12 de Enero de 2026

Por: Diputado 72

Exclusivo para Contrapeso

El diputado Benicio Robinson, junto a su hijo Benicio Robinson Jr., quien es su suplente en la Asamblea Nacional, contra viento y marea han impulsado un proyecto de ley que pone en peligro la riqueza natural de los arrecifes, pastos marinos y corales en Panamá. La iniciativa fue aprobada con 46 votos en tercer debate y ya espera la sanción del presidente José Raúl Mulino para ser ley de la República.

La reforma busca flexibilizar la prohibición de cualquier intervención o construcción en arrecifes y pastos marinos al otorgarle un nuevo poder subjetivo al Ministerio de Ambiente, que ahora podrá definir en qué condiciones se permitirán hacer las intervenciones, tirando por el piso la restricción vigente que funcionó como un modelo ejemplar para la región, con la prohibición de las actividades que causen daños directos.

Ley 304 de 31 de mayo de 2022, sobre la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociadas en el país, tiene por objeto proteger, conservar, generar acciones de uso sostenible, restaurar, prevenir la contaminación y rehabilitar los ecosistemas de arrecifes de coral, comunidades coralinas, especies de coral y otros ecosistemas y especies asociados a los arrecifes de coral, tales como los peces de arrecife, los humedales y los pastos marinos, así como establecer todas las acciones y medidas necesarias para asegurar la conservación y resiliencia de los ecosistemas coralinos. El Estado reconoce que la conservación de los arrecifes de coral, sus ecosistemas asociados y especies asociadas es de interés público y esencial para garantizar el derecho a un ambiente sano de todos los habitantes.

El tema técnico se centra en el artículo 12 de la actual Ley 304, la cual “prohíbe la construcción, modificación o cualquier tipo de actividad, tanto en las aguas como en sustrato de ecosistemas de arrecifes coralinos, pastos marinos y ecosistemas asociados, así como todas aquellas actividades que puedan causar daño irreversible a su salud ecosistémica”.

Ahora el Ministerio de Ambiente podrá definir a su criterio las condiciones para permitir las intervenciones. Cabe aclarar que esta iniciativa del diputado Benicio Robinson cuenta con el respaldo del ministro Juan Carlos Navarro.

Los Robinson justificaron en los tres debates ante la Asamblea Nacional que la normativa tiene el espíritu de hacerla compatible con la realidad económica de zonas como Bocas del Toro, donde el turismo, el buceo y la pesca artesanal son fuentes directas de ingresos. Además, descalificando a los ambientalistas y desafiando la ciencia, alegaron que los pastos marinos son como los potreros. Lo que omitió Benicio Robinson es que la ley es un traje a la medida para impulsar su negocio familiar.

El gran negocio con tierras a centavos de la familia Robinson

En 2023, bajo la administración del presidente Laurentino Cortizo, la Autoridad Marítima de Panamá, con el aval de su entonces administrador Noriel Araúz, y con el refrendo del contralor Gerardo Solís, otorgó de forma directa una concesión por 20 años a una sociedad ligada al diputado de Bocas del Toro y actual presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson.

La sociedad beneficiada para el negocio redondo es Petrocar, S.A., presidida por Mirza Raquel Gutiérrez de Robinson, esposa del diputado Benicio Robinson, la cual logró la concesión de 877.75 metros cuadrados de fondo de mar en Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro, con el objetivo de ampliar un emporio económico con un muelle dedicado a la venta y suministro de combustible.

Al mejor estilo de las tierras a centavos codiciadas por los diputados a lo largo de la historia de Panamá, la sociedad Petrocar pagará un canon fijo de $0.1207 por metro cuadrado, lo que representa $105.94 al mes. El canon fijo se incrementará un 5 % cada año, de modo tal que el Estado recibirá en total $42,022.32 por los 20 años de vigencia de la concesión.

