Revocatoria de mandato
11 de Febrero de 2026
Exclusivo para Contrapeso
Medios de información han dado reciente cuenta de iniciativas ciudadanas destinadas a hacer uso de las normas legales y procedimientos con el fin de revocar el mandato a algunos funcionarios electos por votación popular.
Por una parte, no parece que, apenas iniciado el mandato de algunas autoridades electas, ya hubieran generado tal descontento con una gestión a la que aún faltan casi cinco años para concluir su período, como para calificarlas de inconvenientes o fracasadas. Tales iniciativas lucen más como expresiones de inmadurez y resentimiento porque otros candidatos no hubieran sido electos; algo que he visto a lo largo de muchos procesos electorales.
Concluidas las elecciones, no es raro que candidatos perdedores propongan acciones legales de impugnación por motivos irrelevantes. Bien haría el Tribunal Electoral en dirimir estos asuntos en audiencias públicas donde se ventilen los hechos y se evidencie su improcedencia.
En las últimas elecciones fueron muy pocas las impugnaciones que se acogieron y ventilaron en audiencias públicas. Ello no significa necesariamente que las demás fueran irrelevantes o inconducentes, pero sí que muchas ni siquiera se admitieron para ser tratadas a la luz de los argumentos, las pruebas y la razón.
Por otra parte, cuánto nos gustaría ver a humildes, sencillos y agradables candidatos durante las campañas convertidos luego, ya en el poder, en patanes, engreídos, abusivos o hasta usurpadores de la propiedad pública y privada, devueltos no a su condición inicial, sino identificados con el traje de hipócritas que les corresponde y desprovistos del carácter imperial que asumen, embriagados con el néctar de autoridad. Pero no: esa factura queda para la siguiente elección en los sistemas democráticos. Que no se nos olvide.
Nuestras leyes sí establecen, con lógica, que quien escoge y designa con su voto a quienes pasan a ocupar cargos públicos pueda también hacer que dejen de serlo. Ese mismo electorado, jefe al fin de los elegidos, aun sin causa concreta, puede decidir revocar la designación y el mandato otorgado. Al fin y al cabo, el pueblo es el jefe.
El otro lado de la moneda es que las instituciones deben operar con estabilidad y con la certeza de que la gestión de los funcionarios electos no se vea interrumpida por una voluntad variable o caprichosa de los electores, capaces de irritarse por decisiones intrascendentes o incomprendidas, o por la creencia de que, por haber dado su voto, devienen en jefes y exclusivos empleadores del funcionario.
Por eso las leyes, reconociendo la condición soberana del pueblo y en beneficio del funcionamiento estable y previsible de la sociedad, disponen mecanismos y condiciones para que esa voluntad se exprese, pero sin que, por caprichos propios de la política, se entorpezca el funcionamiento institucional. La ecuanimidad y la razón deben ser referentes obligados.
Las recientes iniciativas para revocar el mandato de algunas autoridades electas, lejos de conseguir el número de firmas requerido por la ley, revelan dos cosas.
Primero, que el proceso puede iniciarse con requisitos tan huérfanos de apoyo que termina siendo un ejercicio sin mayores resultados: por un lado, fortalece a los funcionarios contra quienes se dirige; por otro, hace incurrir innecesariamente a la institucionalidad electoral en gastos que bien podrían destinarse a fines más útiles para la sociedad.
Esto lleva a concluir que conviene revisar la legislación vigente para que, antes de iniciarse un proceso semejante, se evidencie un apoyo sólido que justifique destinar recursos públicos a la iniciativa popular.
Al mismo tiempo, siempre que se recurra a estas fórmulas estará en juego la estabilidad institucional del organismo elegido por votación popular. Por ello, convendría establecer condiciones claras de calidad y cantidad en cuanto a causales y número, respectivamente, para evitar que se entorpezca la gestión en consecución de sus fines.
Quizás convenga que la Comisión de Reformas Electorales —cuyos debates la experiencia ha demostrado ilusorios por el mangoneo con que actúan los partidos políticos, con respaldo solapado del Tribunal Electoral, reunidos en el Consejo de Partidos Políticos, donde se ventilan acuerdos inter partes a espaldas de la ciudadanía y luego se afianzan en el Órgano Legislativo— trate este tema. Aunque sea para que el público adquiera mayor conocimiento y se llegue a un desenlace más cívico, con mayor participación de una sociedad civil mejor informada.
La democracia y las elecciones no existen para beneficio de partidos políticos que hoy, en Panamá, se comportan como gavillas interesadas en desvalijar a la sociedad para provecho propio.
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Por: Guillermo Márquez Amado
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