Gasoducto en el Canal: ¿visión de país o negocio de pocos?
10 de Mayo de 2026
Por: César A. Gómez-Ruiloba
Jubilado del Canal de Panama.
Exclusivo para Contrapeso
Panamá se encuentra en una encrucijada histórica. El debate sobre la construcción de un gasoducto no debe centrarse en el “qué”, sino en el “dónde”. Insistir en saturar la Región Interoceánica con más infraestructura crítica es una apuesta de alto riesgo que ignora las leyes básicas de la resiliencia y la seguridad financiera internacional.
Hoy, la franja del Canal de Panamá genera cerca del 85 % del PIB nacional. Concentrar un gasoducto en este mismo eje no es modernización, sino una redundancia riesgosa. En ingeniería de sistemas, esto se conoce como “punto único de falla”: si ocurre un incidente en la cuenca —ya sea accidental, ambiental o geopolítico—, no solo se detiene el gas: se paralizan el Canal, el suministro de agua potable y el corazón de nuestra economía. Esa concentración no soporta un análisis de riesgos serio.
Un factor crítico que ha pasado bajo el radar es el impacto en las primas de seguros y la clasificación de riesgo. El Canal no es un activo cualquiera: es una arteria del comercio mundial.
Al introducir gas volátil en la vecindad inmediata de la vía acuática, se eleva el perfil de riesgo catastrófico. Las reaseguradoras globales, como Lloyd's of London, calculan sus primas con base en la acumulación de valores —activos altamente rentables— en una zona. Añadir un gasoducto al Canal provocaría un aumento en los costos de responsabilidad civil que se trasladaría a los clientes, restando competitividad a la ruta y degradando la calificación de riesgo país ante las agencias internacionales, que penalizan la falta de diversificación operativa.
La solución lógica es potenciar el corredor entre Puerto Armuelles, en Chiriquí, y Chiriquí Grande, en Bocas del Toro. A diferencia de las limitaciones de calado que impone el Canal de Panamá, incluso en sus nuevas esclusas, el occidente ofrece condiciones naturales superiores:
• Puerto Armuelles, Pacífico: posee un calado natural profundo que permite recibir buques de gran calado —VLCC y naves de clase Suezmax— sin necesidad de dragados constantes, facilitando el manejo de carga energética masiva.
• Chiriquí Grande, Atlántico: sus instalaciones, ya probadas en el movimiento de hidrocarburos, cuentan con profundidades que superan los 20 metros en puntos críticos, permitiendo una operatividad fluida y segura para el mercado internacional de gas.
Esta ruta utiliza la servidumbre ya intervenida del Oleoducto Transpanameño —PTP—, minimizando el impacto ambiental y aprovechando una “cicatriz” geográfica ya regulada.
Una vez más, la economía social y solidaria nos puede ayudar a redistribuir las ganancias de este proyecto. Para que sea el motor de un nuevo Panamá, proponemos la creación de una sociedad anónima mixta con un paquete accionario diseñado para la justicia social y la paz operativa:
Caja de Seguro Social, 30 %: los dividendos irían directo al programa de Invalidez, Vejez y Muerte —IVM—, convirtiendo al gasoducto en el segundo pilar que salva las pensiones de los panameños.
Autoridad del Canal de Panamá, 30 %: la ACP aporta su prestigio y capacidad técnica para gestionar activos de clase mundial, diversificando su negocio fuera del embudo interoceánico.
Estado panameño, por medio de Petroterminal de Panamá —PTP—, 20 %: como socio facilitador y dueño de la servidumbre, integra el gasoducto a una red nacional de hidrocarburos.
Cooperativas custodias y otras, 10 %: se integraría a las comunidades locales y a la comarca Ngäbe-Buglé en cooperativas de vigilancia y mantenimiento, en conjunto con las de ahorro y crédito del área. Al ser accionistas, la “paz social” está garantizada: la comunidad es la primera interesada en cuidar la infraestructura.
Pueblo panameño, 10 %: acciones de venta individual en la Bolsa de Valores de Panamá, permitiendo que cualquier ciudadano sea dueño directo de la riqueza energética del país.
En conclusión, Panamá no debe ser un embudo. Debe ser una red. Insistir en la región interoceánica es comprometer la confianza global. La verdadera inteligencia estratégica dicta que debemos proteger el Canal, diversificar nuestra geografía y poner la riqueza energética al servicio de la seguridad social.
La insistencia en la ruta interoceánica, a pesar de sus evidentes riesgos operacionales y de seguros, levanta sospechas sobre intereses ocultos que buscan la valorización de tierras o contratos de construcción innecesarios. El modelo EPSA neutraliza estas agendas mediante un accionariado ciudadano y la participación de la CSS, sacando el proyecto de la oscuridad de los despachos políticos y llevándolo a la luz de la fiscalización pública y la eficiencia técnico-operativa de la ACP y PTP juntas.
Es hora de que nuestros gobiernos piensen en el país y dejen de concentrar para empezar a distribuir.
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