El proyecto de la familia Robinson abre el camino para eliminar todo tipo de restricciones que limiten la concesión, recordando que Bocas del Toro es una provincia rodeada por corales y pastos marinos. Para que el negocio se perfeccione en el área solo falta la sanción del presidente José Raúl Mulino, cosa que es muy probable que ocurra porque estamos hablando de una iniciativa legislativa que tiene la aprobación del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

A modo de docencia, es importante señalar que una concesión de fondo de mar es una autorización legal o acto administrativo mediante el cual el Estado otorga a una persona natural o jurídica el derecho de usar, ocupar o explotar áreas del territorio nacional cubiertas por el mar territorial. Dado que los fondos de mar y riberas de playa son bienes de dominio público inadjudicables (no se pueden comprar ni ser propiedad privada), la única forma legal de utilizarlos para fines privados o comerciales es mediante este tipo de contrato de concesión administrativa.

Las concesiones de fondo de mar pueden impactar de forma significativa a los corales y arrecifes, tanto por el contacto físico directo como por los cambios ambientales que generan en el agua. La construcción de muelles, rellenos o marinas dentro de una concesión afecta a los corales de las siguientes maneras:

● Sedimentación y turbidez: el dragado y los rellenos levantan sedimentos que quedan suspendidos en el agua. Esto asfixia a los corales al depositarse sobre ellos y bloquea la luz solar necesaria para la fotosíntesis de las algas simbióticas (zooxantelas) que les dan vida y color.

● Destrucción física: el anclaje de maquinaria pesada, la colocación de pilotes y el dragado pueden destruir directamente las estructuras coralinas que han tardado décadas o siglos en crecer.

● Contaminación química: las obras y la operación posterior de embarcaciones pueden introducir toxinas, aceites y metales pesados en el ecosistema, provocando enfermedades o la muerte de las colonias.

● Cambio en las corrientes: la alteración de la costa puede cambiar la dinámica de las corrientes locales, lo que afecta la llegada de nutrientes y la dispersión de larvas de coral.

Pronunciamiento de los ambientalistas

105 organizaciones ambientales sostienen que la Ley de Protección de Arrecifes Coralinos y Ecosistemas Asociados, aprobada en 2022, es pionera a nivel global y ejemplo del tipo de acciones contundentes que requiere la protección del océano en un contexto de crisis climática y crisis de biodiversidad, construida con asesoría de expertos, apoyada por pueblos indígenas y ampliamente discutida con diversos sectores por dos años. Su desmejoramiento, incumpliendo el crucial principio de no regresión ambiental, no puede ser una opción para el Estado panameño, tomando en cuenta que el país se esfuerza por construir una reputación como líder azul ante foros internacionales de protección ambiental y se prepara para ser anfitrión del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 2027.

Los grupos que salieron en defensa del medio ambiente son de la tesis de que el Proyecto de Ley 571, impulsado por el diputado Benicio Robinson, disminuye el nivel de protección previamente establecido, no justifica la necesidad ni proporcionalidad de la medida e incluso la disfraza como fortalecimiento de la ley. La Ley vigente 304, en su artículo 12, prohíbe construcciones, modificaciones y actividades en las aguas y sustratos de los ecosistemas de arrecifes coralinos, pastos marinos y ecosistemas asociados. El proyecto de ley elimina por completo a los pastos marinos y ecosistemas asociados (incluidos manglares y albinas) de la prohibición a nivel de ley. En su lugar, ordena al Ministerio de Ambiente reglamentar la materia, sin considerar que el ministerio, casi cuatro años después de la aprobación de la ley, aún se encuentra en elaboración de su reglamento.

El proyecto de ley, presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional, desmejora la protección de los propios corales, ya que ahora solo prohibiría las actividades que les causen daño directo, sin definir este concepto. La propuesta desconoce, además, que las investigaciones científicas revelan una enorme afectación a estos ecosistemas por actividades con impactos indirectos, como el desarrollo costero desordenado y el uso de plaguicidas.

Listado de organizaciones que se oponen al proyecto de ley: