Panamá hacia la era del biocombustible: entre el impulso económico, el desafío del rendimiento y el verdadero impacto social
30 de Marzo de 2026
Exclusivo para Contrapeso
Ciudad de Panamá – A partir de 2026, el paisaje energético de Panamá experimentará una transformación, posiblemente, irreversible. La Asamblea, mediante la ratificación del Proyecto de Ley N.° 24-25, busca hacer obligatorio el uso de bioetanol en la gasolina de todo el país. Bajo la normativa E10, cada galón de combustible dispensado contendrá un 10% de aditivo de origen vegetal.
Impacto en el agro y el ambiente
Esta medida no es solo ecológica; buscaría un impacto macroeconómico. El MIDA estima la demanda en alrededor de $300 millones en la economía en cinco años, dinamizando a las provincias. Se estima que podría crear 30,000 empleos directos e indirectos, revitalizando el sector agrícola al cultivar caña de azúcar, materia prima esencial para este negocio.
Desde la perspectiva ambiental, los beneficios podrían ser tangibles. El bioetanol es una fuente renovable que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 44% y un 52%. Al actuar como un oxigenante natural, mejora la combustión, pero sacrificando la potencia.
Los desafíos: eficiencia con eficacia y mantenimiento
La implementación no está exenta de dudas para el consumidor. El etanol posee una menor densidad energética que la gasolina pura. Esto significa una reducción del rendimiento de entre el 2% y el 3% por kilómetro recorrido. Además, su naturaleza higroscópica (tendencia a absorber agua) exige un control riguroso en la cadena de almacenamiento para evitar la corrosión en tanques, inyectores y motores. La gasolina se evapora más rápido que el etanol en Panamá porque contiene componentes ligeros con puntos de ebullición bajísimos (28-36 °C) y una mayor presión de vapor, careciendo de los fuertes enlaces de hidrógeno del alcohol.
El gran problema del etanol en el clima panameño es su higroscopía (capacidad de absorber la humedad del aire (80-90% RH), causando la separación de fases). El agua se une al etanol y cae al fondo del tanque, reduciendo el octanaje de la gasolina restante y provocando corrosión severa en inyectores y sistemas de combustible metálicos.
Los propietarios de vehículos fabricados después del 2009 están técnicamente preparados para el E10. Sin embargo, para los vehículos más antiguos, se recomienda un cambio preventivo de filtros de combustible más frecuentemente tras las primeras semanas de uso, debido al potente efecto "detergente" del etanol, que removerá impurezas acumuladas en el tanque.
El espejo de Colombia: una lección de logística
Debemos mirar de cerca la experiencia de Colombia, donde el mandato del 10% ha enfrentado turbulencias. Allí, fenómenos climáticos como "La Niña" han obligado a suspender o reducir la mezcla debido a la escasez de caña. Asimismo, el conflicto entre priorizar la producción de azúcar para exportación o de etanol para consumo interno ha generado desabastecimientos temporales, forzando importaciones desde USA (etanol de maíz) y Brasil (etanol de caña).
La lección para el Estado panameño es crear un modelo sostenible, donde la producción agrícola esté blindada y con una política de importación flexible que estabilice los precios cuando la cosecha local falle. El éxito dependerá de que se logre un beneficio ambiental, económico y social real y no se convierta en un negocio eternamente lucrativo para unos cuantos.
El verdadero reto político
No se puede negar que sí es un gran negocio para los dueños de las tierras y plantas. Eso no quita que pueda generar empleos en el interior. El riesgo es que el beneficio sea "privado" (ganancias para pocos) y el costo sea "público" (consumidores pagando obligados un combustible que rinde menos). Este es el punto central del debate político. Económicamente tiene beneficios, pero estructuralmente está diseñado de forma que favorece a un grupo muy reducido de poder.
Para superar el modelo de "negocio para pocos" podríamos usar la Economía Social y Solidaria (ESS), ampliamente usada en varios países y promovida a nivel mundial por la OIT. Ella propone que la propiedad de la producción no esté en una sola familia o empresa, sino en un conglomerado que incluye a los propios trabajadores, consumidores, gobierno y empresarios. Este modelo transformaría un monopolio privado en un motor social. Integra al Estado, cooperativas, empresa privada y ciudadanos, garantizando que el ahorro del etanol no se quede en pocas manos, sino que financie el transporte público, reduzca la brecha energética rural y redistribuya la riqueza directamente hacia el productor nacional.
