¿Redujo Mulino a Suntracs a su mínima expresión?
13 de Julio de 2026
Por: Diputado 72
Exclusivo para Contrapeso
En julio de 2024, José Raúl Mulino recibió a Saúl Méndez y Genaro López y aseguró que no perseguiría a los sindicatos. Menos de un año después, prometió reducir a Suntracs “a su mínima expresión”.
Cuando asumió la Presidencia, el 1 de julio de 2024, la relación entre su gobierno y el sindicato parecía entrar en una etapa de acercamiento.
El escenario venía marcado por el congelamiento de cuentas vinculadas a Suntracs, ordenado al final del gobierno de Nito Cortizo por el Banco Nacional y la Caja de Ahorros ante supuestos movimientos relacionados con “financiamiento de actividades de terrorismo”. El sindicato denunció una represalia por su participación en las protestas contra el contrato minero, luego declarado inconstitucional.
Del acercamiento a la ruptura
La relación se quebró en 2025, durante las protestas contra las reformas al Seguro. En la avenida Balboa, manifestantes de Suntracs se enfrentaron con la Policía: más de 500 obreros fueron detenidos y 16 agentes antimotines resultaron heridos por objetos lanzados desde la construcción de la nueva sede del Hospital del Niño.
La mayoría recibió multas de 100 dólares y otros 74 fueron procesados por presuntos delitos contra servidores públicos, seguridad colectiva y lesiones personales.
Mulino calificó a miembros del sindicato de “mafiosos y terroristas”, los acusó de promover una “anarquía sindicalista” y prometió reducir a Suntracs “a su mínima expresión”. También anunció una auditoría.
Jaime Caballero: el primer golpe judicial
En mayo de 2025, Jaime Caballero, dirigente de Suntracs en Chiriquí, fue detenido e imputado por presunto blanqueo y delitos financieros, tras una alerta por movimientos sospechosos en cuentas personales y sindicales.
Según el Ministerio Público, habría usado fondos del sindicato para pagar una deuda personal de 39,252.72 dólares y ocultado el origen del dinero. También se investiga el destino de más de 350 mil dólares de un préstamo para comprar fincas.
Tras nueve meses detenido, recibió arresto domiciliario con brazalete electrónico. Su defensa y el sindicato denunciaron persecución política.
Saúl Méndez: del asilo a prófugo
El 21 de mayo de 2025, Saúl Méndez, entonces secretario general de Suntracs, ingresó a la Embajada de Bolivia y solicitó asilo por supuesta persecución política. Bolivia se lo concedió y Panamá emitió un salvoconducto.
Méndez salió del país el 19 de julio, pero cinco días después Bolivia informó que había abandonado voluntariamente su territorio. La Fiscalía ordenó su aprehensión por presunta estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato, dentro del caso de extrabajadores de Bocas del Toro.
Luego fue ubicado en Venezuela y Panamá solicitó una alerta roja para su captura.
Para las autoridades, pasó a ser prófugo internacional.
Genaro López: enfrentar a la justicia
En mayo de 2025, Genaro López, exsecretario general de Suntracs, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía por el caso de los extrabajadores de Bocas del Toro.
Fue imputado por asociación ilícita, estafa agravada, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. Quedó inicialmente detenido y después bajo reporte semanal. López negó los cargos y denunció persecución política.
El 25 de junio de 2026 fue nuevamente aprehendido, esta vez por una investigación sobre fondos del Seguro Educativo transferidos a Conusi para capacitación sindical. Una auditoría de la Contraloría estimó una presunta lesión patrimonial de 760,951 dólares.
Fue imputado por peculado doloso agravado y quedó bajo reporte dos veces por semana.
Erasmo Cerrud: otro dirigente bajo asilo
Erasmo Antonio Cerrud Pinzón se refugió en la Embajada de Nicaragua y recibió asilo político, alegando persecución por su actividad sindical.
El Ministerio Público lo investiga por presunta estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Aún no tiene salvoconducto para viajar a Nicaragua.
Red Frog Beach: tierras, millones y querellas
Un conflicto laboral en Red Frog Beach, en Isla Bastimentos, terminó convertido en uno de los principales expedientes judiciales vinculados a Suntracs.
El caso comenzó cuando 412 trabajadores paralizaron labores por supuestos incumplimientos de Pillar Construction y Bastimentos Holdings. Tras más de un año de huelga y fallos favorables a los obreros, la empresa acordó pagar tres millones de dólares durante ocho años y transfirió como garantía más de 30 hectáreas frente al mar, distribuidas en al menos 14 fincas.
Las tierras nunca pasaron directamente a los trabajadores y permanecieron bajo control del sindicato entre 2012 y 2020. Aunque extrabajadores y especialistas estimaban su valor en cerca de 28 millones de dólares, los registros mantenían el monto original de tres millones. Luego fueron hipotecadas a favor de una cooperativa vinculada al propio sindicato: una operación de “yo con yo”.
Extrabajadores denunciaron haber recibido solo parte de lo que les correspondía. La Fiscalía ordenó la aprehensión provisional de las 14 fincas, decisión confirmada en apelación.
El Ipacoop detectó irregularidades financieras y fallas en los controles contra el blanqueo, por lo que canceló la personería jurídica de la cooperativa.
El expediente, sumado a otras denuncias por presunta extorsión, violencia, estafa y uso indebido de recursos, llevó al Ministerio de Trabajo a demandar la disolución de Suntracs en julio de 2025. La audiencia comenzó en abril de 2026, pero aún no hay sentencia definitiva.
Justicia o persecución
Las acciones contra Suntracs han generado posiciones enfrentadas. Los extrabajadores de Red Frog sostienen que buscan recuperar bienes y prestaciones que les correspondían.
Otros sectores respaldan las investigaciones, pero rechazan que conduzcan a la desaparición del sindicato. Advierten sobre el riesgo de criminalizar la protesta, debilitar la libertad sindical o usar el aparato estatal contra una organización incómoda.
El Gobierno responde que las actuaciones parten de denuncias concretas y que ningún dirigente sindical está por encima de la ley. No existe una medición pública que permita saber cuál postura predomina entre la ciudadanía.
Golpeado, pero no disuelto
Suntracs llevó sus denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo, donde se examinaron señalamientos sobre allanamientos, congelamiento de cuentas y otras acciones contra la organización, junto con las respuestas del Gobierno.
El sindicato tampoco quedó acéfalo: eligió una nueva dirigencia encabezada por Yamir Córdoba y conserva su estructura interna.
Mulino redujo el poder político y operativo de Suntracs, pero no ha logrado su desaparición jurídica. El sindicato está golpeado, debilitado y bajo presión, aunque todavía conserva personería, dirigencia y capacidad de defensa.
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