Perú: cuando ser presidente es un deporte extremo
3 de Marzo de 2026
Exclusivo para Contrapeso
En Perú, el cargo de presidente se ha transformado en una prueba de supervivencia institucional donde el riesgo no es solo la impopularidad, sino la destitución, la inhabilitación o la prisión. En menos de una década, el país ha tenido más rotación presidencial que estabilidad política, convirtiendo el poder ejecutivo en el eslabón más frágil del sistema.
Desde 2016, seis presidentes han ocupado el cargo. Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 ante un proceso de vacancia; Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso; Manuel Merino duró apenas cinco días tras una crisis social; Pedro Castillo fue destituido; sus sucesores Dina Boluarte y Jose Jeri también fueron cesanteados. Si ampliamos la perspectiva histórica, Alejandro Toledo está encarcelado; Ollanta Humala pasó por prisión preventiva; y Alberto Fujimori fue condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La estadística revela un patrón: en las últimas tres décadas, la mayoría de los expresidentes peruanos han sido investigados, procesados o privados de libertad. La excepción no es la crisis, sino la continuidad. Y el actual sucesor del periodo presidencial de Pedro Castillo, el dirigente de su partido José María Balcazar, está también en la mira, a pesar de que este mismo año se elegirá presidente entre 36 fórmulas aprobadas por el instituto electoral.
Es importante clarificar que la vía institucional de la inestabilidad en los últimos dos periodos ha sido el Congreso. La figura de la vacancia por “incapacidad moral permanente”, jurídicamente ambigua, se ha convertido en una herramienta de destitución política. No es un golpe clásico, pero sí un mecanismo que, en la práctica, permite una suerte de parlamentarización forzada del presidencialismo. El resultado es un Ejecutivo permanentemente condicionado por un Legislativo fragmentado, con débiles partidos y altos incentivos al conflicto.
Y, sin embargo, la economía ha mostrado resiliencia. Durante buena parte de las últimas dos décadas, Perú registró uno de los crecimientos promedio más altos de América Latina, mantuvo deuda pública relativamente baja y preservó la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú, reconocido por su disciplina monetaria. El modelo exportador, anclado en la minería de cobre y otros minerales estratégicos, ha generado flujos constantes de divisas y estabilidad macroeconómica.
Esta aparente contradicción responde a una arquitectura dual: una economía tecnocráticamente blindada conviviendo con una política estructuralmente fragmentada. Los consensos sobre disciplina fiscal, apertura comercial y autonomía monetaria han sobrevivido a presidentes y crisis. La política cambia; la macroeconomía permanece.
Pero esa división funcional no es infinita.
La estabilidad económica descansa sobre expectativas de previsibilidad institucional. Si la confrontación política permanente erosiona el Estado de derecho, paraliza reformas estratégicas o introduce incertidumbre regulatoria en sectores clave como la minería, el riesgo político comenzará a ser internalizado por los mercados. La experiencia comparada latinoamericana demuestra que ningún blindaje tecnocrático resiste indefinidamente una crisis de legitimidad prolongada.
El caso peruano, además, no es un accidente aislado. A diferencia de países donde las crisis presidenciales derivaron en reconfiguraciones institucionales —como Chile tras su proceso constituyente o Colombia con reformas graduales de equilibrio institucional—, en Perú la inestabilidad se ha convertido en patrón recurrente sin rediseño estructural del sistema de incentivos. La fragmentación partidaria, el voto altamente disperso y la debilidad organizacional del sistema político mantienen el ciclo abierto.
Desde una perspectiva estratégica, el país enfrenta tres escenarios posibles, ante los hechos actuales.
Primer escenario: continuidad inestable. La economía sigue funcionando mientras la política continúa en rotación permanente. Es el escenario actual: crecimiento moderado con erosión gradual de legitimidad.
Segundo escenario: reforma pactada. Un acuerdo político redefine el equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo, precisa los límites de la vacancia presidencial, fortalece el sistema de partidos y reconstruye la confianza institucional. Este escenario requiere liderazgo y visión de largo plazo.
Tercer escenario: contagio económico. Un choque externo severo, una crisis fiscal o una ruptura institucional más profunda cruzan la frontera entre política y economía, generando caída de inversión, aumento del riesgo país y deterioro social. Es el escenario de mayor costo sistémico.
Perú ha demostrado que una economía puede resistir a la inestabilidad política. Lo que aún no ha demostrado es cuánto tiempo puede hacerlo sin renovar su pacto social. Convertir la Presidencia en un deporte extremo puede parecer anecdótico mientras los indicadores macro resisten. Pero cuando la gobernabilidad depende más de enclaves técnicos que de consensos políticos amplios, el sistema acumula tensión estructural.
La estabilidad sostenible no es solo macroeconómica; es institucional. Y en Perú, esa es la verdadera competencia de alto riesgo.
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Por: Raniero Cassoni
Consultor de estrategia política, especializado en análisis de poder, comunicación política y gobernabilidad. Es venezolano, autor del libro Todo es política.
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