He aquí un modelo: cooperativa de servicios agroindustriales de biocombustibles (COOSAB)
Con estructura de propiedad de una cooperativa multiactiva. En lugar de una destilería privada, la planta de procesamiento de etanol pertenecería a una cooperativa integrada por tres grupos de socios: productores (base agrícola): pequeños y medianos cañeros que antes eran solo proveedores. Ahora son copropietarios de la fábrica. Trabajadores (base industrial): los técnicos y operarios de la planta tienen voz y voto en las decisiones. Consumidores/transportistas: cooperativas de transporte (buses y taxis) que compran el combustible, cerrando el ciclo de consumo.
Distribución de beneficios "hacia abajo"
A diferencia de una empresa SA, donde la ganancia se va al accionista mayoritario, aquí el excedente se distribuye así: retorno cooperativo: el beneficio se reparte según el trabajo aportado (toneladas de caña entregadas) o el consumo realizado, no según quién puso más capital inicial. Fondo de educación y tecnología: se reinvierte una parte en mecanizar la cosecha de los pequeños productores para que no dependan solo del esfuerzo físico extremo. Precio justo al productor: la cooperativa paga un precio por la caña basado en el costo de vida, no solo en el mercado internacional, protegiendo al campesino.
El modelo operativo (servicios generales)
La cooperativa no solo hace etanol, ofrece servicios generales para reducir costos a sus miembros: compras en común: compra fertilizantes y repuestos de maquinaria al por mayor para dárselos a los socios a precio de costo. Microcréditos: financia la siembra de los socios con tasas de interés bajas (del 2% al 4%), eliminando a los prestamistas informales. Logística compartida: una flota de camiones de la cooperativa recoge la caña de todos, evitando que el pequeño productor tenga que pagar fletes caros o asociarse con los transportistas actuales.
Impacto en el consumidor final (transparencia)
Al ser una entidad sin fines de lucro (busca el bienestar, no la maximización de la utilidad), la cooperativa puede vender el etanol a las distribuidoras a un precio de costo más reserva, eliminando el "margen de especulación" del gran empresario. Esto garantiza que el ahorro de $0.20 por galón llegue realmente al bolsillo del panameño.
El rol del Estado
Para que este modelo funcione en Panamá, el Estado debería: priorizar compras: darle preferencia en el mercado de mezcla de combustible a las cooperativas sobre las empresas privadas. Incentivos fiscales: exonerar de impuestos a las cooperativas o empresas que demuestren reinversión social en sus comunidades.
Conclusión: este modelo convierte el etanol de un "monopolio de familia" en un motor de desarrollo rural. El beneficio no se queda en la capital, sino que se reparte en el campo.
Veamos los dos lados de la moneda. El argumento del "gran negocio" (críticas)
Oligopolio: en Panamá, la producción de caña y las destilerías están concentradas en muy pocas familias y grupos económicos (principalmente en Herrera y Coclé). Una ley que obligue a mezclar etanol crea un mercado cautivo donde el Estado garantiza que los ciudadanos les compren a esos pocos.
Precio vs. eficiencia: si el precio del etanol no es significativamente más bajo que la gasolina, el consumidor pierde. Como el etanol rinde menos (3-5%), si el ahorro en el surtidor es pequeño, terminas pagando más por kilómetro recorrido para beneficiar al productor local.
Proteccionismo: las leyes suelen incluir aranceles o trabas para que no entre el etanol barato de Brasil o EE. UU., obligando a usar el nacional, aunque sea más caro de producir.
El argumento del "beneficio nacional" (defensa)
Efecto multiplicador: a diferencia de la gasolina importada, donde el 100% del dinero se va del país, con el etanol, una parte se queda en Panamá, pagando salarios a cortadores de caña, transportistas y técnicos de plantas. Ese dinero circula luego en las tiendas y servicios del interior.
