Conflictos de interés: lo que Panamá ya normalizó
20 de Junio de 2026
Por: Redacción Contrapeso
Exclusivo para Contrapeso
Los casos de José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas, y Fernando Boyd, de Salud, ya no son solo dos episodios incómodos para el gobierno de José Raúl Mulino. Abren un debate más amplio sobre algo que en Panamá se ha vuelto cada vez más común: la normalización del conflicto de interés en la función pública.
El problema no es que un ministro haya tenido empresa, socios, contratos o trayectoria privada antes de llegar al gobierno. El problema empieza cuando ese pasado se cruza con decisiones públicas presentes y la respuesta institucional no es investigar, aclarar o deslindar responsabilidades, sino justificar, minimizar o pasar la página.
Mulino cerró filas en defensa de sus ministros. Dijo que confía en sus explicaciones, aseguró que no tiene “protección política para nadie” y afirmó que no entregará “la cabeza de nadie”. También calificó los señalamientos como “conflictos de interés inventados” y defendió que todos tuvieron un pasado antes de ser funcionarios, “salvo los vagos de profesión que nunca han trabajado en la vida”.
Pero nadie cuestiona que los funcionarios hayan trabajado. La pregunta es qué ocurre cuando ese pasado empresarial toca contratos, licitaciones, pagos o decisiones sobre las cuales ahora tienen poder desde el Estado.
El caso Andrade
Antes de ser designado ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade participó como contratista del Estado en el proyecto vial El Tigre de Los Amarillos–Playa Santa Catalina, en Soná, provincia de Veraguas. La obra fue adjudicada en febrero de 2024 por $10.6 millones al Consorcio Caté, integrado por Asfaltos Panameños, S.A. e Inversiones Los Tres, S.A.
Inversiones Los Tres, S.A. era una sociedad en la que Andrade mantenía el 50 % de las acciones. Luego, según lo reportado públicamente, esa empresa cedió sus derechos y obligaciones en el contrato a Asfaltos Panameños, S.A.
El punto delicado vino después. Ya como ministro, Andrade firmó adendas relacionadas con ese mismo proyecto. Una de ellas elevó el costo de la obra en $1.6 millones, hasta alcanzar $12.3 millones, con refrendo de la Contraloría.
El ministro también inspeccionó la obra y elogió la calidad de los trabajos. Posteriormente, reconoció que no declaró un posible conflicto de interés y alegó que actuó de buena fe y que desconocía las normas sobre impedimentos.
Ahí está el centro del debate. La buena fe puede explicar una conducta, pero no sustituye los controles que exige la función pública. Cuando un funcionario pasa de contratista a autoridad sobre el mismo sector, no basta con decir que no hubo mala intención. Tiene que quedar claro si se declaró impedido, si se apartó formalmente y quién revisó la situación.
El caso Boyd
El ministro de Salud, Fernando Boyd, también enfrenta cuestionamientos por su vínculo anterior con Bio Materiales, S.A., empresa de la cual fue socio fundador y que ha participado en compras del Ministerio de Salud durante esta administración.
Boyd Galindo niega mantener una relación comercial actual con la compañía. Ha dicho que se desprendió de la empresa al asumir el cargo en 2024. “Me dolió, pero tuve que desprenderme de la compañía”, afirmó.
Sin embargo, el debate no se agota en si vendió acciones o dejó cargos en la sociedad. La pregunta de fondo es qué contrataciones, licitaciones, adjudicaciones o gestiones de cobro ha recibido Bio Materiales, S.A. durante su gestión, y si el ministro se apartó formalmente de cualquier decisión vinculada a esa empresa.
En estos casos, la transparencia no puede depender solo de la palabra del funcionario. Tiene que poder verificarse con documentos, declaraciones completas, impedimentos oportunos y trazabilidad de las decisiones.
La ley y el vacío institucional
La Ley 316 de 2022 regula los conflictos de interés en la función pública. Obliga a los servidores públicos a presentar declaraciones juradas de intereses y a separarse de decisiones en las que exista una tensión entre el interés público y sus intereses particulares.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información es la entidad rectora en esta materia. Sin embargo, frente a los cuestionamientos recientes, la ANTAI sostuvo que no tiene competencia para investigar posibles faltas o delitos cometidos por ministros de Estado y que esos casos corresponden a la Corte. Otro enredo institucional que tiene un resultado indiscutible: es una zona cómoda para el poder. El Ejecutivo respalda. Los ministros se defienden. La ANTAI se declara sin competencia. Y la ciudadanía queda frente a un sistema donde todos hablan de transparencia, pero nadie va a asumir la investigación de fondo.
Los casos de Andrade y Boyd Galindo no prueban, por sí solos, responsabilidad legal. Eso corresponde a las autoridades competentes. Pero sí muestran un problema más amplio: la facilidad con la que en Panamá se acepta que funcionarios con intereses privados previos tomen decisiones públicas relacionadas con los mismos sectores, empresas o entornos donde antes operaban.
Ese es el debate que importa.
Tener empresa no descalifica a nadie para servir al Estado. Haber contratado con el gobierno tampoco convierte automáticamente a alguien en culpable. Pero llegar a un cargo público exige no solo experiencia, sino límites, distancia y controles verificables.
En un país pequeño, donde casi todos nos conocemos y las relaciones empresariales, políticas y personales se cruzan con frecuencia, los conflictos de interés no pueden tratarse como exageraciones mediáticas ni como ataques personales. Son riesgos reales para la confianza pública.
Y esa confianza no se protege con frases de respaldo presidencial ni con declaraciones de buena fe. Se protege con documentos, impedimentos, investigaciones y consecuencias.
La discusión no es si Andrade y Boyd Galindo tuvieron un pasado privado. La discusión es por qué seguimos normalizando que ese pasado se cruce con decisiones públicas importantes sin que pase nada.
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