Revocatoria de mandato
11 de Febrero de 2026
Exclusivo para Contrapeso
Medios de información han dado reciente cuenta de iniciativas ciudadanas destinadas a hacer uso de las normas legales y procedimientos con el fin de revocar el mandato a algunos funcionarios electos por votación popular.
Por una parte, no parece que apenas iniciado el mandato de algunas autoridades electas ya hubieran generado tal descontento con una gestión a la que aún faltaban casi 5 años para concluir su período, como para calificarlas de inconvenientes o fracasadas. Tales iniciativas lucieron más como expresiones de inmadurez y resentimiento porque otros candidatos no hubieran sido electos; algo que he vivido a lo largo de muchos procesos electorales que, al concluir, llevan a candidatos perdedores a proponer acciones legales de impugnación de resultados por motivos irrelevantes, que bien haría el Tribunal Electoral en dirimir en las respectivas audiencias públicas, en las que se ventilen los hechos y se evidencie su improcedencia.
En las últimas elecciones fueron muy pocas las impugnaciones que se acogieron y ventilaron en audiencias públicas, lo cual no quiere decir que, precisamente por eso, fueran irrelevantes o inconducentes los motivos invocados, sin que se trataran a la luz de los argumentos, las pruebas y la razón, en aquellas otras impugnaciones que ni siquiera se admitieron para ser tratadas.
De otra parte, cuánto nos gustaría ver a humildes, sencillos y agradables candidatos a cargos públicos durante las campañas políticas, convertidos en patanes, engreídos, abusivos y hasta usurpadores de la propiedad pública y privada por el poder que les confieren sus respectivos cargos, devueltos, no ya a su condición de humildes, sencillos y agradables aspirantes, sino identificados claramente con el traje de hipócritas que les corresponde y desprovistos de la importancia y carácter imperial que se dan, embriagados con el néctar de autoridad que ahora tienen; pero no, esa factura es para la siguiente elección en los sistemas democráticos. Que no se nos olvide.
Lo que sí establecen nuestras leyes, con absoluta lógica, es que quien escoge y designa con su voto a quienes pasan a integrar determinados cargos públicos deje de serlo porque ese mismo electorado, jefe al fin de los elegidos, aun sin que haya causa concreta que lo justifique, tome la decisión de revocar la designación que hizo y el mandato que les dio cuando los eligió; al fin y al cabo, el pueblo es el jefe.
El otro lado de la moneda es que las instituciones deben operar con estabilidad y con la certeza de que la gestión que llevan a cabo los funcionarios electos no se vaya a ver interrumpida por la voluntad, con frecuencia variable y caprichosa, de los electores, capaces de irritarse además por intrascendentes o incomprensibles decisiones o por la susceptibilidad propia de quien cree que por haber dado su voto a un candidato deviene en su jefe y exclusivo empleador.
De aquí que las leyes, reconociendo la condición de soberano que reviste al pueblo, en su propio beneficio y para el funcionamiento estable y predictivo de la sociedad, dispongan mecanismos y condiciones para que esa voluntad soberana pueda hacerse sentir, pero sin que, por los caprichos propios de la política, vaya a entorpecer el funcionamiento de las instituciones; de donde la ecuanimidad y la razón deben ser siempre referentes de forzoso cumplimiento.
Las recientes iniciativas de algunos ciudadanos orientadas a revocar el mandato de algunas autoridades electas en las últimas elecciones, y que han estado lejos de conseguir el número de firmas requerido por las leyes para que se pudieran materializar, son reveladoras de dos cosas.
En primer lugar, que el proceso de revocatoria se pudo iniciar con requisitos tan huérfanos de apoyo que han devenido en un ejercicio sin más resultados que, por un lado, fortalecer a los funcionarios electos contra quienes se habían instaurado y, por otro, hacer incurrir innecesariamente a la institucionalidad, en este caso electoral, en un gasto cuyos recursos bien pudieron ser dirigidos a más útiles resultados para la propia sociedad, y esto nos lleva a concluir que es necesario revisar la legislación vigente al respecto para que, antes de iniciarse un proceso semejante, se evidencie un apoyo de tal solidez que amerite destinar recursos a la iniciativa popular, en pos de que se respete su voluntad soberana.
Al mismo tiempo, es indispensable tener presente que siempre que se recurra a estas fórmulas estará en juego la estabilidad de la institucionalidad del organismo al que se haya accedido por votación popular, por lo que conviene considerar que se establezcan condiciones de calidad y cantidad en cuanto a causales y número, respectivamente, para evitar entorpecer la gestión que realizan en consecución de sus fines.
Quizás convenga que la Comisión de Reformas Electorales, cuyos debates la experiencia viene constatando como ilusorios, gracias al mangoneo con que los partidos políticos actúan en ella, con el respaldo solapado del Tribunal Electoral, con el que se reúnen en el Consejo de Partidos Políticos, donde a espaldas de la ciudadanía se ventilan acuerdos inter partes que después se afirman en el propio Órgano Legislativo, trate este tema, así sea para que se adquieran más conocimientos por el público y estos puedan llevar a un desenlace más cívico y con mayor participación de una sociedad civil mejor informada y con mayor injerencia en dicha Comisión.
La democracia ni las elecciones son figuras establecidas para beneficio ni en interés de unos partidos políticos que, en la actualidad y en Panamá, se comportan como gavillas de pandilleros interesados en desvalijar a la sociedad, para beneficio de ellos, de lo que es de todos.
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Por: Guillermo Márquez Amado
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