El teatro de la corrupción: más allá de los protagonistas
22 de Febrero de 2026
Exclusivo para Contrapeso
En el mundo financiero, a menudo se habla de los grandes actores que protagonizan los escándalos de corrupción y lavado de dinero.
Sin embargo, detrás de cada operación ilícita hay un elenco de profesionales, trabajadores, colaboradores, contratistas y otros que contribuyen a darle apariencia de legalidad a la pléyade de compañías, sociedades, empresas, contratos, estados de cuenta, reportes contables, informes de auditoría, pólizas de seguro, declaraciones de renta, cuentas bancarias, préstamos, líneas de crédito, hojas de vida, títulos de propiedad y registros públicos; que necesitan de abogados, contadores, auditores, banqueros, agentes inmobiliarios, expertos en finanzas, corredores de seguros, asesores financieros, constructores, secretarias, choferes, esposas, hijos y clanes familiares, hasta mascotas, sí (no se sorprendan, porque las cuentas cifradas en el extranjero solo usan seudónimos); esas son muchas veces los nombres víctimas que, cuando todo “revienta” (término asimilado en el mundo criminal y de investigación para indicar cuando un caso se judicializa), se convierten en cómplices involuntarios en algunos casos y, en otros, voluntariamente, en los actores de un reparto que se podrá hacer ver como secundario o de relleno, pero sin los cuales la estructuración del negocio criminal y la fachada de legalidad no sería posible. Es decir, su actuación es fundamental para que la obra cobre vida y se obtenga el provecho indebido que buscan los protagonistas.
Casos como Odebrecht, New Business, Blue Apple, entre otros, nos han enrostrado una realidad que no podemos seguir negando. El sistema país tiene una enorme discrecionalidad y fallas estructurales que permiten que los controles individuales, o sea, los éticos y los institucionales regulatorios, tengan fallas por las que esos actores de reparto son piezas claves para el montaje y ejecución de la obra corrupta.
La importancia de los controles en un Estado de derecho.
En el mundo financiero, la corrupción y el lavado de dinero son fenómenos complejos que involucran a múltiples actores y sectores. Por eso se le llama sistema. Más allá de los protagonistas o actores principales, servidores públicos, políticos y empresarios de alto, medio y, en algunos casos, bajo nivel en el engranaje gubernamental, económico y/o social, este elenco secundario garantiza el éxito de la actividad criminal, porque aseguran la creación o la utilización de herramientas mercantiles, contractuales y legales legítimas o que darán apariencia de licitud a la transacción u operación ilegal. Cuando los controles regulatorios fallan —y hay que ser un experto interno para poder evadir esos controles— es esencial que sean detectados, expuestos, juzgados y sancionados, para que delaten las fisuras del sistema por las que colaron su participación y ofrecieron una aparente airosa salida a los actores protagonistas.
En un Estado de derecho y una democracia funcional, los controles regulatorios son esenciales para prevenir que los actores de reparto se conviertan en cómplices de la corrupción. Ya no es suficiente con conocer al cliente, monitorear transacciones, legislar para regular las profesiones, transparencia y rendición de cuentas, etc. Estos controles regulatorios son el mínimo; implementar medidas efectivas para hacerlos cumplir es el verdadero reto que los grandes casos de corrupción nos demuestran, pues ya estos controles mínimos existían cuando ellos ocurrieron.
Un control a prueba de toda duda.
Un informe de auditoría, principalmente de la Contraloría General de la República, en muchos casos de corrupción y lesión patrimonial al Estado, así como de enriquecimiento injustificado, es considerado por algunos tribunales como un antecedente necesario y, en algunos casos, indispensable para su procedibilidad. Es por ello que en este teatro de actores existe un enorme riesgo de impunidad cuando se habla de politización, selectividad y falta de profesionalismo y transparencia en las actuaciones de instituciones públicas como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Dirección General de Ingresos, la Unidad de Análisis Financiero y la Dirección General de Contrataciones Públicas, que desvertebran la eficacia de la justicia.
Justicia penal efectiva.
El sistema jurídico penal tiene una responsabilidad en cuanto a garantizar un marco mínimo propicio de seguridad que presente reglas claras para la inversión y la actividad comercial, porque el resultado de la improvisación y la inercia policial y/o judicial, cuando no hay normativa clara, hace que el sistema de justicia sea percibido por la opinión pública como ineficiente, desorganizado, burocrático, selectivo y, en el peor de los casos, como corrupto, porque se entiende parte de la descomposición del sistema que permitió la comisión del delito que la sociedad sana espera sea castigado. Este es el escenario perfecto que buscan aquellos que pretenden colonizar con su corrupción sistemas legales permeables y laxos.
No queda duda, después de los casos que han podido finalizar con condenas, de que el derecho procesal panameño necesita reformas sustanciales, más allá del paso que dimos ya del sistema inquisitivo mixto al adversarial o acusatorio, que blinden las decisiones judiciales del uso abusivo y excesivo del derecho de defensa, así como de las indebidas injerencias del poder Ejecutivo en las actuaciones judiciales.
La ética como freno más allá de la ley: un llamado a la reflexión.
Estamos en un momento crucial para Panamá, porque nuestro sistema financiero, en la forma en que lo hemos conocido hasta ahora y como ha venido funcionando, está en un serio cuestionamiento local e internacional, ya que le ha servido de telón de fondo al teatro de la corrupción. Es fundamental reflexionar sobre el papel de la ética en los actores del sistema financiero, ese conglomerado de instituciones y empleados, accionistas, directores y asesores. La inversión extranjera y el crecimiento económico son fundamentales para el desarrollo del país, pero no deben lograrse sacrificando el fortalecimiento de la institucionalidad y la imparcialidad y eficacia de la justicia.
La corrupción nos afecta a todos y las medidas concretas para prevenirla, combatirla y castigarla no vendrán de quienes cómodamente han lucrado y siguen sacando provecho ilícito de ella.
La ética no es un lujo ni deporte extremo. Es una necesidad y más sencilla de lo que pensamos: comienza por erradicar de raíz todo o cualquier asomo de conflicto de interés en el servicio público y el sector privado. Y termina en aceptar que la justicia debe aplicarse igual a todos, sin ningún tipo de privilegio o especialidad. Esta es la fórmula sencilla para que la transparencia y la rendición de cuentas sean la regla y la corrupción la excepción.
No es un sueño imposible. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a asistir a otro tipo de espectáculo en una sociedad que está al punto de no retorno y hacer lo necesario para lograrlo?
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Por: Ana Matilde Gómez R.
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