipios, entre otras instituciones.
Con esa aprobación, cada institución deberá elaborar una lista de los servicios o bienes comprendidos y cumplir con un reglamento especial aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial.
Vistas presupuestarias
Antes de que la discusión llegara al pleno, el epicentro de la polémica estuvo en la Comisión de Presupuesto, con el inicio de las vistas presupuestarias. Los diputados cuestionaron que el 64% del presupuesto se destine a funcionamiento (principalmente planillas y gastos operativos) y que solo el 36% vaya a inversión pública real para obras comunitarias. También se criticó el crecimiento del 2% en la planilla estatal (más de 5,500 nuevos funcionarios en el Gobierno en general) y la masiva planilla del Órgano Legislativo, con una poderosa estructura que supera los 8,300 funcionarios, sin que se conozca si cumplen o no funciones.
Los diputados cuestionaron los incrementos en las dietas por reunión para las juntas directivas de ciertas entidades del Estado, con montos de entre 500 y 750 dólares por sesión.
El escándalo en torno a la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI) de Panamá estalló con fuerza durante las vistas presupuestarias para la vigencia fiscal 2027 en la Comisión de Presupuesto. La comparecencia de su rector, Demetrio Santamaría Montezuma, dejó al descubierto una serie de irregularidades profundas en la gestión de una institución que ha recibido más de 11 millones de dólares del Estado desde su creación en 2022, sin mostrar resultados tangibles. La UAPI solicitó un presupuesto de 3.15 millones de dólares para 2027 (un aumento de 54.7% respecto a 2026), a pesar de que su matrícula actual es de apenas 85 estudiantes.
La opinión pública también fue testigo de un duro enfrentamiento en la Comisión entre diputados independientes y el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, por los millonarios traslados de partidas aprobados para pagar deudas del Estado a Bagatrac, empresa que confesó haber pagado coimas durante la administración de Ricardo Martinelli.
A esto se sumó el manejo de millones de dólares destinados al pago de seguros médicos privados de alta gama para altos funcionarios, mientras el sistema de salud pública (Caja de Seguro Social y Minsa) atraviesa una severa crisis de desabastecimiento y falta de recursos. Además, salieron a relucir partidas de 36 millones de dólares para publicidad estatal institucional, 4.4 millones de dólares en fondos reservados para la rehabilitación estética de la Villa Diplomática y 145 mil dólares para el despacho del vicepresidente, a pesar de que el presidente José Raúl Mulino no tiene compañero de fórmula en el Palacio de las Garzas.
Violación a la Constitución
La Corte Suprema de Justicia solicitó originalmente un presupuesto de 398.6 millones de dólares para 2027. De ese monto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recortó 46.4 millones de dólares y recomendó una asignación final de 352.2 millones de dólares. Por su parte, el presupuesto de la Procuraduría General de la Nación asignado por el Órgano Ejecutivo para 2027 quedó establecido en 204,879,132 dólares. El monto recomendado por el MEF generó malestar y rechazo entre diputados que alegan que el recorte masivo comprometerá las funciones de la investigación criminal.
Tras el recorte, se advirtió una posible violación flagrante del artículo 214 de la Constitución Política de Panamá, que prohíbe que el presupuesto conjunto asignado al Órgano Judicial y al Ministerio Público sea inferior al 2% de los ingresos corrientes estimados del Gobierno Central.
En diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia dictaminó en un fallo de inconstitucionalidad que el Órgano Judicial y el Ministerio Público gozan de una prerrogativa constitucional especial: el Poder Ejecutivo, a través del MEF, no tiene la facultad de disminuir ni modificar unilateralmente las partidas que estas instituciones sustenten como indispensables para operar con independencia.
Descuentos a jubilados
Tras el veto del Ejecutivo, la Asamblea Nacional volvió a aprobar en tercer debate el Proyecto de Ley 746, que modifica y amplía los beneficios de la Ley 6 de 1987 para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
Entre los descuentos aprobados figuran:
30% en tratamientos relacionados con el cáncer.
25% en consultas médicas.
20% en farmacias.
20% en pañales para adultos.
20% en sillas de ruedas, muletas, andaderas y otros artículos.
15% en accesorios para adecuar las residencias de adultos con limitaciones físicas.
20% en la tasa de aseo.
20% en servicios de internet, en paquetes de hasta 50 dólares.
El presidente José Raúl Mulino confirmó que el proyecto, tal como fue aprobado, recibiría la sanción presidencial.
