Las democracias no espían a sus ciudadanos
17 de Septiembre de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
A finales de la década de 1980, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá era uno de los núcleos de mayor oposición contra el gobierno militar. En las protestas universitarias de aquella época, siempre había la preocupación de que un infiltrado del “G-2” de las Fuerzas de Defensa de Panamá provocara un incidente de violencia que llevara a una respuesta represiva de las fuerzas antimotines o que causara que el gobierno militar cerrara la Universidad de Panamá.
Años después de la invasión, un exmilitar reconoció, en una conversación personal, que ellos les pagaban a decenas de supuestos activistas estudiantiles para provocar actos de violencia y para informar sobre lo que hacían y decían los grupos legítimos de la oposición democrática.
El aparato de inteligencia construido por los gobiernos democráticos desde 1990 estaba sustentado en dos grandes principios. El primero era que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, adscrito a la Presidencia de la República, sería el principal ente de inteligencia del Estado panameño. El segundo principio era que la inteligencia estaba dirigida a detectar las amenazas a la integridad del Estado, por ejemplo, guerrilleros colombianos o narcotraficantes mexicanos, así como la vigilancia de amenazas al Canal de Panamá y otras infraestructuras críticas del país.
Ese Consejo de Seguridad tiene un brazo que le da seguimiento e incluso infiltró, en algunos gobiernos, a la sociedad civil, a líderes empresariales, a organizaciones sociales y medios de comunicación. Por si se nos olvida, de eso se trató el caso de los “pinchazos”, que incluyó interceptaciones no autorizadas de telecomunicaciones, violación de la intimidad y seguimiento ilegal de ciudadanos.
Luego de la experiencia de los pinchazos, se debió reformar al Consejo de Seguridad y a los servicios de inteligencia del Estado panameño, pero no se hizo. A la vez que aumenta progresivamente la militarización de la seguridad pública, y gracias a la “cooperación” del actual gobierno de los Estados Unidos, se ha creado una Escuela de Inteligencia para el Servicio Nacional Aeronaval y un Comando Conjunto para la Seguridad del Canal de Panamá, que también tiene funciones de inteligencia y de combate a la “desinformación”. La noticia de que la Policía Nacional reconoció que tiene una unidad de inteligencia política funcionando desde el año 2023 es una estocada al concepto de inteligencia de una sociedad democrática, en la cual se vigila con herramientas legítimas a los enemigos de la democracia y no a los opositores políticos.
Algo se rompió
En las megaprotestas sociales de los años 2022 y 2023, las primeras provocadas por el alto costo de la vida, disparado por la invasión rusa de Ucrania, y la segunda generada por la oposición popular a la mina de cobre de Donoso, se evidenció un profundo cambio cultural. Por décadas, en el periodo democrático, las protestas estaban reducidas a acciones de calle del SUNTRACS, a huelgas magisteriales y al ocasional bloqueo de alguna vía pública por alguna comunidad o grupo social. A pesar de la brutal masacre de Changuinola del 8 de julio de 2010, cuando la fuerza policial y las tropas de SENAFRONT a cargo de Frank Ábrego reprimieron a trabajadores bananeros e indígenas, dejando total o parcialmente ciegos a decenas de bocatoreños, no hubo una reacción nacional. La clase media panameña se abstuvo de salir a las calles y, en su lugar, se derramó tinta en comunicados y artículos de opinión; se hizo pública la indignación de muchos sectores, pero los hechos quedaron en la impunidad.
