La obra fantasma de la Asamblea

13 de Julio de 2026

Por: Diputado 72

Exclusivo para Contrapeso


Desde la llegada de Jorge Herrera a la presidencia de la Asamblea, mucho se habló de las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura del edificio, que mostraba evidentes signos de deterioro tanto en su fachada como en el palco de prensa utilizado por los medios para registrar y reportar los hechos.

El presupuesto original aprobado para la Asamblea en 2026 fue de 98.7 millones de dólares: 95.7 millones para gastos de funcionamiento —incluidas planillas y costos operativos— y 3 millones para inversiones. En esta última partida deberían estar contempladas las remodelaciones.

Sin embargo, el principal cuestionamiento no radica en la ejecución de las obras, sino en la falta de información pública sobre su contratación.

La junta directiva presidida por Jorge Herrera habría mantenido fuera de los portales oficiales, incluido Panamá Compra, toda la información relacionada con las remodelaciones. No se ha podido conocer el contrato, la resolución que autorizó la contratación, el procedimiento utilizado, el monto adjudicado, la identidad de la empresa responsable ni si el acuerdo recibió el refrendo correspondiente.

Tampoco se ha informado públicamente si los trabajos fueron financiados con los 3 millones de dólares asignados originalmente para inversión o mediante alguna modificación presupuestaria posterior.

Aunque la Asamblea inició 2026 con un presupuesto aprobado de 98.7 millones de dólares, hasta mayo el MEF reportaba que su asignación había sido modificada a más de 142 millones para funcionamiento e inversión. Esto representa un aumento superior a los 44 millones de dólares, cerca del 45 % respecto del presupuesto original.

Las obras avanzaron a contrarreloj para completar la remodelación de la fachada y las adecuaciones del Salón Azul antes del 2 de enero de 2026, cuando se instaló la segunda legislatura del segundo período de sesiones ordinarias.

Los trabajos, tan solo meses después, ya empezaron a presentar deficiencias. Pocos días antes de los actos del 1 de julio, nuevamente se observó movimiento de trabajadores en el recinto para corregir las fallas.

Los obreros que laboran en el proyecto no portan uniformes con el nombre o logotipo de la empresa contratista. Los módulos y contenedores instalados en el lugar tampoco muestran identificación alguna de la compañía responsable.

Contrataciones bajo cuestionamiento

Ese es el mecanismo utilizado durante décadas en la Asamblea para beneficiar a personas vinculadas al poder mediante contrataciones directas.

Entre los servicios contratados bajo este esquema mencionan la jardinería, el alquiler de impresoras, el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado y la pauta publicitaria, entre otros.

Está el recordado caso de Servicios Múltiples Rama, empresa mencionada en la Operación Jericó y presidida por Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, entre 2015 y 2019. Posteriormente, la Fiscalía sostuvo durante una audiencia que Rico Pineda y su esposa, Maybel Araúz, eran los beneficiarios finales de la sociedad.

La compañía recibió un contrato por 42 mil dólares para prestar servicios de jardinería a la Asamblea. La sociedad fue constituida en 2014 y, de acuerdo con el Registro Público, tenía como presidente a Omar Alexander Ortega Robles, señalado dentro de la Operación Jericó por sus presuntos vínculos con delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. La empresa también fue imputada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

En su junta directiva también figuraba como director Salvatore Messina, quien, además, era funcionario de la Asamblea. Messina es hijo del dirigente perredista Juan Ramón Messina, asesinado en 2013 en San Miguelito.

Tras ese hecho, su esposa, Katy Ramos, señaló públicamente al diputado Raúl Pineda.

Entre los suscriptores de la empresa también aparecía Agustín Lara, exsubdirector del Registro Público, asesinado en 2021 durante una jornada de inscripción del PRD en San Miguelito.

También está el caso del diputado Manuel Cohen. En 2018, la Asamblea contrató 30 mil dólares en pauta publicitaria con Orión Sistema Radial, S.A., sociedad vinculada a la emisora Flow 92.7 FM.

Luz Estela Donoso de Cohen, esposa del diputado, figuraba como apoderada legal de Orión Sistema Radial. Además, las redes sociales de la emisora identificaban a Cohen como gerente general tanto de Flow como de la sociedad.

Ahora, con la llegada de Cohen a la primera vicepresidencia de la Asamblea, resulta relevante conocer si las empresas vinculadas a su entorno mantienen o reciben contratos de publicidad con la institución.

La falta de información pública dificulta que periodistas y ciudadanos conozcan los montos, los contratistas y los procedimientos utilizados.

La Constitución establece expresamente, en su artículo 158, que los diputados no pueden celebrar contratos con el Estado, ya sea de forma directa o por interpuesta persona. También les prohíbe recibir poderes para gestionar negocios ante entidades públicas.

Más presupuesto, las mismas preguntas

Con la llegada de la diputada oficialista de RM, Shirley Castañeda, a la presidencia de la Asamblea, la falta de transparencia y rendición de cuentas podría mantenerse.

Durante su discurso del pasado 1 de julio, no anunció medidas concretas para combatir la corrupción ni fortalecer los mecanismos de fiscalización.

Para 2027, la Asamblea aspira a recibir un presupuesto cercano a los 175 millones de dólares para gastos de funcionamiento e inversión. La cifra todavía deberá pasar por la evaluación del MEF antes de ser incorporada al proyecto de Presupuesto.

Mientras tanto, persisten los cuestionamientos sobre el crecimiento constante de los recursos asignados al Legislativo, la escasa información disponible sobre las contrataciones públicas y el nombramiento de funcionarios señalados como “botellas”.

Pero la pregunta que originó esta historia continúa sin respuesta: ¿qué empresa ejecutó las remodelaciones del Palacio Legislativo, cuánto se le pagó y bajo qué procedimiento fue contratada?

Las obras “están”. El contrato, hasta ahora, no.

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