El archivo del tiempo: la reforma integral a la Ley Orgánica de Educación, en pausa
El debate sobre la modernización del sistema educativo de Panamá tendrá que esperar un ciclo más. El proyecto de Ley de Reforma Educativa, que buscaba modificar de forma estructural la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, no llegó a discutirse en los debates decisivos del pleno durante esta legislatura. Pese a haber sido el foco de intensas consultas técnicas y giras nacionales a lo largo del año, la propuesta quedó en el tintero y pospone una transformación estructural que expertos y sociedad civil consideran de extrema urgencia.
Una ley de 80 años que sigue sumando parches.
La iniciativa, impulsada desde la Comisión de Educación, Cultura y Deportes bajo la dirección del diputado Jorge Bloise, nació para sustituir o reestructurar una legislación con casi ocho décadas de vigencia. Según datos del propio sector de fiscalización cívica y gremial, la Ley 47 ha sufrido múltiples modificaciones cosméticas y puntuales a lo largo de su historia.
La propuesta no discutida aspiraba a consolidar seis ejes prioritarios: la gobernanza interna del Ministerio de Educación (Meduca), la equidad en el acceso a la formación, la evaluación y capacitación docente, la actualización curricular digital, el financiamiento transparente y el fortalecimiento de las áreas técnicas.
Lo bueno de la legislatura: el olvido oncológico
Para miles de sobrevivientes de cáncer en Panamá, vencer la enfermedad era solo la mitad de la batalla. Tras superar los rigores médicos, muchos se topaban con un muro invisible pero implacable: el rechazo financiero.
La negación de préstamos hipotecarios, los aumentos desproporcionados en las primas de seguros o la exclusión de tarjetas de crédito eran consecuencias comunes de tener un historial médico oncológico.
Esa realidad cambió de forma histórica. Con la promulgación de la Ley 547 del 8 de septiembre de 2026, nacida del Proyecto de Ley 350 presentado por el diputado independiente Jorge Bloise, Panamá se convirtió en el primer país de Centroamérica en reconocer el derecho al olvido oncológico. La norma garantiza que el pasado médico de una persona no trunque su futuro laboral ni financiero.
Reformas al Código Electoral: el traje a la medida de los partidos políticos
Reglas para 2029 quedaron en pausa gracias a la presión de la sociedad civil. El polémico debate de las reformas electorales pasó para enero de 2027. Eso, si lo retoman empezando el periodo.
El marco normativo que regirá las elecciones generales de 2029 tendrá que esperar un nuevo ciclo legislativo para definirse. El pleno de la Asamblea Nacional cerró su periodo de sesiones ordinarias posponiendo la discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 699, de reformas al Código Electoral. La pausa se justificó con el hecho de darle prioridad a las discusiones presupuestarias y a la atención de la crisis por el terremoto del 9 de octubre de 2026.
En la Asamblea Nacional hubo una alta tensión política entre los diputados y los magistrados del Tribunal Electoral (TE) por las modificaciones introducidas durante el primer debate en la Comisión de Gobierno.
Entre los retrocesos aprobados están:
Aumento del subsidio estatal: el intento de los partidos tradicionales de elevar el financiamiento público al 1% de los ingresos corrientes del Estado para las elecciones de 2029 (unos 160 millones de balboas).
Disminución de multas a los partidos: la reducción de los montos de las sanciones financieras aplicadas a los partidos políticos cuando violen normas electorales.
Desventajas para la libre postulación: la imposición de mayores controles y requisitos burocráticos, y el aumento de las penalizaciones económicas, exclusivos para los candidatos independientes.
Doble postulación: la propuesta que revive y avala que una misma persona pueda postularse simultáneamente a dos cargos de elección distintos (por ejemplo, buscar una alcaldía y una diputación al mismo tiempo).
Tareas pendientes
De acuerdo con el orden del día, más de 100 proyectos de ley quedaron pendientes en el pleno para su discusión en segundo y tercer debate. La legislatura evidenció que las comisiones estuvieron inactivas, violando las reglas del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que exige como mínimo una sesión por semana. El caso más escandaloso fue el de la Comisión de Transporte, presidida por el diputado de Puerto Armuelles, Osman Gómez, que solo sesionó una vez en toda la legislatura.
En esa lista de espera de más de 100 iniciativas legislativas se encuentra el Proyecto de Ley 313, que busca reformar la Ley 37 de 2009 sobre la descentralización de la administración pública en Panamá, el cual permanece suspendido en su segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional.
El freno en la discusión ocurrió luego de que se presentaran al menos 47 propuestas de modificación articuladas por distintas bancadas legislativas.
Una de las modificaciones más relevantes propone incrementar de forma progresiva los recursos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) de los actuales $110,000 a $250,000 por cada junta comunal y alcaldía
Compartir en WhatsApp
Más de El zoom