Biocombustibles: ¿negocio u oportunidad?
6 de Febrero de 2026
Exclusivo para Contrapeso
A manera de introducción:
Surge inmediatamente la interrogante: ¿qué es un biocombustible? De manera sencilla podemos aceptar que es un combustible que se obtiene a partir de fuentes orgánicas, que pueden ser vegetales o animales, a través de procesos mecánicos, termoquímicos y/o biológicos.
Algunos antecedentes:
En el gobierno de Ricardo Martinelli, mediante la Ley No. 42 de 20 de abril de 2011, respecto al uso de bioetanol anhidro y que dicta otras disposiciones, se establecieron los lineamientos de la política nacional para el uso, producción y comercialización de biocombustibles. Luego, en 2013, fue modificada porque, según la exposición de motivos de la Ley 21 de 26 de marzo de 2013, “...el 2% no es conveniente, ya que a menor concentración de bioetanol anhidro es mayor el riesgo de separación del agua”.
Durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), la ley de 2011 fue modificada. Se suspendió la producción de biocombustibles en Campos de Pesé; entre las razones que se esgrimieron están decisiones políticas por conflicto de intereses, reducción del precio de referencia del bioetanol, uso voluntario y no obligatorio, y afectación en la producción local.
Recientemente, en el gobierno de José Raúl Mulino, en octubre de 2025, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, llevó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 443 para impulsar la inversión en el sector de biocombustibles y el agro panameño, reactivando el debate nacional sobre el uso obligatorio del bioetanol al 10% en gasolina y diésel. Actualmente, se encuentra en primer debate ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.
Algunas interrogantes:
¿Es cierto que hay mayor riesgo de separación del agua en el proceso de combustión entre más bajo el porcentaje de la mezcla?
¿Los automóviles que ya están fabricados y a la venta o en circulación están diseñados y garantizados por sus fabricantes para el uso de biocombustibles?
Cuando un fabricante de autos recomienda el uso de un combustible determinado, ¿quedará exento de responsabilidad por daños posteriores al uso de otro combustible?
¿Lo que se producirá y despachará en las gasolineras será etanol común por destilación (con 4% de agua) o etanol anhidro (sin agua)?
¿Cuántas hectáreas sería necesario cultivar con caña de azúcar, por ejemplo, para poder abastecer con biocombustible el parque vehicular en toda la República?
¿Cuál será el cultivo que se utilizará y cuál será su mecanismo de cosecha para garantizar la ausencia de afectación ecológica?
Si los incentivos fiscales, de acuerdo con la ley, estarán enfocados a los cultivos destinados a la producción de biocombustible, ¿cómo se garantizará que se siga produciendo para la autosuficiencia alimentaria?
¿Es la obligatoriedad del consumo un factor determinante para la transición energética y la generación de empleos o para garantizar la rentabilidad del negocio a sus inversionistas?
¿Se traducirá esta obligatoriedad en una oportunidad real para los consumidores de bajar los costos de los combustibles?
¿Habrá un impacto positivo en el precio del transporte público, como servicio vital para las grandes mayorías, ya que depende del precio de los combustibles?
¿Es cierto que mientras el costo de la energía de distintas fuentes en el mundo baja de precio, en Panamá va en aumento? Si es así, ¿por qué?
Todas estas y otras interrogantes que legítimamente se pueden hacer los ciudadanos deben ser resueltas e informadas antes de imponernos por ley el uso obligatorio de biocombustible. El etanol debe incluirse en el contexto de una política de energía que sea el eje central de una estrategia nacional mucho más completa, de cara a la sostenibilidad, autosuficiencia y desarrollo nacional del siglo XXI.
No cabe duda de que hay una ética e imperiosa necesidad de establecer como país una estrategia energética bien formulada y llevada a cabo con determinación, para abrir paso a la transición de una matriz de generación de energía fuertemente condicionada por estructuras de costos y precios exógenos a la economía panameña, propios de nuestra dependencia total de la importación de hidrocarburos, hacia una matriz que incluya fuentes nacionales de energías alternativas y que favorezca de manera especial la producción nacional de biocombustibles.
Se prende una alerta:
Lo que no sería ético es imponer la obligatoriedad o forzar la transición como resultado del agotamiento de la capacidad de crecimiento en el negocio de la caña de azúcar, tal como lo expresó el contralor general de la República en entrevista dada a la periodista Castalia Pascual en el noticiero matutino de Televisora Nacional, pues representa un claro conflicto de intereses. Este servidor público no puede ser el vocero más calificado para explicarle a los ciudadanos panameños las ventajas de un negocio sanamente competitivo que no dependa indefinidamente de los favores políticos, que se vuelva una prioridad por los compromisos de amigos de campaña o que sus ganancias estén determinadas solamente por las exoneraciones e incentivos fiscales.
Para que no sea el negocio de 4 y sí la oportunidad de muchos, debemos:
Armonizar la plataforma jurídica de las áreas complementarias para asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia de la producción de etanol anhidro con la protección, defensa y fortalecimiento del medioambiente.
Disminuir progresivamente la dependencia de la importación de productos de hidrocarburos.
Flexibilizar la estructura de costos y precios para lograr mayor capacidad de maniobra tanto para el Estado como para los empresarios en la demanda y oferta de energía.
Que el sistema país alcance significativos ahorros en la actividad productiva por la disminución de las importaciones.
Mejor remuneración de los factores de producción que redunde en aumento de los ingresos de los trabajadores y sus hogares, así como de los empresarios.
Que se aumente sustancialmente la participación de la economía agropecuaria en el PIB, así como el aumento del valor agregado nacional en materia de combustibles.
Mayor superficie cultivada en el país con empleo bien remunerado en el campo panameño.
Que los incentivos no propicien un desequilibrio que lleve a los productores panameños a abandonar el sembrar para comer, para sembrar para producir combustible.
Lograr una producción tal que revolucione el campo panameño y aproveche la posición geográfica y nuestro ingreso al MERCOSUR para lograr exportar biocombustibles a los Estados Unidos, que ha calificado al etanol anhidro derivado de la caña de azúcar como biocombustible de avanzada.
Conclusión:
Como todo tema de vital importancia cuyas reglas estarán determinadas por lo que se apruebe en la ley respectiva, nos corresponde a todos los ciudadanos informarnos y participar de la manera que nuestras habilidades y oportunidades nos lo permitan para incidir en los resultados de este proyecto, que podría significar un importante avance en el posicionamiento estratégico del país en materia de agroindustria o un retroceso en materia de sostenibilidad medioambiental y desarrollo social, pues si no se equilibra el legítimo interés de los empresarios y trabajadores con el interés del colectivo nacional, terminará siendo otra ley más para el negocio de unos pocos en detrimento del bienestar de muchos.
Por: Ana Matilde Gómez R.
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