Lo ocurrido entre julio de 2022 y noviembre de 2023 fue, en realidad, el nacimiento de otra generación cívica de panameños y panameñas que, como hicieron las generaciones de 1925, 1931, 1947, 1958, 1959 y 1964, empujaron las manecillas del reloj hacia adelante en el ejercicio del control democrático del poder público y en la reclamación de reivindicaciones sociales propias de una democracia avanzada. En ese momento, la clase política se percató de que la masa dejó de actuar como tal para convertirse en ciudadanía. Esa ciudadanía volcó sus votos en mayo de 2024 para respaldar a dos proyectos políticos novatos, como lo fueron el Movimiento Otro Camino y Vamos. A eso es a lo que verdaderamente le temen. No se han percatado de que ya los sindicatos, los maestros e incluso los grupos ambientalistas no controlan la agenda de activismo ciudadano; esta es totalmente orgánica.
El espíritu del G-2
El G-2 fue un comando nefasto de la Guardia Nacional establecido con la ayuda de la CIA y de una brigada de inteligencia del Ejército Sur de los Estados Unidos, acantonada en la entonces Zona del Canal de Panamá.
El G-2 tenía como propósito cazar a los estudiantes universitarios, profesores, campesinos, indígenas y a los líderes sociales que se habían organizado para combatir al régimen militar del general Omar Torrijos.
Luego, el G-2 se perfeccionó hasta que se transformó en una criatura con nexos con la inteligencia israelí, la inteligencia libia, el espionaje cubano, los servicios secretos chinos, lo más profundo de la CIA, los grandes carteles colombianos del narcotráfico y con una multiplicidad de grupos guerrilleros y organizaciones del bajo mundo. La razón de ser del G-2 pasó de ser la protección del sistema a convertirse en el dominador del sistema.
Una de las grandes falencias de todos los sistemas de inteligencia son sus redes de agentes encubiertos o infiltrados. Existe la tendencia a mentir, a manipular los hechos o a exagerar las situaciones para aumentar la importancia de la agenda del propio agente encubierto y así obtener más recursos. A pesar de su gigantesca red de agentes encubiertos e infiltrados, la CIA fue incapaz de percibir la inminente caída del Muro de Berlín en 1989. Otros fracasos similares de los servicios de inteligencia de diversos países son harto conocidos.
Del civilismo al militarismo
El pasado lunes 14 de septiembre, en la ceremonia de graduación de nuevos agentes policiales, el presidente de la República, José Raúl Mulino, definió como la principal tarea a realizar por los cuerpos de seguridad pública del país la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El presidente Mulino lo definió como una lucha entre “ellos” versus “nosotros”. Este fue el mismo lenguaje usado a finales de 1980, cuando la cruzada civilista y cientos de miles de ciudadanos en las calles protestaban contra el militarismo y la dictadura del general Manuel Antonio Noriega.
Entonces, en esas protestas, el “ellos” eran los militares y el “nosotros” éramos los ciudadanos civilistas que protestábamos legítimamente contra el régimen. Actualmente, los papeles se han cambiado: el “ellos” está compuesto por la sociedad civil, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, grupos ambientalistas y es obvio que otros espacios y formas de organización social. El aparato de inteligencia de la democracia se ha volcado contra sus ciudadanos. La razón no es de seguridad nacional ni de integridad territorial. El hecho de que la unidad de inteligencia se haya establecido en el año 2023, en vísperas de las grandes protestas antimineras, revela que la verdadera intención de este espionaje es la preservación de intereses económicos.
En un país lastrado por la corrupción, la impunidad de los delincuentes de alto perfil y una profunda inequidad, el discurso del presidente Mulino a esos nuevos policías debió enfocarse en la defensa de la democracia y la promoción del Estado de derecho. El “ellos” debió referirse a los corruptos, a quienes, con ventaja, alevosía y premeditación, se aprovechan de nuestros impuestos y de los cargos públicos para comprar mansiones en Santa María, casas de campo en Boquete y exhibir sin pena alguna sus fortunas mal habidas. Ese es el enemigo de Panamá, el mismo que le abre las puertas al narcotráfico y al crimen organizado. Cuando una democracia espía a sus ciudadanos en vez de seguirle la pista a los corruptos, está condenada a dejar de ser un Estado de derecho para convertirse en una
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