¿Qué persigue el contralor Anel Flores?
20 de Agosto de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
Esta semana se volvieron a visibilizar las diferencias que existen entre el contralor general de la República, Anel Flores, y el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy. El tema del escarceo de la presente semana fue la supuesta falta de seguimiento, por parte del Ministerio Público (MP), a la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) relacionada con una supuesta lesión patrimonial de 1,600 millones de dólares ocasionada por el contrato entre el Estado y Panamá Ports Company. El MP respondió que era la CGR la que estaba en mora en ese caso porque no había enviado una ampliación de la auditoría solicitada por la fiscalía encargada de la investigación.
En la misma entrevista televisiva concedida a la periodista Castalia Pascual de TVN, el contralor Flores reconoció que su institución no iba a responder a todas las solicitudes de auditoría del MP y que “se iba a priorizar”. Esto significa, en la práctica, que la CGR determinará con su falta de cooperación el destino de muchas causas penales investigadas por el MP y que dependen de una auditoría de la CGR como pieza probatoria esencial.
La encerrona
El procurador Gómez Rudy presentó el 24 de julio del año 2025 dos proyectos de leyes para fortalecer la lucha contra la corrupción en Panamá. Los proyectos fueron planchados en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, entonces presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho del partido de gobierno Realizando Metas (RM). Una de las situaciones que el procurador Gómez Rudy buscaba modificar era la exigencia legal de una auditoría de la CGR como prueba esencial de lesión patrimonial contra el Estado y, por ende, fundamento probatorio de delitos como el peculado e igualmente como requisito insuperable en el delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos.
Debido al tortuguismo, falta de cooperación, escasez de recursos humanos o ausencia de voluntad, muchos casos penales de corrupción adelantados por el MP se quedaron en el camino por falta de la auditoría de la CGR. Esto no siempre fue así; este requisito fue adicionado a la legislación procesal penal en 1999 con la finalidad de impedir que el MP avanzara una causa penal contra un juez protegido por la Corte Suprema de Justicia.
Unos 15 años más tarde, otra Corte Suprema dijo en un fallo de 3 de julio de 2014 que: “Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad...”
El efecto de esta limitación legal es que el MP está maniatado en estos casos. Por ejemplo, bajo el contralor Gerardo Solís se dejaron de practicar 166 auditorías, lo cual tuvo un efecto fatal sobre los casos adelantados por el MP. Al escoger, el contralor Flores, ¿qué se audita y qué se pone de lado de lo solicitado por el MP?, estará decidiendo la suerte de causas penales que implican el mal uso de fondos públicos y otros perjuicios contra los bienes de todos los panameños.
La distracción
Las declaraciones del contralor Flores a la periodista Pascual deben ser interpretadas en dos dimensiones: una primera dimensión de estrategia mediática y otra segunda dimensión de estrategia política. En materia mediática, el alto funcionario aplicó el truco más viejo y clásico de un servidor público involucrado en controversias: simplemente desvió la atención. El contralor Flores refrendó con su firma el contrato por las más de 50 mil laptops que llevan la marca “Liby” y cuya adquisición probablemente le costó el cargo a una ministra. El contralor Flores tomó distancia de la contratación original y anunció que no refrendaría una adenda de la misma contratación, que extendería el término para el cumplimiento de la obligación por 75 días.
En el segundo nivel de interpretación de las declaraciones del contralor Flores está el aspecto político de proteger su imagen contra el probable resultado fallido del caso de enriquecimiento ilícito contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Estaba claro que Flores mantenía abierta la línea de investigación contra el exvicepresidente Carrizo, vinculándolo con un posible conflicto de intereses, dado que su cuñado, Julio Spiegel, ocupó una alta posición ejecutiva en Cable & Wireless, empresa mixta en la que el Estado tiene el 49% de las acciones, y que junto a Naturgy representan objetos de futuras auditorías de la CGR.
Por si fuera poco, el contralor hizo un paralelismo entre la denuncia presentada contra el exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia, y Nadia Del Río, la exsecretaria del expresidente Laurentino Cortizo. Los documentos de ambos casos fueron presentados el mismo día, pero De Gracia está en Tinajita y Del Río está libre, lo que molestó al funcionario. Con estas expresiones, el contralor Flores puso la carga de la acción en varios casos de alto perfil sobre el MP. En una reacción menos mediática, la Procuraduría General de la Nación aclaró que, en lo relativo a Panamá Ports Company, ellos estaban esperando una ampliación de la auditoría realizada por la CGR. El procurador Gómez Rudy evitó una confrontación mediática con el contralor Flores, lo que le sirvió para bajarle intensidad a la controversia.
Algunos comentaristas señalan que el contralor Flores está puliendo su imagen para presentarse como candidato presidencial en las elecciones del 2029. Flores ha estado vinculado históricamente con el PRD, pero ahora su vínculo es con RM y CD. La estrategia de Flores en este ámbito bien puede ser construir un puente entre los dos sectores políticos. Después de todo, fueron los votos del PRD los que convirtieron a la diputada del partido RM Shirley Castañeda en presidenta de la Asamblea Nacional.
Un escándalo que casi tapa a los demás
La renuncia de la ministra de Educación, Lucy Molinar, dominó la agenda mediática de la semana pasada y se convirtió en objeto de múltiples especulaciones, la mayoría de las cuales no muy positivas respecto al gobierno del presidente José Raúl Mulino. El mes de agosto había iniciado con las revelaciones de los escándalos de los créditos fiscales y del caso del supuesto enriquecimiento ilícito de Publio De Gracia, exdirector general de Ingresos. La misma institución enfrentaba dos escándalos distintos que manchaban al gobierno de Laurentino Cortizo del PRD. La renuncia de Molinar rompió la matriz mediática y puso la lupa sobre el gobierno del presidente José Raúl Mulino.
Las declaraciones del contralor Flores se verán en el tiempo como un parteaguas en el esfuerzo por recuperar fondos públicos o como un intento de recuperar el control de la agenda mediática y de posicionamiento político. Al evitar conferencias de prensa por aproximadamente dos meses, el presidente José Raúl Mulino ha obtenido una reducción del debate público sobre las controversias más recientes de su administración: las laptops, los 37 millones de dólares en publicidad, la remilitarización, los conflictos de intereses de varios de sus ministros o el doble discurso de lucha sin cuartel contra el narcotráfico y simultáneamente respaldar la elección de la abogada de Cholo Chorrillo como presidenta de la Asamblea Nacional. En ese vacío informativo, las declaraciones del contralor Flores han llenado un espacio que no es sostenible en el tiempo. El trabajo del procurador Gómez Rudy y, por ende, la acción de la justicia penal panameña se han convertido en una víctima de un gran drama político y geopolítico del que panameñas y panameños somos meros espectadores.
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