Seguridad energética: no tenemos petróleo. Producir combustible localmente, aunque sea el 10%, permite maniobrar si hay crisis internacionales o desabastecimiento.
Sostenibilidad: ambientalmente es superior, reduciendo emisiones de CO2, lo que ayuda a cumplir metas climáticas internacionales (aunque esto no le llena el bolsillo al ciudadano).
El "punto de quiebre"
Para evitar monopolios, la Secretaría de Energía fiscaliza dos cosas:
La fórmula de precio: que el ahorro de usar etanol se traslade al consumidor y no se quede en el margen de ganancia de la destilería.
La libre competencia: que, si el productor nacional sube demasiado los precios, se permita la importación para autorregular el mercado.
El modelo complementario
Sería una empresa de economía mixta y solidaria (EEMS). Su objetivo no es solo la rentabilidad, sino la seguridad energética y el desarrollo social.
Llamémosle "BioEnergía Panamá S.A.P." (sociedad de accionariado participativo).
Propiedad compartida. Paquete accionario
Capital dividido en cuatro bloques: el Estado (30%): aporta la infraestructura (terrenos, concesiones) y el marco legal. Su rol es asegurar un precio final y no especulativo, con una parte comprada por la CSS. Sector cooperativo (30%): integrado por federaciones de pequeños productores de caña, cooperativas de transporte y otras. Esto garantiza que la riqueza se distribuya "hacia abajo". Empresa privada (25%): aporta la tecnología, maquinaria de punta y la eficiencia operativa. Ganan utilidades, pero bajo un tope de rentabilidad social. Consumidores y sociedad civil (15%): a través de un fondo de inversión popular del Banconal, cualquier ciudadano panameño y la CSS puede comprar "acciones clase C", recibiendo dividendos anuales.
Uso estratégico por el Estado como demanda garantizada
El Estado se convierte en el principal cliente, eliminando el riesgo de mercado para la planta:
• Transporte público: los buses de MiBus y los buses de rutas internas en las provincias se adaptan para usar E85 (85% etanol). Esto reduce el costo del pasaje o el subsidio estatal.
• Flota gubernamental: todos los vehículos rodantes y flotantes del Estado (MINSEG, Salud y otros) están obligados por ley a consumir el biocombustible de la empresa mixta.
• Energía en áreas remotas: en lugares como la Comarca Ngäbe-Buglé o Darién, donde no llega la red eléctrica, se instalan microcentrales térmicas que funcionen con etanol en lugar de diésel importado, bajando el costo de la luz rural.
Distribución de beneficios económicos
El modelo permite una cascada de retornos, asegurando una mejor distribución de riqueza:
Precio preferencial: el primer beneficio es un descuento directo en el surtidor para los socios (cooperativas de transporte).
Reinversión social: el 20% de las utilidades anuales se destina a becas técnicas para hijos de productores y mejora de caminos rurales en las zonas de cultivo.
Dividendos: el resto se reparte entre los accionistas (Estado, privados y ciudadanos), asegurando que el dinero generado por el suelo panameño se quede en cuentas bancarias panameñas.
Ventajas de este modelo cuatripartito
• Transparencia: al estar el Estado y las cooperativas sentados en la junta directiva, es imposible "inflar" costos para favorecer a un solo empresario.
• Resiliencia: si el precio del petróleo sube, Panamá tiene su propia "reserva estratégica" líquida, producida por sus ciudadanos.
• Sostenibilidad: se incentiva la tecnificación del agro, sin desplazar al pequeño productor, ya que este es dueño de la fábrica a través de su cooperativa.
Gobernanza ¿Quién manda?
La junta directiva debe ser rotativa. Ninguna de las partes puede tomar decisiones unilaterales sobre el precio del combustible. Se establece un consejo de vigilancia social que audita que el etanol producido cumpla con estándares ambientales y no genere deforestación.
Este modelo transforma un monopolio privado en un motor social. Al integrar al Estado, cooperativas y ciudadanos, garantiza que el ahorro del etanol no se quede en pocas manos, sino que financie el transporte público, reduzca la brecha energética rural y redistribuya la riqueza directamente hacia el productor nacional.
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Por: Carlos Barsallo
Abogado
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